martes, 30 de diciembre de 2014

854.- Encierro de los integrantes de la Plataforma de Afectados por la hepatitis C


Reino de España: Encierro de los integrantes de la Plataforma de Afectados por la hepatitis C

 
28/12/14
 

Después de seis días de encierro en el Hospital 12 de Octubre, los afectados por Hepatitis C, hemos seguido realizando diferentes actividades relacionadas con el encierro, a la vez que una representación de los afectados han participado en tres movilizaciones que se han celebrado en la capital – manifestaciones de la Marea Blanca, contra la Ley Mordaza y en apoyo de los compañer@s de Coca Cola.
 
Diariamente – por la tarde - se vienen celebrando Asambleas en las que son analizadas y debatidas las diferentes propuestas que surgen para extender el apoyo al encierro en otros territorios.
 
La formación de diferentes Comisiones… Comunicación, Medios, Redes, Logística, Atención al Paciente, Actividades con los niños hospitalizados… están logrando la participación de muchas de las personas que se están acercando a mostrar su apoyo y solidaridad con l@s encerrad@s.
 
En el día de hoy, 23 de diciembre, una representación de la PLAFHC, ha mantenido una reunión convocada por la Consejería de Sanidad. Esta se ha celebrado con la intermediación de Rubén Bejerano (IU) al que agradecemos su gestión.
 
Los representantes de la Consejería de Sanidad nos ha planteado la necesidad de llevar a cabo un PLAN DE URGENCIA DE TRATAMIENTO DE LA HEPATITIS C PARA LA COMUNIDAD DE MADRID a partir del 2015, con la participación de profesionales de la Sanidad y técnicos de la Consejería y nos han solicitado a la PLAFHC nuestra incorporación a este grupo de trabajo.
 
La delegación de la PLAFHC, después de escuchar la propuesta, ha hecho hincapié en la inexistencia de una partida presupuestaria que pueda hacer viable el plan expuesto. A la vez, que ha detectado que los afectados de Hepatitis C de la Comunidad de Madrid van a seguir recibiendo con cuentagotas los tratamientos de última generación, lo que la PLAFHC y los afectados no pueden admitir.
 
La Asamblea del encierro del Hospital 12 de octubre, considera que sus reivindicaciones no están recogidas en las propuestas presentadas en esta reunión.
 
Para finalizar la reunión, la PLAFHC ha comunicado a los presentes su intención de seguir con el encierro hasta conseguir que los enfermos de Hepatitis C consigamos los tratamientos de última generación, con el compromiso explícito del Ministerio de Sanidad. Por tal motivo, la PLAFHC convoca para el próximo 27 de Diciembre a las 12:30 una concentración que con el nombre de CADENA HUMANA pretende expresar – una vez más – la exigencia de TRATAMIENTO PARA TOD@S l@s pacientes de hepatitis C en el marco de una Sanidad Pública, de Calidad y Universal.
 
Encierro de Afectados en el Hospital 12 de octubre de Madrid.
Madrid, 23 de Diciembre de 2014
 
 
 
Comunicado de la Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad Pública de Madrid  CAS-Madrid
 
La dificultad para el acceso de los pacientes al fármaco Sovaldi, es un eslabón más dentro de la cadena de tragedias en la que han convertido la asistencia sanitaria los diferentes partidos políticos en el ámbito estatal.
 
Los costes en el estado español, de entre 25.000 y 60.000 € por tratamiento, mientras que el mismo tiene un coste de 300 dólares en la India y 900 euros en Egipto, permite visibilizar los astronómicos márgenes en los que se mueve el sector de la “farmafia”. La justificación de las multinacionales de los elevados precios en base a la “costosa investigación previa”, ha sido rebatida por diferentes autores (1).
 
Desde hace años venimos denunciando la inexistencia de una política farmacéutica dirigida a satisfacer las necesidades de la población en este país. La aprobación de la Ley General de Sanidad, en 1986, con el consenso de todos los partidos políticos, supuso el abandono de cualquier posibilidad de planificación estratégica del sector de los medicamentos, plegándose a partir de aquel momento a los intereses de las multinacionales, algunas de las cuales promovieron la llegada al poder de los “jóvenes de las chaquetas de pana”.
 
El gobierno español, más que “negociar una rebaja” con la multinacional Gilead (por cierto, también relacionada con el fabuloso negocio que supuso el Tamiflú), debería, en base a las necesidades sanitarias de miles de pacientes, cuya vida está en peligro, saltarse la patente del fármaco y fabricarlo directamente como genérico. El no hacerlo, y permitir la lenta agonía de miles de pacientes, solo depende de los intereses confluyentes de Farmaindustria y los políticos.
 
Sólo adoptando medidas radicales podrán defenderse los intereses de los pacientes y, para ello, es absolutamente imprescindible la puesta en marcha de sistemas públicos de investigación en farmacia, así como la fabricación directa de los medicamentos que han perdido la patente y aquellos que sean considerados más necesarios(2). Al mismo tiempo, es necesario establecer sistemas para la participación real de la población y las/os trabajadoras y trabajadores de la salud, en la gestión de los centros sanitarios, en cada barrio o localidad.
 
 
Notas:
(1) Hepatitis C, Sovaldi y porqué los fármacos son tan caros. http://www.migueljara.com/2014/12/21/hepatitis-c-sovaldi-y-porque-los-farmacos-son-tan-caros/
(2) Por una política del medicamento al servicio la salud de las personas, no de las multinacionales. http://laprivatizacionmata.org/2014/02/04/6-por-una-politica-del-medicamento-al-servicio-la-salud-de-las-personas-no-de-las-multinacionales/

Comunicado completo
http://www.casmadrid.org/index.php?idsecc=comunicados&id=126&titulo=COMUNICADOS

 

Tratamiento para los afectados 
por la HEPATITIS C
¡Firma la petición!
 
Los miembros de la Plataforma de Afectados por Hepatitis C reclamamos "tratamiento para todos". En España se calcula que hay unos 800.000 afectados por este virus. 12 personas siguen muriendo cada día, aun existiendo un medicamento con una tasa de cura del 95%. Llevamos desde el miércoles pasado encerrados en el Hospital 12 de Octubre de Madrid y desde allí queremos informar sobre nuestra situación y protestar contra la falta de fármacos de última generación que nos ayude a luchar contra esta enfermedad.
 
El artículo 43 de la Constitución garantiza el derecho a la salud. (rd. 16/2012)
 
AYÚDANOS A CONSEGUIRLO
 





Enfermos de hepatitis C exigen ante Sanidad que les den los nuevos tratamientos

Familiares y pacientes, acompañados por dirigentes políticos del PSOE, Podemos, UPyD y Ciudadanos, forman una cadena humana ante la sede del ministerio y piden a Alfonso Alonso, el nuevo ministro, que los reciba cuanto antes

MADRID.- La Plataforma de Afectados por la Hepatitis C se ha concentrado este sábado frente al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad donde los manifestantes han formado una cadena humana ante la fachada principal para exigir que todos los enfermos con esta patología tengan acceso a los nuevos tratamientos.
A las doce del mediodía, cientos de personas con camiseta roja se han congregado frente al Ministerio en el madrileño Paseo del Prado —han cortado dos carriles del Paseo de la Castellana— portando pancartas y gritando consignas del tipo "tratamientos para todos" y "no son muertes, son asesinatos".


Miembros de la Plataforma, enfermos y familiares que han estado acompañados por el líder del PSM, Tomás Gómez, el candidato socialista a la Alcaldía de Madrid, Antonio Miguel Carmona, el dirigente de Podemos Juan Carlos Monedero, la eurodiputada de UPyD Beatriz Becerra o el portavoz de Ciudadanos en Madrid, Ignacio Aguado.

Según ha explicado a Efe el presidente de la Plataforma de Afectados por la Hepatitis C, Mario Cortés, el objetivo de esta cadena humana, así como del encierro que mantienen en el hospital Doce de Octubre de Madrid, es que el nuevo ministro se reúna con ellos y se habilite una partida presupuestaria extraordinaria para tratar a los pacientes.

"La solución pasa, sobre todo, porque se ponga el dinero encima de la mesa para tratar a los enfermos y que de una vez por todas haya voluntad política para atajar el problema de la hepatitis C", ha subrayado Cortés.
"La solución pasa, sobre todo, porque se ponga el dinero encima de la mesa para tratar a los enfermos y que de una vez por todas haya voluntad política para atajar el problema de la hepatitis C"
Cortés ha rechazado el "discurso" de Alfonso Alonso porque, a su juicio, sigue con las "promesas falsas" de su antecesora Ana Mato, de manera que se está "jugando con la sensibilidad de los enfermos y familiares porque hacen declaraciones irresponsables y luego van a las consultas y no se la dan los tratamientos".

Una reivindicación "absolutamente justa" para Tomás Gómez, que ha calificado de "injustificable" la posición del Gobierno "en la España del siglo XXI", ya que, ha subrayado, hay un tratamiento para la hepatitis C y "se niega a facilitarlo" a todos los pacientes.

"Me parece absolutamente inaceptable que el ministro de Sanidad ya haya concertado citas con los grandes grupos empresariales privados de la Sanidad y todavía a esta plataforma no les ha dado una cita para escucharles y poner fin a su sufrimiento", ha manifestado.

Para Carmona, es una "vergüenza" que mueran 12 personas diarias por un problema económico; "es un atentado contra la sanidad pública y contra los derechos humanos", ha dicho.

"O todos los españoles nos ponemos esta camiseta o no podríamos siquiera llamarnos españoles permitiendo que estén muriendo gente por culpa de la negligencia de un Gobierno que mira para otro lado", ha criticado el diputado regional.
Juan Carlos Monedero (Podemos) califica de "vergüenza" lo que están haciendo con los enfermos
También ha calificado de "vergüenza" la situación el dirigente de Podemos, que ha lamentado que en un país europeo exista el medicamento para tratar a pacientes de hepatitis C, "haya posibilidad de salvar vidas y se esté dejando que esta gente se muera".

Por su parte, la eurodiputada de UPyD ha recordado que ante una cuestión de salud pública "como esta", España podría pedir una licencia del antiviral sofosbuvir y "fabricar un genérico", mientras que Aguado ha exigido al Gobierno central y autonómico que tome medidas urgentes, "porque cada día que pasa es un día que corre en contra de los enfermos".

"Reivindicamos un tratamiento que ya existe y que el dinero no nos ponga límites a nuestra propia vida", ha reclamado el secretario de la Plataforma, Antonio Rodríguez, que ha rechazado que el Ejecutivo "anteponga el dinero a los intereses de los ciudadanos".






Los hepatólogos tratarían cinco veces más pacientes de los que admite Sanidad

Estiman que habría que tratar, como mínimo, a 30.000 pacientes con el nuevo medicamento contra la hepatitis C, por los 6.000 que estima el Ministerio




MADRID.- La Asociación Española para el Estudio del Hígado (AEEH), que agrupa a la mayoría de hepatólogos de España, asegura que al menos 30.000 pacientes con hepatitis C deberían beneficiarse de los nuevos medicamentos innovadores que se han aprobado este año y los que se incorporarán el año próximo, frente a los 5.000 a 7.000 que ha calculado el Ministerio de Sanidad para 2015.

"Estamos sorprendidos de que se hagan estas afirmaciones cuando nosotros hablamos de pacientes, no de cifras. Ojalá fueran solo 6.000 ó 7.000, pero nosotros pensamos que son más", ha aseverado el presidente de esta sociedad científica, Jaume Bosch, después de que el secretario general de Sanidad, Rubén Moreno, haya aseverado este lunes que estas estimaciones se consideraron adecuadas en la reunión mantenida la semana pasada con la AEEH en el Ministerio.


En la reunión con Sanidad se habló de "pacientes en determinadas situaciones y no de un número concreto", defienden los hepatólogos
En dicho encuentro, ha aclarado Bernal, hablaron de "pacientes en determinadas situaciones y no de un número concreto" a los que era preciso comenzar a tratar con estos nuevos tratamientos, de ahí que atribuya esta disparidad en las cifras a una "confusión" o un "error de transcripción" por parte de Sanidad.

Entre este grupo de pacientes "prioritarios" para los hepatólogos estarían pacientes trasplantados o en lista de espera y algunos enfermos cirróticos que están más avanzados, evolucionan rápido o en los que han fracasado otros fármacos, "en los que hay que actuar precozmente para que puedan sobrevivir".

Y según los cálculos de la AEEH, la cifra de afectados candidatos a recibir estas nuevas terapias a lo largo de 2015 estaría en torno a los 30.000 afectados, "e incluso por encima de esa cifra".

"Quizá no tienen porqué tratarse desde el primer mes, pero en nuestra opinión, por nuestra experiencia clínica y nuestro conocimiento, es que la cifra debe ser superior. Me sorprendería mucho que fuera inferior", ha defendido.

Además, Bosch ha recordado que han obtenido el compromiso del Ministerio de poner en marcha un Plan nacional contra la enfermedad "como el que hubo en su día para el sida" que, además de concretar el tratamiento de esta enfermedad, permita mejorar su diagnóstico y saber cuántos pacientes hay en España.








853.- Urnas para los griegos, ansiolíticos para los mercados


El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, con el portavoz del PPE en la Eurocámara.

Urnas para los griegos, 
ansiolíticos para los mercados

La estabilidad de los mercados, su sosiego y felicidad, no pueden edificarse a costa del bienestar y de la vida de millones de personas. No puede ser ése el parámetro que rija para condicionar la democracia.  No se nos puede quitar todo para engrosar sus ingentes beneficios

Llegados a este punto, hay que recomendar a los mercados que se traten con ansiolíticos. Bien es cierto que acuciados por la preocupación, se les despierta el pragmatismo y rebajan cuantías y extienden plazos como sucedió en Islandia, e igual pueden moderar la dosis terapéutica. 

Por Rosa María Artal  
  
Los griegos vuelven a las urnas y regresa también la feroz campaña del miedo para que no voten a Syriza, la coalición de izquierda que se quedó en puertas del triunfo en Junio de 2012. Fue un gran éxito del conciliábulo neoliberal: la Troika (BCE,UE, FMI), Merkel, todos los gobiernos afines, sus bancos, todos sus medios y asesores. La coacción fue abrumadora.

A los griegos, además, les habían destituido a su jefe de gobierno Georgios Papandreus porque pretendió consultar en referéndum a la ciudadanía sobre los durísimos nuevos recortes que les decretaban.  Les colocaron, a dedo, a Lukás Papademos, vicepresidente del Banco Central Europeo, y decidieron quién tenía que ganar en los siguientes comicios: los que estaban, es decir, Nueva Democracia y el PASOK. Aquellos a quienes Goldman Sachs había ayudado a maquillar las cuentas del Estado para entrar en la UE. En estos momentos siguen apostando por los mismos: La Familia.

Desde 2010 estamos viendo sucumbir a los griegos.  

Un país de instituciones corruptas y en el que muchos ciudadanos se apuntaban, siquiera con su comprensión, a las migajas de la fiesta. Como en España. Su máximo error fue, sin embargo, votar a quienes les llevaron a la bancarrota. Y se lo están haciendo pagar con sangre. Aquellos primeros 110.000 millones de euros de rescate (cuando a los bancos se le habían dado ya 1,6 billones declarados) les costaron la soberanía, prácticamente la democracia, y la vida en muchos casos. Los insostenibles recortes a la población para pagar la deuda han sumido a Grecia en la pobreza extrema. Sus ciudadanos fueron los primeros en salir a la calle para protestar, el gobierno (el democrático) llegó a gasearlos a niveles casi letales. Por eso se organizaron en política para concurrir a elecciones.

Vemos escenas griegas que parten el alma. Les han quitado todo. Educación, subsidios, pensiones, sus casas, sanidad. Tres millones de personas, más de la cuarta parte de la población,  se han quedado sin cobertura. Lloran, lamentándose de que después de cotizar durante  años, se van a morir en la calle. El cáncer solo se atiende ya en estado terminal. El tratamiento para la hepatitis C que racanea el gobierno español –con su secuela de muertes rotundas, sin eufemismos- es una anécdota frente al dolor de los griegos. Han tenido que organizarse entre ellos. Cooperativas de voluntarios que cuidan unos de otros, mientras su gobierno vela… por los intereses de los mercados. Con la Troika que, por ejemplo, pidió cerrar los ambulatorios de atención primaria. Con todos los asesores y voceros del mundo  que pontifican desde los medios, en España también, amenazando con el grave peligro que, en su opinión declarada, representaría la llegada al gobierno de Syriza.

 “Es que los mercados entran en pánico” escuchamos de continuo. Por eso precisamente se ha despeñado la bolsa griega y tiembla el resto. Son muy sensibles los  mercados, bipolares. Pasan de la euforia al miedo, por lo que interpretan como amenaza a su poder. Cuesta más entender cómo se nos pide mimo hacia "los mercados" sin exigir en absoluto la misma reciprocidad. A los poderes financieros no les importa en lo más mínimo lo que nos ocurre a los ciudadanos. Ni siquiera el daño que ellos mismos producen. Asombra que se admita esa posición dominante como lo más natural y que desde la UE, gobiernos varios u organismos internacionales como el FMI se defienda esa arbitrariedad. 

 Llegados a este punto, hay que recomendar a los mercados que se traten con ansiolíticos. Bien es cierto que acuciados por la preocupación, se les despierta el pragmatismo y rebajan cuantías y extienden plazos como sucedió en Islandia, e igual pueden moderar la dosis terapéutica.  Si el nerviosismo es muy agudo y alguno de ellos entra en quiebra, pueden irse a vivir debajo de un puente como han mandado a tantos ciudadanos. Cuando, además, habían costeado sus errores por la generosidad de los gobiernos.  La jugada del 2008 les salió perfecta, aún deben estar riéndose de Sarkozy cuando dijo aquello tan jocoso de que había que refundar el capitalismo. Les refundamos sus balances con colmo y todo.

Lo sucedido en Grecia nos da lecciones de enorme trascendencia. Son y serán aplicables en España que sigue los pasos calcados del vecino mediterráneo. La estabilidad de los mercados, su sosiego y felicidad, no pueden edificarse a costa del bienestar y de la vida de millones de personas. No puede ser ése el parámetro que rija para condicionar la democracia.  No se nos puede quitar todo para engrosar sus ingentes beneficios. Así funcionan quizás las empresas, no los países, no las sociedades compuestas de personas. Las que, para mayor escarnio, pagan este obsceno tinglado con sus impuestos y, según pretenden, a cambio de nada. No es nada personal, son negocios.

De otro lado, vemos el derrumbe absoluto de la socialdemocracia. Ya no hace falta darles cancha. Y ahí, siguiendo los pasos de Blair y el Felipe González de hoy, del último Zapatero, de la actual cúpula del PSOE, tenemos al Mesías del socioliberalismo –dicen que le llaman-, Manuel Valls, pregonando en turné  que la socialdemocracia está obsoleta, y abriendo la puerta de par en par a la ultraderecha. Ellos y toda su corte de economistas, asesores y periodistas. El PASOK paga coaliciones y tibiezas desapareciendo casi del mapa en los sondeos. Seguro que alguien protesta oponiendo que tienen buenas intenciones y precisan una oportunidad.

Nos están obligando a tragar un único camino: el capitalismo… salvaje. El que arrasa con todo. Y se muestran fuertes en su posición. Haber colocado al Juncker de LuxLeaks al frente de la Comisión Europea es toda una declaración de intenciones. Es el primero, ya saben, que se permite recriminar a los que votan “mal”. O sea, a Syriza en Grecia, a Podemos, llegado el caso, en España.

¿Y así existe alguna posibilidad de salirse del carril decretado? ¿Qué conserva todo esto de Democracia? Por si les queda un resquicio de vergüenza, habrá que intentarlo. Hoy Grecia, la sociedad griega, está peor que estaba en todos sus parámetros. La tragedia de la mayoría de la población ha sido inútil, porque a "los mercados" nunca les basta. Como aquí. Aún han tenido, la UE, el FMI,  la desfachatez de admitir que quizás se equivocaron en las condiciones y previsiones del rescate. Pero no por eso rectifican. Total, solo pagaban los errores unos ciudadanos que no eran Mercados de alcurnia. Fueron sus cobayas e insisten en que lo sigan siendo. Así será si se dejan. Por si acaso, lo primero que ha hecho el contrito FMI es qu itarles la ayuda hasta que haya nuevo gobierno. Nada inocente jugada.

La economía financiera -que es básicamente a lo que se dedican- no da de comer más que a ellos. Opíparamente, por cierto. No es fácil, pero el único camino digno es intentar otra salida, un cambio. Por esta vía, ya tenemos la seguridad de que no funciona. Alguna vez ocurrirá que, en la vida real, millones de Davides ganen a Goliat.  





                                                     Alexis Tsipras

Bruselas y el FMI amenazan a los griegos para que no voten a Syriza


El FMI emite un comunicado que supone la efectiva suspensión del programa de rescate hasta después de las elecciones, en un momento en que el partido de Tsipras encabeza las encuestas.

La Comisión Europea y el Fondo Monetario Internacional han entrado de lleno en la campaña electoral griega con sendas advertencias a los votantes griegos. Por un lado el FMI ha emitido un comunicado que supone la efectiva suspensión del programa de rescate hasta hablar con las nuevas autoridades que surjan de esos comicios.

Al tiempo, el comisario europeo para Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, ha advertido de que "un amplio apoyo entre los votantes y los líderes políticos al necesario proceso de reformas encaminadas a mejorar el crecimiento será esencial para Grecia". 

Estas advertencias se producen en un momento en que Syriza encabeza las encuestas de intención de voto.

"Un amplio apoyo entre los votantes griegos y los líderes políticos al necesario proceso de reformas encaminadas a mejorar el crecimiento será esencial"

"Compromiso con Europa"

La Comisión Europea (CE) instó hoy a los ciudadanos y políticos griegos a mostrar un fuerte compromiso con Europa y con las reformas necesarias para mejorar el crecimiento en el país cuando acudan a las urnas en las elecciones anticipadas del 25 de enero.



"A través de este proceso democrático, los griegos decidirán una vez más sobre su futuro", dijo el comisario europeo para Asuntos Económicos y Financieros, Pierre Moscovici, en referencia a la convocatoria de comicios anticipados en Grecia tras fracasar hoy el Gobierno de Andonis Samarás en imponer su candidato a la Presidencia de la República en la tercera y decisiva votación parlamentaria.



"Un fuerte compromiso con Europa y un amplio apoyo entre los votantes griegos y los líderes políticos al necesario proceso de reformas encaminadas a mejorar el crecimiento será esencial para Grecia a fin de prosperar de nuevo en la eurozona", señaló.


En la tercera y decisiva votación, el ex comisario europeo y varias veces ministro Stavros Dimas, de 73 años, obtuvo el respaldo de 168 de los 300 diputados de la cámara legislativa helena, 12 menos de los 180 votos que necesitaba, y el mismo número que en la votación precedente.



El sábado pasado, Samarás advirtió a los parlamentarios de que, de no respaldar a Dimas, automáticamente se aliarían con el principal partido de la oposición, el izquierdista Syriza, cuyo líder, Alexis Tsipras, dejó claro desde un principio que no apoyaría a ningún candidato, para forzar elecciones.



La eurozona ha concedido a Grecia una extensión del segundo rescate, hasta finales de febrero y en paralelo prorrogó dos meses la disponibilidad de los bonos del Fondo Europeo de Estabilidad Financiera (FEEF) en la reserva del Fondo de Estabilidad Financiera del Estado Helénico (HFSF), utilizada para recapitalizar a la banca helena.



Una prórroga del rescate era necesaria dado que la parte europea del programa expiraba el 31 de diciembre, con lo que Grecia se quedaba sin apoyo de sus socios de la eurozona y, ante la falta de acuerdo con los acreedores internacionales formada por la CE, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la última revisión, también sin el último desembolso.



La finalización a principios de 2015 de la actual revisión del rescate es una "precondición" para el desembolso final, pero también para cualquier ayuda adicional en forma de una línea de crédito con condiciones reforzadas que el Eurogrupo concederá a Grecia. 
Suspensión del programa de rescate

El Fondo Monetario Internacional (FMI) anunció hoy la suspensión del desembolso de la ayuda financiera a Grecia hasta que se haya producido un cambio de Gobierno en ese país, que celebrará elecciones anticipadas el próximo 25 de enero.

Poco después de que el primer ministro griego, Andonis Samarás, convocara las elecciones anticipadas, el FMI emitió un comunicado que supone la efectiva suspensión del programa de rescate hasta hablar con las nuevas autoridades que surjan de esos comicios, aunque descartó que vaya a perjudicar a las finanzas del país.

Las conversaciones sobre la sexta revisión del programa de reformas, de la que depende la continuidad de la ayuda financiera a Grecia, "se reanudarán una vez que haya asumido un nuevo Gobierno", aseguró en un comunicado el portavoz del FMI, Gerry Rice, quien a renglón seguido destacó que actualmente Grecia "no enfrenta necesidades de financiación inmediatas".







Política, mentiras y vídeos en Grecia: porqué el camino de SYRIZA hacia el poder está sembrado de escollos

Niκος Smyrnaios · · · · ·

28/12/14




Grecia se dirige a elecciones parlamentarias anticipadas en enero próximo en un clima nauseabundo. El complejo político-financiero y mediático que gobierna el país desde hace cuarenta años da un triste espectáculo. El último episodio de este drama patético es el intento de sobornar a un diputado, registrado en un vídeo. Esta es la enésima vuelta de tuerca en este proceso de desintegración del sistema político tradicional, que, no obstante da esperanzas para el cambio.

El actor en el corazón del drama político

Pavlos Haikalis es diputado por un pequeño partido independentista y anti-austeridad "Griegos Independientes", desde las elecciones de mayo de 2012. Pero sobre todo es un popular comediante, que  ha tenido papeles esencialmente cómicos en el cine, el teatro y en varias series televisión. Ahora su destino ha sido jugar el papel más importante de su carrera en el vestíbulo de un hotel de Atenas, bajo el lente de una cámara oculta.  Haikalis juega el juego de atrapar a su interlocutor.

En el vídeo, que  se lanzó en una conferencia de prensa organizada por su partido el pasado viernes 19 de diciembre, aparece sentado con Giorgos Apostolopoulos, hombre de las finanzas,  un ex ejecutivo del Deutsche Bank y asesor político oculto.  El financista ofrece a Haikalis varios millones de euros.  A cambio le pide votar por el candidato del gobierno para el cargo -  honorífico - de Presidente de la República.  El objetivo de la maniobra es alcanzar la mayoría parlamentaria calificada de 180 diputados sobre los 300 y, de este modo, evitar las elecciones anticipadas.

La confusión o cómo sofocar una cuestión de Estado

En un país "normal" estas revelaciones habrían constituido un terremoto. Los políticos habrían dimitido; la Justicia habría detenido al agente corruptor; los principales medios de comunicación habrían  revelado el hecho en sus portadas, investigando la verdad sobre los patrocinadores del agente. Pero no en Grecia. Después de cuatro años de austeridad extrema las instituciones dan pena y el complejo político-financiero y mediático que gobierna el país está dispuesto a utilizar todos los medios a su alcance para permanecer en el poder.

Por lo tanto, el primer ministro Samaras anunció que ha presentado una denuncia contra Haikalis (!!) por calumnias, en un intento de intimidación pura y simple. Por su parte el fiscal escuchó al agente corruptor como testigo, sin detenerlo. Los medios de comunicación dominantes -  canales de televisión y periódicos pertenecientes a los magnates del país – informaron ampliamente su versión.  Ellos procesaron a Haikalis  destacando todos los elementos que podrían apoyar la versión de un "montaje". Para el ciudadano medio tiene, por tanto,  la confusión es total.

Videos en abundancia

Sin embargo, este no es el primer caso que involucra audios y vídeos comprometedores, nacidos en los dos años de la llegada de Samaras al poder. Los extractos de escuchas realizadas por la policía, en el contexto de una investigación por corrupción en el fútbol, revelaron la proximidad de poderosos hombres de negocios con periodistas y  políticos. Aprendemos, por ejemplo,  que el jefe del equipo del Olympiakos, el poderoso armador Marinakis,  ha influido en 2012 en la elección de los diputados del partido del Primer Ministro, a través de un periodista estrella.  Las escuchas involucran al mismo Marinakis y su próximos en los negocios, que van desde el arreglo de partidos de fútbol hasta el tráfico internacional de heroína.

Los nazis de Amanecer Dorado, cuyos principales dirigentes están en la cárcel, también participan en las filtraciones. Dos veces se han registrado comunicaciones que implican al Primer Ministro con uno de sus asesores más cercanos. En el primero,  datado en octubre de 2013, el diputado Takis Baltakos, próximo a Samaras, discute amigablemente  con el portavoz de  Amanecer Dorado y comentan las distintas intervenciones del  gobierno ante la justicia, a veces para proteger o para conducir a los nazis, según los intereses del momento.

En el segundo extracto se escucha al propio Primer Ministro supuestamente dando órdenes a la fiscalía para colocar a los líderes de Amanecer Dorado en prisión preventiva.  Es el momento en que, después de la muerte de Pavlos Fyssas, se ve un cambio en la actitud del gobierno frente a Amanecer Dorado: en lugar de solicitar apoyo frente a la llegada de los "comunistas" de  SYRIZA, ahora trata de destruirlos por vía judicial para recuperar sus “votantes equivocados”.

La estrategia del miedo, bis repetita placent

A pesar de todos estos casos, y a pesar de su política que ha llevado al país a un callejón sin salida, Samaras y sus compinches - los socialistas griegos - todavía están en el poder. Gracias a operaciones de propaganda a gran escala perpetradas con la ayuda de los medios de comunicación, de hombres de negocios poderosos, pero también de las autoridades europeas que no han dejado de asegurar su apoyo a este gobierno.

Desde que la perspectiva de elecciones anticipadas apareció, la  estrategia del miedo, utilizada con éxito en 2012, fue puesta en movimiento.  El principal argumento: la llegada de Syriza al poder conducirá a una catástrofe económica, la salida de Grecia de la zona euro y ¡una corrida bancaria!   El mismo Gobernador del Banco de Grecia lo ha dicho, apartándose de la reserva impuesta por su función. Pero resulta que este Gobernador es Yannis Stournaras, el ex ministro de Economía de Samaras y arquitecto de la austeridad.

En Europa los informes alarmistas de la prensa financiera, los bancos y las agencias de calificación marcan la pauta. Muchos funcionarios  siguen sus pasos. Así, Jean-Claude Juncker, no oculta su apoyo a Samaras para decir que prefería ver "caras conocidas" en el poder en Grecia y evitar la llegada al poder de "fuerzas extremistas", alusión apenas  velada a la izquierda radical de Syriza.

El "paréntesis de izquierda"

Más allá de la estrategia del miedo, el establishment parece haber puesto a punto una solución de repliegue: el "paréntesis de izquierda".  Constatando la dinámica de SYRIZA, que la conduce inevitablemente al poder, todo se hace para que él no dure. Por lo tanto, el gobierno avanzó la elección del Presidente de la República después de completar una prórroga de dos meses del Memorándum (acuerdo de financiación a cambio del compromiso de austeridad y desregulación).  En un escenario de elecciones parlamentarias anticipadas ganadas por Syriza, llegaría al gobierno en un momento  donde toda la financiación proveniente de la Troica se suspendería o estaría a punto de serlo. Una manera de los acreedores para meter presión a los nuevos dirigentes.

Otras revelaciones inquietantes de la página de noticias independiente The Press Project de la periodista Vassiliki Siouti: el gobierno y los acreedores tratan de bloquear 11 mil millones de euros, que constituyen un saldo del préstamo acordado a Grecia para la recapitalización de sus bancos. Syriza cuenta con ese dinero para poner en marcha un programa contra lo que  llama la "crisis humanitaria" que azota al país. Sin embargo, la posible congelación del dinero haría que una de sus medidas emblemáticas fuere inaplicable. Finalmente, en los últimos días, el pánico del gobierno y sus diputados, los lleva a votar un sinnúmero de enmiendas en cuentas sin respaldo, para satisfacer a sus clientes y poner el futuro gobierno ante el hecho consumado.

Sin embargo, esta vez la campaña de miedo no está funcionando como en 2012. Gran parte de los griegos ha decidido romper con este sistema. Pero la tarea de SYRIZA en el poder no va a ser fácil. Su gobierno necesitará de mucho coraje y sobre todo del apoyo crítico de su base para no desviarse de su línea. Porque a corto plazo, Syriza  constituye el único rayo de esperanza en este paisaje político devastado.

Niκος Smyrnaios,  es doctor en Ciencias de la Información y la Comunicación por la Universidad de Toulouse y escribe en blog griegos y franceses sobre temas de actualidad

Traducción para www.sinpermiso.info: Carlos A. Suárez





852.- Cómo crear una “mayoría silenciada”





La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana 
(o cómo crear una “mayoría silenciada”)

Gerardo Pisarello · Jaume Asens 



La “mayoría silenciosa” se ha convertido en una categoría central de la política española actual. En manos del Gobierno, es el arma arrojadiza contra cualquier movilización que cuestione sus políticas. Los que protestan –contra los recortes, contra las privatizaciones, exigiendo mayor democracia– son siempre una minoría. Ruidosa, extremista, invariablemente manipulada. La “mayoría silenciosa”, en cambio, sería la expresión ontológica de una sociedad civilizada. La que se queda en casa, la que soporta estoicamente los ajustes y las exhibiciones de impunidad de los que mandan.

El problema se produce cuando las minorías ruidosas comienzan a crecer. O cuando amenazan con votar como no deberían. En esos casos, la “mayoría silenciosa”, o mejor, “silenciada”, ya no es un concepto descriptivo. Es algo que conviene crear. Aparatosamente, a través de una mayor represión directa. O de manera sutil, a través de medidas que neutralicen o desgasten a quienes se resisten a entrar en razón y que dificulten el control judicial. El anuncio del Ministro del Interior Jorge Fernández Díaz de una reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana debe entenderse dentro de esta última estrategia.

Escarmentado por las movilizaciones anti-ajuste contra el PSOE y por el crecimiento del soberanismo en Cataluña, la idea de estrechar el cerco contra la protesta social ha estado presente desde un primer momento en los planes del Partido Popular. El propio Ministro Fernández Díaz ha acompañado cada movilización contra su Gobierno con un anuncio de restricción de libertades y de endurecimiento del marco de sanciones existentes. A menudo, estos anuncios han sido tratados como globos sondas, como una suerte de provocación destinada a quedar en nada o en muy poco. Lo cierto, sin embargo, es que han producido cambios concretos en el marco normativo y han dado cobertura a actuaciones policiales que hubieran resultado intolerables unos años antes.

a) Crear una mayoría silenciada (I): endurecer el Código Penal.

Ya en ocasión de la primera huelga general contra el Gobierno Rajoy, Fernández Díaz denunció un “salto cualitativo” en los hechos de violencias registrados durante las protestas. Esta supuesta “emergencia” era totalmente infundada a la luz de los hechos reales. Sin embargo, le permitió anunciar una reforma del Código Penal que asimilara la llamada “violencia callejera” a conductas terroristas o proto-terroristas. Fernández Díaz también aprovechó la coyuntura para enviar otros mensajes de dureza. Sugirió que asociaciones, partidos y sindicatos respondieran penalmente en aquéllos casos en que algunos de sus afiliados, partícipes en las manifestaciones convocadas, cometieran hechos delictivos. Y pidió lo mismo, en el ámbito civil, para padres y tutores cuyos hijos menores de edad pudieran haber causado daños durante una manifestación.

Muchas de estas medidas fueron descalificadas como un simple exabrupto pour la galerie. Empero, inspiraron buena parte la propuesta de reforma del Código Penal anunciada en ese mismo año por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón. El Anteproyecto de Gallarón perseguía varios objetivos simultáneos. Por un lado, contemplaba nuevos delitos y endurecía penas y multas que podían afectar las ocupaciones pacíficas y reivindicativas de entidades bancarias u organismos públicos, los bloqueos simbólicos de transportes públicos o el ciberactivismo en las redes sociales. Por otra parte, ampliaba el alcance de delitos ya existentes como el de desórdenes públicos y abría las puertas a la criminalización de la resistencia pasiva, como había pedido Fernández Díaz [1]. Finalmente, establecía la desaparición de las faltas, que pasaban a convertirse, bien en delitos leves, bien en infracciones administrativas. Esta última medida distaba de ser una expresión del principio de intervención mínima. Muchas actuaciones hasta entonces constitutivas de faltas, en realidad, recibieron un tratamiento penal más duro. Con ello, actuaciones de desobediencia protagonizadas por el 15-M, los Yayoflautas, la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) o el Sindicato Andaluz de Trabajadores corrían el riesgo de recibir abultadas sanciones económicas o de acabar en el banquillo de los acusados, en un juicio penal por delito.

b) Crear una mayoría silenciada (II): reforzar la impunidad policial

Otra de las vías de actuación del Gobierno para “silenciar” a las “minorías ruidosas” sería la ampliación de los márgenes para la represión policial de la protesta. En 2013, la Comisión Legal de la Acampada del 15-M de Sol, de hecho, denunció que en tres años 329 personas habían sido detenidas (y a veces lesionadas) en el transcurso de manifestaciones pacíficas. Estos abusos policiales no merecieron, casi nunca, la apertura de un expediente sancionador. Por el contrario, a menudo contaron con un aval, implícito al menos, de los mandos políticos y policiales. El crédito casi ilimitado dado a los agentes en relación con las víctimas y otros testigos permitiría ampliar las vías represivas de alta y baja intensidad. En poco tiempo, aumentaron los maltratos y las detenciones arbitrarias, se impusieron multas desorbitadas, se abrieron páginas electrónicas para denunciar a sospechosos de “vandalismo” en las manifestaciones y se autorizó la grabación de manifestantes, incluso en aquellos casos en los que no estuvieran cometiendo ilícito alguno.

La generalización de estas prácticas contrastaría con la impunidad concedida a los cuerpos policiales. Esto se pudo ver claramente con motivo de la detención, tras una brutal carga policial, de varias personas en la manifestación del 25  de septiembre de 2012, en protesta por la recién aprobada reforma laboral. Al llegar a la comisaría de Moratalaz los abogados de los detenidos se toparon con un grupo de encapuchados que, a la postre, resultaron ser agentes de la Policía Nacional. A pesar de la queja  de los letrados, Fernández Díaz no tuvo empacho en defender los interrogatorios. Es más, tras la difusión de imágenes de policías encapuchados infiltrados en la manifestación, el ministro sostuvo que el ordenamiento jurídico “debe y va a ser capaz” de hallar mecanismos para que el respeto a la libertad de expresión “no sirva nunca de parapeto” para atentar contra el honor de los policías.

La nueva reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana concreta esta aspiración. No en vano, su diseño ha sido encomendado a un inspector vinculado a las unidades antidisturbios del Cuerpo Nacional de Policía. Tampoco es casual que uno de sus responsables políticos haya sido el Secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, uno de los pocos miembros del Gobierno que ha defendido sin ambages la utilización de cuchillas “anti-migrantes” en las vallas de Ceuta y Melilla. 

c) Crear una mayoría silenciada (III): asfixiar económicamente a los que protestan.

A juzgar por los anuncios realizados por Fernández Díaz, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana será un complemento perfecto del resto de medidas represivas adoptadas en estos últimos años. De aprobarse, permitiría aumentar sensiblemente el número de infracciones administrativas previstas en la ley actual: de 39 a 55. El repertorio de conductas sancionables se ampliaría de manera notable: escraches, disolución de manifestaciones con vehículos (como las realizadas en Cataluña contra los peajes), quema de contenedores, protestas frente a instituciones como el Congreso de los Diputados, grabaciones o difusiones de imágenes de agentes de las fuerzas de seguridad en el ejercicio de sus funciones. Las sanciones por estas conductas también se incrementarían, pudiendo llegar en algunos casos a multas de entre 30.001 y 600.000 euros.

Como salta a la vista, ninguna de las infracciones contempladas obedece a la imaginación del Ministerio del Interior. Todas están vinculadas a acciones de protesta que se han producido recientemente. La filosofía de fondo de la propuesta no carece de lógica: el Gobierno piensa que una multa cuantiosa puede contribuir a configurar su soñada “mayoría silenciosa” con igual o mayor eficacia que una carga policial, que unos días de encierro o que un par de golpes en una furgoneta o en una comisaría.

Hace tiempo, en realidad, que la utilización de las multas y de la llamada “buro-represión” ocupa un lugar central en las estrategias más sutiles de desgaste y de neutralización de la protesta social [2]. Tras la aparición del 15-M, de hecho, se hizo frecuente que las autoridades echaran mano de la Ley de Seguridad Ciudadana de 1992 para multar a quienes protestaban contra las políticas gubernamentales. Este régimen sancionatorio ya resultaba cuestionable en el momento de su aprobación. Pero ha devenido aún más arbitrario en los últimos años. Infracciones leves, como negarse a facilitar el DNI, desobedecer ciertos mandatos de la autoridad u originar desórdenes en los espacios públicos, han acarreado multas de hasta 300 euros. En cambio, infracciones consideradas graves como celebrar reuniones en lugares de tránsito público o manifestaciones que no se hayan comunicado a la autoridad gubernativa, han supuesto multas de entre 300 y 30.000 euros. Y si se trata, por fin, de infracciones muy graves, en las que se ha alterado el funcionamiento de servicios públicos o los transportes, pueden llegar a 600.000 euros.

Manifestantes aislados o activistas pertenecientes a movimientos como el 15-M, el Sindicato Andaluz de Trabajadores o la PAH han sido sancionados con multas cuantiosas que pueden tener un efecto desmovilizador mayor incluso que las simples detenciones. Además de engrosar las arcas de las Delegaciones de Gobierno, estas multas han obligado a los movimientos a desviar sus escasos recursos a tareas que no siempre tienen que ver con sus exigencias inmediatas y a convocar constantes actos de solidaridad para afrontar las sanciones.

La propuesta de Ley de Seguridad Ciudadana viene así a complementar la estrategia represiva diseñada con la reforma del Código Penal. El intento de Interior por llevar a la Audiencia Nacional las protestas ante el Congreso, o el escrache a la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, a un juzgado de Madrid, se saldó con un rotundo fracaso. Los jueces que entendieron en estas causas emitieron duros autos duros autos contra la actuación policial y primaron la libertad de expresión de los ciudadanos. Las sanciones administrativas, en cambio, alcanzarán a muchas más personas y podrán ser impuestas directamente por las Delegaciones de Gobierno, sin control judicial previo. Para obtener una revisión en sede jurisdiccional, de hecho, habrá que recurrir a la vía contencioso-administrativa y pagar unas tasas judiciales que, tras la reforma Gallardón, se han tornado especialmente abusivas.

d) El silencio del miedo y sus límites

Como bien han sostenido los abogados del Colectivo de Juristas andaluz 17 de marzo, la  propuesta de reforma de Fernández Díaz es una suerte de reedición de la Ley de Vagos y Maleantes aprobada en los años 30 del siglo pasado y ampliada durante el franquismo. Además de reforzar la impunidad policial, su objetivo es claro: complementar la profundización del ajuste social con un nuevo ajuste penal. O mejor, con un ajuste penal administrativo, menos garantista pero tan o más eficaz que este último.

Esta combinación entre represión dura y blanda no tiene otro propósito que infundir miedo y convertir a la supuesta minoría ruidosa que desafía al Gobierno en una mayoría silenciada y obediente. Es posible que sus impulsores se salgan con la suya. Pero también podría ocurrir lo contrario. Al amenazar con sanciones económicas elevadas a quienes han perdido su trabajo y su casa, a quienes ya están endeudados o se han visto condenados a una precariedad insoportable, el Gobierno juega con fuego. No solo porque difícilmente le servirá para detener a quienes tienen poco o nada que perder, sino porque entre esos sectores hay mucha gente, cada vez más, que le dio su voto en las últimas elecciones. Negar esa realidad es de necios. Y si el Gobierno insiste en hacerlo, si insiste en imponer por la fuerza el silencio y la resignación, al tiempo que airea su propia impunidad, bien podría ocurrir que el ruido de la indignación, más temprano que tarde, acabe por romperle los tímpanos.

Notas [1] La idea de que la resistencia pacífica y pasiva fuera considerada un delito también había sido defendida en otros ámbitos. Un comisario antidisturbios de la policía catalana, de hecho, llegó a declarar sin disimulo en un programa de Salvados, en la cadena Sexta, que “la resistencia pacífica es violencia” y que si “Ghandi hubiera estado en [la ocupación] de plaza Catalunya” durante el años 2011 debería haber sido detenido [2] Sobre esta noción, vid. Pedro Oliver Olmo (coord.) Burorrepresión. Sanción administrativa y control social, Bomarzo, Albacete, 2013.

__________________________________________
Gerardo Pisarello es miembro del Consejo de Redacción de Sin Permiso. Jaume Asens es miembro de la Comisión de Defensa del Colegio de Abogados de Barcelona. Ambos son miembros del Observatorio DESC.



sábado, 27 de diciembre de 2014

851.- El debate sobre los límites de la libertad de expresión

El dictador norcoreano Kim Jong-un en una foto sin datar. / KCNA (REUTERS)



El debate sobre los límites de la libertad de expresión salta a la cultura popular


De las caricaturas de Mahoma a la del Brillante Camarada

Por MARC BASSETS Washington 


El estreno, el día de Navidad, de The interview (La entrevista), la sátira del dictador norcoreano Kim Jong-un, se ha celebrado como un triunfo de la libertad de expresión, un desafío a la amenaza de represalias por ofender al llamado Brillante Camarada. La película, una comedia de sal gorda protagonizada por Seth Rogen y James Franco, se estrenó en unos 300 cines alternativos por todo Estados Unidos y puede descargarse en Internet. En su primer día hizo una taquilla de un millón de dólares, según Sony Pictures.

En los días que EE UU normalizaba las relaciones con Cuba, uno de los vestigios de la Guerra Fría, el incidente con Sony recuerda al mundo que en Asia la Guerra Fría sigue viva. Los ataques informáticos contra la multinacional también recuerdan que, en la era de la ciberguerra —o el “cibervandalismo”, como lo definió el presidente Barack Obama—, la primera potencia y su industria más universal, Hollywood, son vulnerables.

El debate sobre los límites de la libertad de expresión no es nuevo. Ahora llega a Hollywood y a la cultura popular. La fetua del imán Jomeini en 1988 contra el escritor Salman Rushdie por su novela Los versos satánicos fue uno de los primeros casos con ecos globales de intimidación por una supuesta ofensa religiosa. En 2005, la publicación en el diario danés Jyllands Posten de unas caricaturas de Mahoma desató protestas en países de mayoría musulmana y abrió una discusión: ¿deben los medios, los artistas, abstenerse de ofender a colectivos o personas para evitar represalias?

Las diferencias entre las caricaturas de Mahoma en el Jyllands Posten y la caricatura de Kim en La entrevista van desde el objetivo de la sátira a la reacción de los ofendidos. En 2005, el objetivo era el islamismo violento. Y el contexto era el de una Europa con minorías musulmanas y episodios de tensión con la mayoría autóctona.

Esta vez es distinto. El objetivo de la sátira es un autócrata en un país lejano, sin conexiones culturales con el mundo desarrollado. No hay comunidades norcoreanas en EE UU y Europa. El miedo de quienes esta semana estrenaron la película no era tanto a atentados como a ciberataques como los que en las últimas semanas ha sufrido Sony.

Flemming Rose acaba de publicar en EE UU The tyranny of silence (La tiranía del silencio), un ensayo sobre los límites a la libertad de expresión en los países occidentales. Rose fue el responsable, como jefe de Cultura del Jyllands Posten, de la publicación de las caricaturas de Mahoma. Desaprueba la decisión de Sony, la semana pasada, de retirar la película, decisión corregida parcialmente al estrenarse ahora en los 300 cines independientes y en Internet.

“Puedes decir que Sony es una corporación de entretenimiento y están en el negocio para hacer dinero. Por tanto, deben decidir en función del negocio, y no de acuerdo con su responsabilidad ante el público como un medio de comunicación que se ve a sí mismo como una institución que defiende un bien público”, dice Rose en una entrevista por teléfono. Pero añade: “Sin la libertad de expresión Sony no sería capaz de hacer muchas de las películas que está haciendo. Si operase en un ámbito como el de Corea del Norte, diría que quizá el 90% de sus películas no podrían producirse. Así que desde un punto de vista del negocio Sony también se beneficia de la libertad de expresión”.

Que finalmente Sony haya difundido La entrevista es digno de aplauso, según Rose. Demuestra, en su opinión, que la realidad de la globalización impide calcular los efectos. Lo que apaciguaría al líder de Corea del Norte —retirar la película de circulación— merece los reproches del presidente de EE UU y puede perjudicar a la multinacional en el mercado norteamericano.

Después de publicarse las caricaturas de Mahoma, el discurso de la mayoría de líderes europeos y del entonces presidente de EE UU, George W. Bush, fue ambiguo: defendieron la libertad de prensa pero resaltaron las responsabilidades que esa libertad conlleva. El periodista danés recuerda que, como ahora, las amenazas no resultaron efectivas del todo. “Diría que en un 60% de países europeos hubo grandes diarios que republicaron las caricaturas”, recuerda.

Rose no es optimista. Ve una tendencia hacia la autocensura incluso en EE UU, donde la Primera Enmienda garantiza la prevalencia de la libertad de prensa. “Me preocupa lo que ocurre en los campus de Estados Unidos y Reino Unido”, dice. Menciona los debates, en universidades norteamericanas, sobre la necesidad de alertar a los alumnos de que obras como El gran Gatsby o Las aventuras de Huckleberry Finn contienen pasajes que algunos alumnos pueden considerar misóginos o racistas y, por tanto, ofensivos.

Rose sostiene en su libro que en una democracia no debería existir el derecho a no ser ofendido. “Cuando celebras la diversidad cultural y religiosa, también debes celebrar la diversidad a la hora de expresarte”, dice. “Pero vamos en sentido contrario. Queremos tener más diversidad cultural pero al mismo tiempo tendremos menos diversidad de expresión. Cuando [el cineasta holandés] Theo Van Gogh fue asesinado, el ministro de Cultura de Holanda dijo que si las leyes sobre los discursos del odio hubiesen sido más duras y las obras de Van Gogh se hubieran prohibido, seguiría vivo”.

El triunfo de la libertad de expresión en el caso de la sátira sobre el dictador norcoreano ha sido a medias. Las amenazas no han impedido que quien lo desee pueda ver la película en EE UU, en salas u online. Pero los 3.000 cines comerciales que debían estrenar La entrevista no lo han hecho. En el futuro, antes de invertir en un proyecto que pueda ofender a un político o un colectivo se lo pensarán. 



_________________________________________
Vetado el filme ‘Exodus’

27-12-2014
Las autoridades de Egipto y Marruecos han prohibido el estreno de la película Exodus: dioses y reyes, dirigida por Ridley Scott y protagonizada por Christian Bale. El filme narra la rebelión del profeta Moisés frente al faraón Ramsés y la liberación de centenares de miles de esclavos judíos. El Gobierno egipcio ha justificado su decisión por el hecho de que la producción de Hollywood contiene “falacias históricas”. En concreto, la Oficina de la Censura ha criticado el hecho de que se muestre a los esclavos judíos construyendo las pirámides y la gran esfinge, pues sus responsables aseguran que está probado que éstas fueron erigidas siglos antes. Asimismo, ha censurado que las aguas del mar Rojo se abran ante Moisés —también un profeta para el islam— tras un terremoto, poniendo en duda que fuera un milagro divino.
La proyección del filme en Marruecos fue prohibida unas horas antes de su estreno el 24 de diciembre, según la revista Tel Quel. El responsable de un cine de Casablanca declaró a la publicación haber recibido “amenazas” del Centro Cinematográfico Marroquí (CCM). La decisión fue acogida con sorpresa por los distribuidores, pues contaban con todos los permisos. No obstante, según la agencia Efe, la película ya se puede encontrar en el mercado negro. La producción del filme contó con un presupuesto de 115 millones de euros y se estrenó en España el 5 de diciembre.


lunes, 22 de diciembre de 2014

850.- Privatizar es robar al pueblo


Privatizar es robar al pueblo



Pedro Luis Angosto

La privatización de servicios públicos es la mayor fuente de corrupción que existe hoy en día.


Con la lucidez impar que siempre le acompañaba, en 1995 José Saramago, indignado con la ola neoconservadora que ya por entonces arrasaba el mundo, escribió lo que sigue en sus imprescindibles Cuadernos de Lanzarote: “Que se privatice Machu Picchu, que se privatice Chan Chan, que se privatice la Capilla Sixtina, que se privatice el Partenón, que se privatice Nuno Gonçalves, que se privatice la catedral de Chartres, que se privatice el Descendimiento de la cruz de Antonio da Crestalcore, que se privatice el Pórtico de la Gloria de Santiago de Compostela, que se privatice la cordillera de los Andes, que se privatice todo, que se privatice el mar y el cielo, que se privatice el agua y el aire, que se privatice la justicia y la ley, que se privatice la nube que pasa, que se privatice el sueño, sobre todo si es diurno y con los ojos abiertos. Y, finalmente, para florón y remate de tanto privatizar, privatícense los Estados, entréguese de una vez por todas la explotación a empresas privadas mediante concurso internacional. Ahí se encuentra la salvación del mundo... Y, metidos en esto, que se privatice también a la puta que los parió a todos”.

Y bien, no se puede decir mejor y en menos tiempo, la privatización es la vuelta al pasado, a ese tiempo que mitifican las películas y novelas con príncipes y guerreros intrépidos que matan por miles a los malos y terminan compartiendo lecho y fortuna con la más guapa, muchas veces su prima o su tía, fomentando eso tan maravilloso para la mejora de las especies que es la consanguinidad, hábito que ha llevado a las familias reales europeas a ser líderes mundiales en la fabricación de tontos de cartel y malos sin escrúpulos. 

Sí, privatícese todo lo que se mueve y lo que no se mueve, que no haya nada que no pertenezca a quienes lo tienen ya todo, que la vida vuelva a ser igual a la que existía antes de la Revolución Francesa, cuando reyes, reyezuelos, príncipes, duques, condes, marqueses y arrimados por vasallaje decidían lo que los demás tenían que hacer, sobre su hacienda y sobre su vida, sobre el curso de los ríos y la virginidad de las siervas de la gleba, regresemos a aquel pasado idílico donde los que combatían con una espada en la mano y una cruz en la otra podían violar sistemáticamente a cuantas personas apeteciera con la bendición del Santísimo, a las mazmorras subterráneas sin luz ni pan, a los asesinatos en masa de quienes osaban protestar por las alcabalas, sisas, millones, tercias y diezmos que año tras año sumían a la población en la miseria absoluta, a ese tiempo en que todo lo que veía tus ojos y mucho más era del Señor, quién además dictaba las leyes a su conveniencia y castigaba a los malos según le salía del arco del triunfo. 

Llenemos los palacios de los banqueros de bufones y criados, las catedrales de rezadores que imploren porque Dios los acoja en su seno lo antes posible, hagamos de este mundo un infierno tal infernal que el otro, el que nos prometían caso de no ser buenos y obediente, nos parezca una guardería de lechales cuando llegue la hora postrera. ¿Quién mejor para gestionar la cosa pública que aquel que ya lo tiene todo y concibe las relaciones humanas como un puro negocio, como explotación, como maximización del beneficio a costa de lo que sea? ¿Quién más adecuado para dar de comer al hambriento que el aquejado de gota hastiado de comer carnes rojas? ¿Quién más eficaz para vestir al desnudo que Amancio Ortega con sus misas y sus costuras orientales? ¿Quién más diestro en manejar el bisturí que el galeno que cada vez que interviene un riñón, un corazón o un ojo ve crecer su maravillosa cuenta en Suiza y unas vacaciones de aquí te espero en las islas más recónditas y caras del mundo? ¿Quién mejor que los curas, que tienen hilo directo con El Creador, para educar y formar las conciencias descarriadas por lo mundano de nuestros hijos, sobrinos y primos en tercer grado de afinidad? ¿Para qué pagar impuestos al Estado dilapidador si podemos entregar nuestro dinero cómodamente al cacique que nos corresponda según apellidos, lugar de nacimiento y estirpe para que nos proteja de él mismo y de sus generosos amigos de lucha? ¿Por qué gastar un solo ducado en funcionarios públicos si podemos hacerlo todo gratis mediante voluntarios y damas de la caridad, aportando además el valor de lo que se hace por vocación y amor cristiano? Sí, privaticémoslo todo, hagamos que nuestro trabajo, nuestro sudor, nuestro esfuerzo se ponga al servicio de los nuevos señores feudales globales, porque ellos sí que saben.

Hace unos días el ministerio de Defensa ha anunciado a bombo y platillo en todos los medios del régimen que ha logrado ahorrar diez millones de euros “desexternalizando” lo que hace años “externalizó”, es decir que hace años el ministerio privatizó una serie de servicios públicos de su competencia y se los entregó a un grupo de amigos para su lucro personal y societario con el consiguiente encarecimiento de los mismos, servicios que ahora ha vuelto a hacer públicos, como si de un gobierno bolchevique se tratara, con la consiguiente y natural disminución de costes. Esta noticia, que no es más que la constatación oficial de que privatizar es robar a mansalva y atentar contra los derechos de todos, es tremenda, porque al reconocer el ejecutivo que la privatización nos costaba mucho más dinero a todos, está implícitamente admitiendo que durante los años que duró la privatización de esos servicios –y de todos- se ha estado pagando mucho más a particulares y allegados de lo que el servicio costaba, vamos que nos estaban robando, nos roban y nos seguirán robando salvo que algún día recuperemos el juicio y seamos capaces de coger un barco, llenarlo con todos los malnacidos defensores de las privatizaciones y demás chanchullos medievales, lo llevemos a altamar y, una vez allí, lo torpedeemos sin el menor remordimiento.

La privatización de servicios públicos es la mayor fuente de corrupción que existe hoy en día. Privatizar quiere decir que se entrega un servicio público a unos particulares para que lo gestionen a sabiendas de que esos particulares no hacen nada altruistamente sino que lo hacen para enriquecerse, lo que implica que el lucro vendrá de dos partidas: Una, la disminución de costes laborales y de otro tipo con el progresivo deterioro del servicio que se presta; otra, directamente de los presupuestos del Estado cuando eso no baste para alcanzar el lucro que se pretende. Privatizar, es por tanto, un delito, uno de los más graves delitos que puede cometer un gobernante y permitir un gobernado.