525.- BUSCANDO JUSTICIA EN LAS DOS ORILLAS DEL ATLÁNTICO

 

BUSCANDO JUSTICIA EN LAS DOS ORILLAS 

DEL ATLÁNTICO

Adriana Fernández no conoció a su abuelo. Lo mataron cerca de Ponferrada el 9 de octubre de 1936. Y allí yació, olvidado, hasta que su nieta lo desenterró exactamente 75 años después, el de octubre de 2011. Nadie ha investigado su muerte, como tampoco la de las otras 114.266 personas desaparecidas en España durante la guerra civil y el franquismo. 

Celia Zafra, Amnistía Internacional España

Y por ahora, seguirán sin investigarse en España, como ha denunciado Amnistía Internacional en su informe Casos cerrados, heridas abiertas, que documenta cómo se han archivado sistemáticamente los casos derivados a los juzgados territoriales después de la inhibición de la Audiencia Nacional y cómo la sentencia del Tribunal Supremo de febrero de este año, en la que se absolvió al ex juez Baltasar Garzón, cierra sin embargo las puertas a cualquier posible esclarecimiento de estos casos.

Judicialmente, las víctimas se encuentran desamparadas en España.

En el informe se desmontan uno a uno los argumentos del máximo tribunal español que justifica que los delitos –la desaparición forzada de más de 114.000 personas, con nombres y apellidos– no  se investiguen en España. Ante la afirmación de que los crímenes no eran considerados como tales en el momento en el que fueron cometidos,

Amnistía Internacional afirma que sí lo eran, como lo demuestra la vigencia de las Convenciones de La Haya de 1899 y 1907, del Estatuto del Tribunal de Nuremberg de 1945 y del derecho consuetudinario. 

El argumento de que los delitos han prescrito al haber transcurrido más de 20 años desde que se cometieron se desmonta fácilmente, ya que los crímenes de derecho internacional no prescriben nunca. También se escuda el Tribunal Supremo en que los

supuestos culpables ya han fallecido, pero la obligación de investigar es independiente de la obligación de enjuiciar a los responsables. El impedimento que según el tribunal establecen las leyes nacionales tampoco es cierto, puesto que la Ley de Memoria Histórica declara que su contenido es compatible con las acciones judiciales que se pudieran ejercer y la Ley de Amnistía de 1977 excluye de su ámbito

de aplicación delitos que hayan supuesto “violencia grave contra la vida o la integridad de las personas”.

CAUSA ABIERTA EN ARGENTINA

Ante este panorama, los descendientes de aquellas víctimas, como Adriana, buscan justicia en Argentina, donde está abierta la única causa en el mundo sobre estos crímenes en aplicación de la jurisdicción universal. O como Inés García Holgado, que perdió a tres familiares entre 1936 y 1938 y que empezó a investigar por su cuenta en el año 2000, por la curiosidad de conocer algo más sobre la historia de su familia.

Lo que descubrió fue la partida de defunción de sus tío abuelos que afirmaba que habían “recibido heridas de bala”. Fueron fusilados y están hoy enterrados en Astorga y Salamanca. Su tío, médico militar, sigue “desaparecido”.

Inés y Adriana son dos de las querellantes en la causa argentina que investiga desde abril de 2010 los crímenes del franquismo y la guerra civil que no encuentran justicia en España.

La demanda la encabezaron Inés y Darío Ribas, de 92 años, hijo de un fusilado, todos ellos residentes en Buenos Aires. A la causa se han sumado a día de hoy muchos más demandantes –alrededor de 75– y unas 15 asociaciones de derechos humanos. “Esperamos que desde Argentina pueda abrirse un panorama de justicia, cosa que vemos cerrada en España”, reflexiona Adriana Fernández.

INDEFENSIÓN DE LAS VÍCTIMAS

Porque otro de los puntos que demuestra el informe es que la Fiscalía española falta a la verdad cuando asegura a la justicia argentina que estos crímenes sí se están investigando en España. La realidad es que de los 21 casos a los que Amnistía Internacional ha tenido acceso –de los 47 derivados a juzgados territoriales repartidos por todo el país–, 17 han sido directamente archivados y los cuatro restantes, que estaban en suspenso hasta la sentencia del “caso Garzón”, seguirán seguramente la misma suerte.

La indefensión de las víctimas ha ido todavía más allá: algunos juzgados que asumieron la competencia sobre los casos no les informaron de forma exhaustiva, privándoles de la posibilidad de personarse, de ser oídas y de seguir el proceso. Tampoco se les notificó el archivo en todos los casos, impidiéndoles así la posibilidad de recurrir a instancias superiores. Y por si fuera poco, el hecho de que la competencia se trasladara a los juzgados territoriales, tomando como criterio la ubicación de las fosas, ha excluido del proceso a muchas víctimas que no saben dónde se encuentran los restos de sus familiares, discriminándolas en el acceso a la justicia.

Pocos años después de que España se convirtiera en referente mundial por ejercer la jurisdicción universal por los crímenes cometidos en Argentina, en Chile o en Guatemala, el espejo da la vuelta para mostrarnos la otra cara, la de las víctimas españolas y sus familiares que han tenido que cruzar el Atlántico para aspirar a que sus seres queridos obtengan verdad, justicia y reparación. Un doble rasero inaceptable e inexplicable.

El cóctel de años y silencios no ha conseguido que los y las descendientes de las víctimas olviden. Tampoco lo hacen las leyes internacionales, que estipulan que las desapariciones forzosas son crímenes de derecho internacional que no prescriben nunca. 

Por muchas leyes de amnistía que sigan en vigor, por mucho que las autoridades intenten esconder los cuerpos de los desaparecidos debajo de la alfombra, por muchos tribunales que den la espalda a las víctimas, el anhelo de justicia seguirá vivo generación tras generación. Pero no merecen esperar tanto. ■