367.- Amnistía Internacional pide al Parlamento español que no apoye la reforma sanitaria

Amnistía Internacional pide al Parlamento español que no apoye la reforma sanitaria

Con motivo de la reforma sanitaria, Amnistía Internacional se ha dirigido a los portavoces de los grupos parlamentarios del Congreso, para pedirles que no convaliden el Real Decreto Ley 16/2012 hasta que el Gobierno no demuestre haber cumplido con sus obligaciones internacionales, suscritas al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales. Unas obligaciones que le obligan a respetar, proteger y cumplir el derecho a la salud sin regresividad y sin discriminación.

Amnistia Internacional 
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“Limitar la atención sanitaria de las personas migrantes en situación irregular a la modalidad de urgencias y asistencia al embarazo, parto y posparto, supone un retroceso de más de una década en el disfrute del acceso a la salud de un colectivo que se encuentra en una situación de gran vulnerabilidad. Incluso llegando a poner en peligro su derecho a la vida”, señaló Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.

“Esta reforma puede tener un grave impacto en miles de personas que sufran enfermedades crónicas, endémicas, brotes epidemiológicos, enfermedades mentales o tratamientos de dolor. Negar un tratamiento contra el dolor a una persona, puede suponer un trato cruel, inhumano y degradante para la persona, y violar normas internacionales de derechos humanos”, manifestó Esteban Beltrán.

En el marco de la crisis económica, la Agencia de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, alertó a sus Estados miembros de que “excluir a las personas migrantes en situación irregular de la atención sanitaria puede poner en peligro su vida y su bienestar, incrementar el coste de un futuro tratamiento de urgencia, y también puede suponer un potencial riesgo de salud para la comunidad”.

A Amnistía Internacional le preocupa también la situación a la que se ven condenadas las mujeres inmigrantes víctimas de violencia de género en situación irregular, que aunque sí podrán acceder a urgencias, se les limitará su acceso a una atención sanitaria, siendo ésta la principal vía de detección temprana de la violencia y de la identificación de víctimas.

También Amnistía Internacional lamenta algunos de los discursos utilizados por algunos miembros del Gobierno y del Partido Popular, donde se acusa a las personas inmigrantes de una utilización indebida de los servicios de salud. Estos discursos, además de contradecir diversos informes técnicos que aseguran todo lo contrario, contribuyen a construir prejuicios sobre este colectivo, estigmatizan al mismo y pueden alimentar comportamientos discriminatorios y xenófobos.

En esta línea se han pronunciado la Oficina para las Instituciones Democráticas y los Derechos Humanos de la OSCE, la Agencia de derechos fundamentales de la UE y la Comisión Europea contra el Racismo y la Intolerancia subrayando su preocupación de que “en tiempos de crisis, los migrantes, las minorías y otros grupos vulnerables se convierten en ‘chivos expiatorios’ para los políticos populistas y medios de comunicación”.

Todas estas medidas se han tomado, sin que el Gobierno haya aportado un análisis transparente sobre el potencial impacto que esta reforma podría tener en la salud de otros colectivos vulnerables. Lo único que ha aportado son datos de ahorro económico.

Por ello, Amnistía Internacional ha puesto en marcha una ciberacción en la que la ciudadanía se puede dirigir a los grupos parlamentarios para que paralicen el Real Decreto Ley 16/2012 hasta que el gobierno adopte las siguientes medidas derivadas de sus obligaciones internacionales:

Asegurar la no regresividad del acceso a la salud, garantizando el acceso a la salud para las personas migrantes en situación irregular.

Actualizar y publicar datos desagregados relativos a indicadores de derechos humanos que permitan conocer la situación actual de la sanidad.

Demostrar que cualquier medida se aplica tras el examen más exhaustivo de todas las alternativas posibles y que esas medidas están debidamente justificadas.

Asegurar que ninguna medida que se adopte comprometa los elementos esenciales del derecho a la salud como la calidad, la disponibilidad y la accesibilidad, tanto física como económica del mismo.

Elaborar y publicar un análisis sobre el potencial impacto adverso que las medidas de reducción de gasto público en salud podrían tener sobre el derecho al más alto nivel posible de salud, especialmente sobre los grupos en situación de vulnerabilidad social.