Perfiles de la desigualdad social en España
07 jul 2014
José María Mella
[Catedrático de Economía de la Universidad Autónoma de Madrid y miembro de la Asociación EconoNuestra]
En
España, la cuestión de la desigualdad social está cada vez más en el
primer plano del debate público. No es extraño si se tiene en cuenta que
la evidencia muestra que nuestro país es uno de los más desiguales de
Europa.
Esta
desigualdad se presenta bajo múltiples perfiles: una falta evidente de
igualdad de oportunidades, un aumento de las rentas del capital, una
caída sin cesar de los salarios, un empleo precario generalizado, un
nivel de pobreza desconocido, una desigualdad de género acusada y una
segregación urbana muy marcada.
Las
fuerzas políticas conservadoras plantean que es necesario promover la
educación para los jóvenes de las familias más desfavorecidas con el
objetivo de mejorar la igualdad de oportunidades. Pero la realidad
muestra lo contrario: hay un problema de desnutrición infantil en los
colegios, un fracaso escolar elevado, una fuerte progresión de la
enseñanza privada, una disminución de la inversión pública en educación,
y un encarecimiento de los precios de las matrículas en la
Universidad.
Se
puede comprobar, además, que la mejora del nivel de educación no está
propiciando un incremento de los salarios, sino un descenso (del 2% en
2011 y 2012, y de un 0,6% durante el primer trimestre de este año 2014,
según el Banco de España). Salarios entre 400 y 600 euros (incluso si el
salario mínimo es de 641 euros al mes) se están haciendo normales. Y a
la tasa de paro de los jóvenes entre 15 y 29 años (55%), hay que añadir
un 25% de estos jóvenes que no trabajan, pero tampoco estudian ni
siguen ningún tipo de formación.
Esta
baja proporción de rentas destinadas a los asalariados está acompañada
por un fuerte aumento de las rentas del capital (3,6% en el periodo
2008-2012), resultado del crecimiento de los pagos a los rentistas y
accionistas, a los miembros de los consejos de administración de las
empresas y a sus directivos, que se verán acrecentados con una reducción
de su tributación planteada recientemente por el gobierno.
Por
otra parte, la reducción de los salarios, el aumento del número de
desempleados (hasta casi 6 millones, el 26% de la población activa, del
que la mitad lo son de larga duración y dos millones de familias en las
que ninguno de sus miembros encuentra un puesto de trabajo) y el
crecimiento del número de desempleados que han dejado de percibir el
seguro de paro (dos millones a finales de 2013) provocan que España sea
el país de la OCDE donde el aumento de la concentración de la renta sea
el más fuerte, según datos de los últimos años (Informe de la OCDE,
publicado el 19 de junio de 2014).
De
hecho, uno de cada cinco españoles (20%) vive por debajo del umbral de
la pobreza, el riesgo de pobreza se eleva al 27,3% para la totalidad de
la población y al 31,9% para los menores de dieciséis años. Riesgo de
pobreza que significa no poder comer carne, pollo o pescado cada dos
días, no poder tener calefacción en casa, no poder poseer un coche, una
lavadora o un teléfono, no poder disponer de 650 euros para gastos
imprevistos, entre otros factores (Encuesta de Condiciones de Vida 2013,
Instituto Nacional de Estadística).
Está
en la lógica de los datos salariales que en la España actual, tener un
empleo no quiere decir que se esté libre de la pobreza; al contrario,
hay un colectivo de trabajadores pobres que crece progresivamente desde
el comienzo de la crisis.
En
lo que se refiere a las mujeres, éstas sufren una tasa de actividad
inferior a la de los hombres, sus contratos de trabajo son sobre todo a
tiempo parcial (debido a que se ocupan de las tareas domésticas y los
servicios públicos de asistencia a la familia han sido recortados por
los programas de austeridad), sus salarios son claramente inferiores (un
23% y, no se olvide, representan el 68% de los asalariados que ganan
menos del salario mínimo) a los de los hombres (aunque trabajan 84 días
más al año que ellos) y el seguro de paro y sus pensiones son asimismo
menores.
A
todo esto, hay que añadir que la falta de protección frente al
desempleo de las trabajadoras domésticas es simplemente total. Estos
hechos explican que los hogares de estas mujeres tengan que hacer frente
a un riesgo de pobreza mayor.
Se
puede comprobar también que este fenómeno de desigualdad social se
proyecta en las ciudades bajo una forma de segregación urbana muy
acusada. Por ejemplo, en el caso de la ciudad de Madrid, se puede
observar que la mayor parte de los parados residen en los distritos de
la periferia (Vallecas, Carabanchel, Villaverde, Ciudad Lineal, San
Blas-Canillejas) en contraste con los niveles de desempleo mucho más
débiles de los que se sitúan en el centro (Salamanca, Retiro, Chamartín,
Moncloa, Chamberí).
En
fin, en España, la movilidad social se ve obstaculizada por una
evolución de la economía crecientemente antisocial. Un plan de choque
contra la desigualdad, el desempleo, la exclusión y la pobreza es pues
de una urgencia insoslayable. Pero también se precisa otra política
económica basada en las necesidades de la mayoría de la sociedad.
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