martes, 29 de abril de 2014

771.- Las cárceles de casi la mitad de países europeos están abarrotadas

                                       Imagen de la prisión de Alcalá Meco / EFE


Las cárceles de casi la mitad de países europeos están abarrotadas



Europa tiene 1,73 millones de presos. La ocupación media de las prisiones europeas es del 98%

La densidad en España es del 84,9% con un total de 69.621 presos

El Consejo de Europa recomienda que las penas cortas sean reemplazadas por "alternativas comunitarias no privativas de libertad"

Por    Irene Castro  
29/04/2014


21 de los 47 países europeos tienen sus prisiones superpobladas. Un total de 1.737.061 personas están repartidas en las cárceles del continente con una densidad del 98% de ocupación de las capacidades penitenciarias -aunque este porcentaje varía en función de los países-, según los datos del informe SPACE del Consejo de Europa relativos al año 2012.

Serbia es el país con unas prisiones más abarrotadas, con una densidad del 160%; seguido de Italia, con el 145%; y Chipre, con un 140%. España está por debajo de la media europea, con un 89,4% de ocupación y un total de 69.621 presos -aunque esta cifra ofrecida por las instituciones españolas no contempla a los jóvenes que se encuentran en centros de menores, que en el resto de países suponen en torno al 1% de los presos-. El número de internos a nivel europeo descendió en 2012 en 90.000 respecto al año anterior, aunque el ratio de población presa se ha incrementado en un 2,7%.

De un año para otro el número de presos en España ha bajado en un 5%, aunque en los último diez años experimentó un incremento del 11%. En cuanto a las características sociodemográficas de los presos en España, sólo el 7,6% son mujeres. No obstante, esta cifra supera la media europea, que se encuentra en el 5%. El 33,6% son personas extranjeras.

El informe del Consejo de Europa difundido este martes destaca que en los países del centro y el este de Europa los presos extranjeros no exceden el 10% -por ejemplo, en Rumanía constituyen sólo el 1%- mientras que en el sur y el oeste están "sobrerrepresentados" y los porcentajes varían desde el 32% al 74% (Suiza es el país con más presos de fuera de sus fronteras, seguido de Luxemburgo, con un 69%).




Mapa de la población presa en Europa / Informe SPACE del Consejo de Europa

Un 25% de los presos sin sentencia firme

El hurto es el delito más común para entrar en la cárcel en Europa (20%) de los casos, seguido de los delitos relacionados con drogas (17%) y un 13% lo están por homicidio. En España esos porcentajes varían ligeramente: el 30,7% de los presos cometieron robo (la media europea es del 12,5%) y un 25,8% entraron en prisión por delitos de drogas, mientras que sólo el 3,9% lo hizo por hurto. El porcentaje de homicidios también está por debajo: el 7,1%.

En cuanto a las condenas, el 25% de los presos en Europa no tienen una sentencia firme. Un 20% cumplen condenas inferiores a un año, mientras que en torno al 11% están condenados a 10 o más años de cárcel. En el caso español, las cifras reflejan que los condenados a menos de un año entran menos en prisión que en el resto de países del entorno (8,3%), mientras que las penas largas son ligeramente más habituales (19,7%).

El Consejo de Europa destaca que, aunque se ha incrementado la concesión de libertad condicional, hay sistemas judiciales que no introducen casi penas alternativas a la prisión. En este sentido, aconseja que las condenas a penas cortas sean reemplazadas por "alternativas comunitarias no privativas de libertad". Otra de las advertencias del informe en relación a la superpoblación carcelaria es que entran en las prisiones europeas un tercio más de personas de las que salen.

Suecia, 620 euros al día por interno; Ucrania, 3 euros

El gasto medio por día e interno es 103 euros en el continente, según los datos manejados por los redactores del informe, que advierten de la "gran disparidad" existente entre los países de Europa. La media de gasto la disparan únicamente cinco países (Noruega, Suecia, Liechtenstein, Holanda y San Marino) que invierten 200 euros al día por cada preso.

Por el contrario, el grueso de países (el 55%) confiesa gastar menos de 50 euros diarios. España está por encima de esa cifra con una inversión de 64,99 euros al día por cada recluso. Los países con menos dinero destinado a la población presa son: Bulgaria y Ucrania (rondan los 3 euros), y Armenia y Moldovia (en torno a los 6 euros).

El informe del Consejo de Europa concluye que esos gastos "son normalmente inversamente proporcionales a los ratios de población presa", es decir, que "los países con mayores gastos por interno por día son generalmente aquellos con menor porcentaje de población reclusa".



Eurodiputados llaman la atención sobre la degradación de prisiones en Italia


EFE - Bruselas
31/03/2014 - 16:05h  

Eurodiputados de la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo (PE) llamaron hoy la atención sobre la degradación de las situación en las prisiones en Italia tras una visita al país entre el 26 y el 28 de marzo.

"La Eurocámara está preocupada por la degradación y la sobre población de las prisiones italianas", dijo el presidente de esa comisión parlamentaria y miembro de la delegación que ha visitado el país, el eurodiputado Juan Fernando López Aguilar (PSOE), según un comunicado.

"La Comisión de Libertades Civiles del PE ha podido constatar la falta de adecuados recursos presupuestarios y voluntad política para mejorar las rudas y obsoletas condiciones en los centros penitenciarios", añadió el eurodiputado socialista.

López Aguilar dijo que la UE "debe marcar la diferencia cuando se trata de lidiar con los ciudadanos más desprotegidos y que, en ese sentido, los eurodiputados seguirán vigilando la situación de los detenidos en los Veintiocho para asegurar que se respetan los derechos fundamentales".

La delegación parlamentaria, formada por eurodiputados de España, Italia, Hungría y Lituania, se ha reunido durante su visita con el ministro italiano de Justicia, Andrea Orlando, y el director del departamento de centros penitenciarios, Giovanni Tamburino.

Igualmente se reunieron con miembros de la cámara italiana tras visitar las prisiones de Rebibbia, Poggioreale y Nápoles, en las que mantuvieron entrevistas tanto con los prisioneros como con sus funcionarios.




La superpoblación carcelaria en Bélgica alcanza un máximo nivel histórico

EFE - Bruselas

La superpoblación carcelaria en Bélgica ha alcanzado un máximo nivel histórico, con 11.855 internos, aunque teóricamente sólo hay espacio para 9.600, informan hoy los diarios flamencos "Het Gazet van Antwerpen" y "Het Belang van Limburg".

Además, 2.682 criminales con penas de menos de tres meses están cumpliendo sus condenas desde casa, mientras que aquellos con castigos inferiores a los seis meses están en una lista de espera para entrar en el sistema de vigilancia con brazaletes electrónicos, según ambos rotativos.

En Amberes, 578 personas no están cumpliendo todavía su condena, por lo que la ciudad acumula hasta una quinta parte de todas las interrupciones de castigos en Bélgica.

Hace un año, la ministra de Justicia belga, Annemie Turtelboom, anunció que quería hacer frente a la impunidad y prometió que todas las sentencias se llevarían a cabo.

"La ministra mantendrá su palabra pero eso requiere tiempo", afirmó la portavoz de la ministra en declaraciones a la Agencia Belga, y añadió que este año se han creado 250 nuevas plazas carcelarias.

Asimismo, señaló que se abrirán nuevas prisiones el próximo verano en Leuze y Beveren (en el este y norte del país) y se extenderá el sistema de vigilancia electrónica antes de finales de 2013.




El Consejo de Europa cree que los recortes del Gobierno degradan los derechos humanos


El Consejo de Europa alerta de que los recortes sociales, en sanidad y educación, han conducido a España a un "preocupante incremento de la pobreza"

Un informe recuerda que España tenía sanidad universal hasta 2012 y lamenta el impacto negativo de las medidas del ministerio de Ana Mato

La institución europea vuelve a exigir la identificación de los antidisturbios y rechaza el "excesivo uso de la fuerza" en las manifestaciones contra la austeridad

Por Irene Castro  


El Consejo de Europa advierte al Gobierno de Mariano Rajoy de que la política de recortes está provocando una degradación de los derechos humanos de los ciudadanos. Lo hace en las conclusiones del Comisario de Derechos Humanos tras su visita a España el pasado mes de junio. Nils Muižnieks alerta de que los recortes sociales, en sanidad y en educación han conducido a un "preocupante incremento de la pobreza de las familias" e insta a las autoridades españolas "a hacer más por garantizar el respeto de los derechos humanos de los grupos más vulnerables en el contexto de las medidas de austeridad".

El informe muestra una especial preocupación por la situación de los niños, los jóvenes y las personas con discapacidad, para quienes solicita una "protección especial". "España debería asegurar una protección social mínima para todos", expresa.

"El crecimiento de la pobreza infantil tiene un devastador impacto a largo plazo en la infancia y el país", señala Estrasburgo, que considera que han sido "desproporcionalmente" afectados por los recortes hasta el punto de llegar a tener problemas nutricionales e incluso de indigencia. Por ello, el Comisario insta a las autoridades a "adoptar e implementar estrategias más vigorosas y coordinadas para abordar los problemas de raíz de la pobreza infant¡l y prevenirla". En este sentido, celebra que Andalucía destine 120 millones de euros para asegurar que 47.000 menores acceden a la alimentación básica.

El Comisario para los Derechos Humanos critica el impacto negativo que generan los recortes en Educación llevados a cabo en los últimos tres años por ir en detrimento de la "igualdad de oportunidades". También insta al Gobierno de Rajoy a reconsiderar la abolición de la asignatura de Educación para la Ciudadanía y destaca que los contenidos educativos sobre derechos fundamentales son "clave para combatir la intolerancia y desarrollar generaciones de ciudadanos activos y responsables".

"Había sanidad universal hasta 2012"

El Consejo de Europa recuerda que el sistema sanitario era universal en España hasta 2012 y que el departamento que dirige Ana Mato ha eliminado a los inmigrantes en situación irregular del acceso a la sanidad pública. En este sentido se hace eco de las denuncias de organizaciones sociales sobre la denegación de la atención o la tarjeta sanitaria a los hijos de ciudadanos sin papeles. "Esta práctica es contraria al Convenio de los Derechos Infantiles de la ONU", sentencia el escrito.

Igualmente, repasa las medidas en materia de sanidad que perjudican el acceso la salud: "Los recortes masivos en personal médico, en la financiación de los centros de salud públicos y otros servicios de atención primaria, el cierre de los servicios de urgencias y el copago de las medicinas". 

También hace hincapié en los desahucios y su impacto en familias y niños. El informe destaca que se han llevado a cabo casi 400.000 desahucios en cinco años. Estas actuaciones "generan elevados niveles de estrés y afectan negativamente a la vida de los niños, especialmente en su salud y educación". "Cuando los desahucios se llevan a cabo mediante los Cuerpos y Fuerzas de seguridad, suelen ser traumáticos para los menores", señala el informe.

Preocupación por el uso de la fuerza en manifestaciones

La institución europea muestra su preocupación por las denuncias del "uso excesivo de la fuerza, incluyendo los disparos de pelotas de goma", por parte de la policía en las manifestaciones contra los recortes y señala la "frecuente falta de indentificación de los agentes en este tipo de protestas, que ha impedido la persecución y sanción de quien ha perpetrado abusos". "Las autoridades deben mejorar el sistema de identificación, especialmente de los antidisturbios", vuelve a exigir.

Además, insiste en que se debe "combatir y erradicar la impunidad, especialmente si se ha institucionalizado". "El Gobierno debe acabar con la práctica de conceder indultos a los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado envueltos en graves violaciones de los derechos humanos, incluyendo la tortura", sentencia el Comisario antes de solicitar la creación de un sistema de quejas indepentiente y eficaz para denunciar este tipo de acciones.

El Consejo de Europa es una institución de la que forman parte 47 estados europeos, entre ellos España. La organización, situada en Estrasburgo pero sin ser una institución de la Unión Europea, pretende promover los valores de la democracia, los derechos humanos y el estado de derecho. 


770.- La Guardia Civil enaltece el terrorismo




La Guardia Civil enaltece el terrorismo

Por Isaac Rosa  
28/04/2014   

La Guardia Civil enaltece el terrorismo. Los gobernantes también enaltecen el terrorismo. Y varios medios de comunicación, y algunos jueces. Todos enaltecen el terrorismo. Obviamente no en el sentido que da el Código Penal al enaltecimiento, sino en el significado literal de enaltecer: poner en alto, ensalzar, engrandecer, hacer grande algo.

Hablamos de ETA, por supuesto, pues es el común denominador en los tuits de los detenidos ayer. Y si de ETA se trata, cada acción antiterrorista del Estado contra un terrorismo que ya no existe, del que solo queda una banda residual que no sabe cómo echar la persiana sin que parezca una derrota absoluta; cada acción antiterrorista contra ese terrorismo fantasma es una forma de enaltecerlo, de ponerlo en alto, de hacerlo más grande de lo que es.

Me da igual lo que hayan escrito los detenidos en las redes sociales. Me da lo mismo si son unos salvajes o unos cretinos, si de verdad defienden lo que dicen o solo son unos bocazas, o si tienen un humor despiadado. Eso es insignificante al lado de la ruidosa operación policial de ayer.

Si han cometido algún delito, aun sabiendo lo delgada que es la frontera entre la libertad de expresión y el delito de opinión, por supuesto debe actuar la justicia. Pero que lo haga con proporción y sin “enviar mensajes”. Si han humillado a víctimas, si han amenazado, se les puede denunciar, citarlos, juzgarlos, multarlos, y que se defiendan y recurran si no están de acuerdo. Pero montar una operación antiterrorista a la antigua usanza, con nombre peliculero (“operación Araña”), con vídeo, con nota de prensa escrita con prosa de viejos tiempos (“se han intervenido teléfonos móviles y material portable informático…”, como si fuesen kilos de dinamita y pistolas), con detención a domicilio, con intervención de ¡la Audiencia Nacional! Es decir, buscando el espectáculo, agrupando como si fuese una banda a una veintena de personas que ni se conocen entre sí, y todo con el objetivo de “enviar un mensaje”. ¿Desde cuándo el aparato judicial y policial se dedica a enviar mensajes? ¡Pues que usen Twitter para enviarlo! Y además, ¿un mensaje para quién?

Durante años hemos levantado una enorme máquina policial y judicial para combatir el terrorismo. Una máquina poderosa, que solo sabe golpear a lo grande, que a menudo entra como elefante en cacharrería, llevándose por delante lo que haya. Durante mucho tiempo la máquina funcionó a pleno rendimiento, pero la lucha contra el terrorismo incluía abusos, excesos, que no nos llamaban mucho la atención porque la acción de ETA parecía justificarlo todo, o así lo creímos, equivocadamente. Ahora que no hay ETA, de repente vemos la máquina tal cual es, y nos espanta cada vez que golpea.

 Ahora que no hay terrorismo no saben qué hacer con esa máquina, cómo detenerla, como desarmarla. Parece a veces que funcionase con el piloto automático (con el guardia civil automático, el juez automático), por inercia, alguien olvidó apagarla. Pero en tiempos de conflicto y represión creciente como los que vivimos, habría que apagar y desguazar cuanto antes esa máquina, porque resulta peligrosa, puede haber quien esté tentado de seguir usándola y para otros fines, es un arma cargada que se dispara con solo rozar el gatillo.




La Guardia Civil detiene a 21 internautas 
por "enaltecimiento del terrorismo"

Un vídeo de Interior muestra como las ofensas a Irene Villa y Miguel Ángel Blanco proceden de uno solo de los arrestados

Otros detenidos repiten lemas en euskera a favor de la "lucha armada" o se mofan de Carrero Blanco por el atentado de ETA 

Uno de los detenidos es Aitor Cuervo Taboada, quien se define como "proyecto de poeta y aprendiz de revolucionario"

Por Pedro Águeda   
28/04/2014 - 


La Guardia Civil ha puesto en marcha este lunes desde las 9.00 de la mañana una operación a gran escala contra el "enaltecimiento del terrorismo y la humillación de las víctimas" en la redes sociales e internet en la que han llevado a cabo un significativo número de detenciones a lo largo de varias provincias españolas, según fuentes próximas a la investigación.

Si bien se trata de casos distintos, el Ministerio de Interior ha decidido agruparlos en una sola operación para enviar un mensaje político sobre los límites de la libertad de expresión en las redes sociales. A media tarde de hoy, el Ministerio del Interior ha informado de 17 arrestos sin descartar que se produjeran más, ya que la 'Operación Araña' -como ha sido bautizada- sigue abierta. Al final, el número total de personas arrestadas fue de 21, según fuentes oficiales.
La mayoría de las detenciones se ha producido en Euskadi y Navarra, con un total de 12. En Galicia, Asturias y Castilla y León se ha detenido a una persona por comunidad autónoma, y otras dos en Cataluña. Los arrestados utilizaban presuntamente Twitter o Facebook para enviar mensajes en los que, por ejemplo, se burlaban de víctimas de ETA como Irene Villa o Miguel Ángel Blanco. En la operación se han intervenido teléfonos móviles y "material portable informático".

Los detenidos tienen en común, según una nota difundida por Interior, haber realizado los comentarios "de forma reiterada, en perfiles públicos y con numerosos seguidores adheridos". En esos comentarios expresaban, sigue el Ministerio, "el deseo de que sigan cometiendo atentados por organizaciones terroristas aún activas, alabanzas a atentados ya cometidos, entaltecimiento de terroristas juzgados y condenados, bienvenidas a presos terroristas liberados, deseando actos de terrorismo contra determinadas personas y referencias humillantes a los daños físicos sufridos por víctimas del terrorismo".




El Ministerio del Interior ha difundido un vídeo en el que aparecen pantallazos de los mensajes. Uno, en catalán, afirma: "Vuestros muertos son nuestra alegría y nuestra diversión". Sobre el comentario aparecen unos agentes de la Guardia Civil portando un féretro con la bandera de España. Otro de los pantallazos del vídeo muestra un mensaje en Twitter que dice: "El próximo 13 de mayo hubiera sido el cumpleaños de Miguel Ángel Blanco pero ooooooh, ETA le metió dos tiros en la chola #quesejoda #púdrete".

La mayoría de los mensajes ofensivos a las víctimas que ha mostrado la Guardia Civil pertenecen a un mismo usuario, como muestra la foto del perfil que se repite. En uno de sus mensajes, el usuario le dice a otra internauta: "Eres el ejemplo perfecto de lo que no debe ser una mujer. Lástima que no haya ETA para que fueras la nueva Irene Villa".

Algunos de los mensajes de otros usuarios animan en euskera a la "lucha armada" de ETA y uno se mofa del asesinato de Carrero Blanco. En uno de los comentarios de Facebook, uno de los detenidos afirma: "ETA despellejaba a lo sumo un par de concejales al año y el estado decía de ellos que eran unos malvados terroristas y los perseguía, torturaba, mataba y encarcelaba. Y sin embargo, los bancos asesinan a diario y aquí no pasa nada, el estado los ampara, protege y defiende".

La operación está dirigida por el el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, por estar de guardia. Fuentes jurídicas apuntan la posibilidad de que los detenidos ni siquiera sean trasladados a la Audiencia Nacional y Velasco derive sus interrogatorios a juzgados locales. 


Con los presos

eldiario.es ha tenido acceso a las identidades de algunos de los detenidos y ha buscado en perfiles de Twitter y Facebook. Entre ellos está Aitor Cuervo Taboada, en Twitter con el perfil @Aitor_Cuervo. En su blog, se define como "proyecto de poeta y aprendiz de revolucionario". En sus tuits de las últimas semanas no hay referencias a ETA ni a sus víctimas. Otros mensajes que ha colgado en la red social elogian los enfrentamientos con los antidisturbios el 22-M o expresan mensajes de solidaridad con presos del GRAPO, sin que haya en estos tampoco alusión a las víctimas.

Otro de los arrestados es Félix Urbistondo Fernández. Con ese nombre no aparece ningún usuario en Twitter, pero con el nombre y el primer apellido se encuentra en Facebook un perfil en el que aparecen varias fotografías de carteles que dan la bienvenida a presos de ETA que han abandonado la cárcel. Entre otros mensajes susceptibles de haber sido objeto de la investigación de la Guardia Civil está uno de "aupa gudaris" bajo las fotos de Iñaki de Juana Chaos y José Antonio Urrutikoetxea, 'Josu Ternera'. Tampoco en este perfil de Facebook aparecen referencias a víctimas de la organización terrorista.

En la lista de arrestados está María del Carmen Dorronsoro Yurramendi. En Twitter y Facebook hay sendos perfiles de Karmele Dorronsoro Yurramendi, pero ninguno de ellos encaja en la descripción de Interior de "numerosos seguidores adheridos". En Twitter solo tiene 37 seguidores y 76 comentarios, algunos de ellos solicitando la concesión de asilo en Venezuela a Asier Guridi, condenado en España a diez años de cárcel por incendio y estragos terroristas. En Facebook cuelga una foto de un cartel reclamando la vuelta de presos de ETA y asegura que son de su "cuadrilla".


Eldiario.es



769.- La voz del genocidio ruandés

Valerie Bemeriki fue una de las presentadoras estrella de la radio del odio ruandesa durante los días del genocidio/ Jon Cuesta


La voz del genocidio ruandés: 
"Decíamos que eran los enemigos, que no debíamos vivir con ellos"


Entrevistamos en una prisión ruandesa a Valerie Bemeriki, una de las presentadoras de la radio que incitó al odio en el genocidio de Ruanda, condenada a cadena perpetua

"En el colegio nos enseñaban a odiar a los tutsis. Nos decían que cuando recuperaran el control del país nos exterminarían"

"Cuando naces y creces en ese entorno, es difícil distinguir entre el bien y el mal"

Por Jon Cuesta   - Kigali (Ruanda)
27/04/2014 

Era un día normal de mayo de 1994 en Kigali. Los cadáveres se amontonaban con una terrorífica naturalidad, y la muerte se había normalizado de tal manera que formaba ya parte del paisaje cotidiano en la capital de Ruanda. Valerie Bemeriki, una de las presentadoras estrella de la Radio Television Libre Des Mille Collines, tenía por aquel entonces 38 años, y fue personalmente a felicitar a un grupo de jóvenes que habían masacrado a toda una familia tutsi. "Vuestro trabajo es un ejemplo para la juventud", les dijo. "Era necesario matar a esta gente y lo hicisteis". Solamente tenía una queja. El padre de la familia había sido asesinado de un tiro en la cabeza. "Deberíais haberle cortado en pedazos".

Hoy, 20 años después, una señora bajita de mal aspecto camina con dificultad por el patio de la prisión central de Kigali, apoyada en un bastón. Calza unas zapatillas deportivas y viste un uniforme naranja, el mismo color que llevará todos los días de su vida hasta que la muerte le libere de la cadena perpetua. Valerie Bemeriki pasa las horas encerrada en este lugar desde 1999, año en que fue detenida en el sur de Kivu, en la República Democrática del Congo, y trasladada a Ruanda bajo acusaciones de planificación de genocidio, incitación a la violencia y complicidad en varios asesinatos. Bemeriki se escondía en el país vecino desde julio de 1994, cuando se vio obligada a huir de Ruanda después de que Paul Kagame y las tropas del Frente Patriótico Ruandés ocuparan el país y pusieran fin al genocidio. Hasta el momento de su detención, Bemeriki estaba incluida en la lista 100 personas más buscadas que el Gobierno elaboró tras el genocidio ruandés.

A pesar de su gesto agrio y de una infección labial que le dibuja si cabe un aspecto más desagradable, es complicado imaginársela alentando a sus oyentes a coger los machetes. No queda rastro de esa líder mediática que interrumpía los espacios radiofónicos de música moderna de la emisora RTLM para animar a los radioyentes a salir a matar a sus vecinos. No hay señal de esa presentadora que leía en antena listados con nombres y apellidos de 'inyenzi' –'cucarachas', en ruandés– para condenar a cientos de seres humanos a una muerte segura. Que desvelaba direcciones de las víctimas y los lugares donde se escondían.

"¿Realmente estabas de acuerdo con los mensajes que dabas a tu audiencia?", preguntamos. Valerie Bemeriki responde rápido, como si fuera una respuesta aprendida que ha tenido que responder en mil ocasiones. "Desde que tenía 4 años, en el colegio, nos enseñaban a odiar a los tutsis. Nos decían que no nos querían, que eran nuestros enemigos y que cuando recuperaran el control del país nos exterminarían", recuerda. "Años después, como presentadora de radio, creía firmemente que estaba haciendo mi trabajo, que tenía que defenderme a mí misma, a mis familiares, a todos los hutus y a mi país".


Bemeriki, presentadora estrella de la radio que incitó al odio durante el genocidio de Ruanda, nos atendió en una sala de costura de la prisión central de Kigali./ Jon Cuesta



Insistimos en su responsabilidad, en si la educación y el entorno de aquella época justifican actos criminales tan bárbaros. "Se planteaba como una cuestión de asesinar o ser asesinado", dice. "Instalar el odio en nosotros llevó muchísimos años a través de las instituciones, la escuela, las canciones. Cuando naces y creces en ese entorno, es difícil distinguir entre el bien y el mal".

15 años de cárcel la han hecho envejecer 30, quizá por las deplorables condiciones de una prisión apodada '1930' en referencia al año en la que se construyó. Sus instalaciones apenas se han renovado desde entonces. Seguramente por ello, la directora de la prisión nos niega una y otra vez la posibilidad de adentrarnos al interior de sus muros y presenciar la miseria y hacinamiento que ya han denunciado distintos organismos humanitarios en varias ocasiones.

"La radio se creó con la idea del genocidio"

Con el nacimiento en 1993 de la RTLM, una emisora financiada por familiares del presidente Juvénal Habyarimana y controlada por la facción hutu más extremista del partido en el poder, se inauguró la más eficaz de las armas de propaganda del régimen en su propósito de inyectar el odio étnico en la población. Por aquel entonces existían ya varios medios impresos como Kangura que incitaban al odio hacia los tutsis, pero el alto grado de analfabetismo y la facilidad de acceso a los transistores colocó a la RTLM como referencia mediática y fuente de inspiración violenta para la población.

"La radio fue creada con el objetivo de implementar la idea del genocidio", comenta Bemeriki. "Todas nuestras intervenciones en antena eran discursos de odio en los que decíamos que los tutsis no era ruandeses, que eran nuestros enemigos y que no deberíamos vivir junto a ellos".

A principios de los 90, uno de cada trece ruandeses tenía un receptor de radio. La Radio Television Libre Des Mille Collines ofrecía un modelo radiofónico occidental, música actual y diálogos informales. Su estilo pronto enganchó a los jóvenes que posteriormente formarían las 'interahamwe' -'aquellos que luchan juntos'-, milicias radicales hutus que protagonizaron algunos de los capítulos más sangrientos del genocidio.



Casi un millón de personas, la mayoría de la etnia tutsi o hutus moderados, fueron masacrados en Ruanda entre abril y julio de 1994. Lugares como la iglesia de Nyamata conservan restos de las masacres que se cometieron por todo el país./Jon Cuesta



"Su aspecto es horrible con ese pelo espeso y barbas llenas de pulgas. Se parecen a los animales. En realidad, son animales. Las cucarachas tutsis son asesinos sedientos de sangre. Diseccionan a sus víctimas, extrayendo sus órganos vitales. Son bestias feroces. Pido que os levantéis y que luchéis usando todo lo que encontréis. Coged palos, garrotes y machetes, y evitad la destrucción de nuestro país".

Con afirmaciones como éstas, la semilla del odio se había mutado para el 6 de abril de 1994 en una peligrosa bacteria inoculada en la mayoría de la población, de mayoría hutu. Esa noche, Valerie Bemeriki hacía guardia en la emisora. El país vivía una tensa calma, pero nada hacía presagiar la magnitud de la que se avecinaba. A las 8.20 de la noche, cuando el presidente hutu Juvénal Habyarimana volvía junto con el presidente de Burundi, Cyprien Ntaryamira, de firmar los acuerdos de paz de Arusha, el avión presidencial fue derribado por dos misiles en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Kigali. "Cuando me llegó aquella noche la información de lo que había pasado, pensé que nosotros [el resto de los hutus] seríamos los siguientes en morir y que teníamos que defendernos del enemigo que había matado a nuestro presidente".

La maquinaria mediática ya había hecho un buen trabajo previo meses atrás. Ahora sólo quedaba pasar a la acción y guiar toda la furia asesina. "Utilizábamos nuestra influencia y la capacidad de llegar a la audiencia para orientar a las masas hacia los lugares donde se escondían los tutsis", reconoce la ex presentadora. "Hacíamos llamamientos continuos a las milicias callejeras y a los soldaros del Gobierno para que mataran a todos los tutsis".

A pesar de diversas investigaciones, todavía hoy no se sabe si fueron hutus radicales o rebeldes tutsis los responsables de aquello, pero fue la señal para llevar a cabo la mayor atrocidad de la historia reciente: el exterminio de alrededor de un millón de personas a machetazos y en tan solo 100 días.

Reconciliación obligada

20 años después de que el país quedase totalmente destrozado, Ruanda es un espejismo para el visitante, un ejemplo de reconstrucción en tiempo récord y un caso sin precedentes en el continente negro. Los coches respetan las normas de circulación, los autobuses salen puntuales, las carreteras se conservan en buenas condiciones y miles de empleados se afanan por mantener limpias todas las calles. Los parques de la capital, Kigali, no tienen nada que envidiar a los parques de cualquier capital europea, la población es respetuosa y apenas hay robos o crímenes. Todo ello, junto con el espectacular desarrollo económico del país, hace que Ruanda sea según el informe 'Doing Business 2014' el segundo mejor país para hacer negocios en África y esté incluso por encima de España.

A ojos de la comunidad internacional, todas estas brillantes luces impiden ver la oscuridad política de Paul Kagame y la imposición de una versión oficial, la de los vencedores. En Ruanda, la distinción étnica sigue siendo una gigantesca realidad. Hay casos de matrimonios mixtos y todos los niños juegan juntos en el patio del colegio, pero ha pasado muy poco tiempo y aunque existen casos admirables de convivencia, unos y otros aún se guardan las distancias.

Existen leyes que prohiben hablar de las masacres que se cometieron hacia los hutus tras el genocidio, y cualquiera que contradiga al presidente corre el riesgo de ser asesinado, como le pasó al ex jefe de inteligencia exterior, Patrick Karegeya, cuyo cadáver apareció a principios de año estrangulado en Sudáfrica, donde vivía exiliado. Gran parte de la oposición política está refugiada en Bélgica, Finlandia o Sudáfrica, y la minoría tutsi controla los puestos de mayor responsabilidad en el Gobierno, el Ejército y la empresa privada.

El miedo a la dictadura de Kagame mantiene una falsa apariencia de reconciliación, y mensajes oficiales del Gobierno como 'no somos tutsis y hutus, somos sólo ruandeses", "perdonamos y creemos en la reconciliación" o "gracias al liderazgo de nuestro presidente hemos llegado hasta aquí" son repetidos hasta la saciedad delante de un micrófono por supervivientes, asesinos, miembros de organizaciones civiles y políticos.

En este punto, Valerie Bemeriki no es una excepción. Cuando la detuvieron, se consideró a sí misma una prisionera de guerra y seguía manteniendo sus ideas de odio étnico. "Pensé que me iban a torturar hasta morir, que me iban a cortar los dedos, las orejas y que me arrancarían los ojos", dice. Tiempo después, fue juzgada, pidió perdón por sus actos y se libró de la pena de muerte a cambio de la cadena perpetua. "Acepté mi responsabilidad, tomé la decisión de cambiar, y ahora considero a los tutsis como a mis hermanos. Tenemos que luchar por la unidad y la reconciliación, y construir nuestro país sólo como ruandeses".





                                     Dafroza Gauthier./ Fotografía: Diana Mandiá


La mujer ruandesa que llama a la puerta del genocida escondido

La ruandesa Dafroza Gauthier es la fundadora de una asociación nacida en 2001 para desenmascarar y llevar ante la justicia a los genocidas hutus que disfrutan de un exilio tranquilo en Francia

Los testimonios aportados han sido determinantes en la condena a 25 años al capitán ruandés Pascal Simbikangwa por su participación en los crímenes de 1994

En abril se cumplen 20 años del genocidio de Ruanda

Por Diana Mandiá  


Dafroza Gauthier pasa su mano por la espalda de Jeanne Uwimbabazi cada vez que esta se queda en silencio unos segundos. Enfermera de 36 años, Jeanne perdió a buena parte de su familia a balazos y machetazos en los cien días de la primavera más terrible de Ruanda, los del genocidio de 1994.

Todavía le cuesta volver a aquellas horas de horror vividas en la Escuela Técnica Oficial de Kigali. Los suyos buscaron refugio en este colegio salesiano pensando que la presencia de Cascos Azules en el recinto los protegería, pero las tropas internacionales fueron evacuadas y a los pocos días los fugitivos estaban a solas con sus asesinos.

No es la primera vez que Dafroza Gauthier (Butare, Ruanda, 1954), también hija, amiga y vecina de decenas de víctimas de la masacre de Ruanda, escucha un testimonio así. Parte de su vida consiste en registrar los recuerdos de los supervivientes para intentar llevar ante la justicia a los que 20 años después jamás han rendido cuentas de sus actos y viven un exilio sin sobresaltos en Francia.

A las dos las han invitado a un acto en el Camp des Milles, una vieja fábrica de tejas de Aix-en-Provence con su propia historia negra: fue campo de internamiento, concentración y deportación durante la Segunda Guerra Mundial, y hoy es el único intacto y visitable en Francia.

"La justicia es algo solitario pero noble", afirma Gauthier, de 60 años, que no aparenta; alta y dueña de una sonrisa amigable que en cuestión de segundos puede convertirse en el gesto más triste. Junto a su marido, francés, Alain Gauthier, creó en 2001 el Collectif des parties civiles pour le Rwanda (CPCR), una asociación que desde entonces ha interpuesto 24 denuncias contra presuntos genocidas ruandeses refugiados en Francia.

Cuando el matrimonio Gauthier inició su búsqueda hace 13 años, Bélgica acababa de condenar a cuatro criminales hutus escondidos dentro de sus fronteras. En Francia existían ya denuncias de este tipo desde 1995, pero nunca llegaban a buen puerto. Faltaban pruebas, testimonios y, a juicio de Dafroza Gauthier, también mucha voluntad.

"No, el papel de Francia en todo esto no fue muy bonito", reprocha, esbozando una media sonrisa. "Los políticos de entonces fueron cómplices de lo que sucedió en Ruanda, el Estado francés dio armas y apoyo político y financiero. La justicia francesa ha hecho todo lo posible por ganar tiempo. Los jueces no han buscado testimonios durante años, aunque era su trabajo, y lo hemos tenido que hacer nosotros".

Un planificador de masacres

Desde 2001, el Collectif des parties civiles pour le Rwanda ha denunciado a dudosos refugiados, unas veces en solitario y otras acompañado por otras asociaciones: el sacerdote Wenceslas Munyeshyaka, que siguió oficiando misa en varios pueblos franceses a la vez que era acusado de entregar a sus feligreses de la iglesia de la Sainte-Famille a los excitados milicianos que los esperaban con machetes; el médico Sosthène Munyemana, apaciblemente instalado con su familia en Burdeos; o a Callixte Mbarushimana, que consiguió pasaporte de refugiado a pesar de las investigaciones abiertas contra él por la Corte Penal Internacional por haber dejado supuestamente a sus compañeros tutsis empleados como él en Naciones Unidas a merced de los genocidas.

Pero ninguno de estos casos ha llegado por ahora tan lejos en Francia como el de Pascal Simbikangwa, excapitán ruandés y jefe de los servicios secretos hutus, condenado el viernes 14 de marzo en París a 25 años de cárcel por su instigación a las matanzas de 1994. Refugiado en la isla francesa de Mayotte, en el océano Índico, y arrestado casualmente por falsificación de documentos en 2008, es la primera persona juzgada en suelo francés por el genocidio ruandés.

Según el Tribunal de lo Criminal de París, el condenado fue uno de los planificadores del genocidio desde su condición de alto funcionario. Unas 800.000 personas, la mayoría tutsis, perecieron en tres meses. Los testigos que declararon a lo largo de las seis semanas de juicio lo acusaron de participar en los escuadrones de la muerte, de repartir armas entre los milicianos hutus y de haber financiado y participado en el nacimiento de los siniestros medios de comunicación que alentaban las masacres: el diario Kangura y la Radio Télévision Libre des Mille Collines (RTLM), desde la que se difundían las listas de inyenzi (insectos, cucarachas) que había que eliminar.

La denuncia contra Simbikangwa se presentó en 2009, pero el trabajo de Dafroza y Alain Gauthier empezó mucho antes. Sólo la recopilación de los 30 testimonios contra este sospechoso les llevó cuatro años. Ella, química. Él, profesor. Usan sus vacaciones para viajar a Ruanda con sus abogados y encontrarse con las víctimas.

En ocasiones también visitan a presos "arrepentidos" que cuentan lo que saben a cambio de una rebaja en sus penas. "Ellos nos dan los mejores testimonios. Han trabajado para los criminales y han visto lo sucedido. No suelen ser los grandes planificadores, sino los ejecutantes, gente de la Administración", explica Gauthier.

Con el tiempo, Dafroza ha aprendido hasta qué punto los recuerdos de las víctimas pueden ser material delicado. "No podemos usar todos los testimonios. Yo soy la traductora, porque hablo kinyarwanda, y veo que hay personas muy cansadas. Tenemos que ver si el testimonio está bien construido. Hay gente muy traumatizada y no se pueden usar sus palabras. Es una desgracia pero en estos casos la justicia sólo puede llegarles a través de otros".

Muchas de las víctimas que ha conocido durante su búsqueda de testigos son mujeres, como las supervivientes de Gisagara, claves en la denuncia contra el subprefecto Dominique Ntawukuriryayo en 2007. El colectivo dio con él en Carcassonne, donde había rehecho su vida después de las masacres y colaboraba con una ONG de ayuda a niños ruandeses. Fue extraditado finalmente a Arusha (Tanzania) y condenado por el Tribunal Penal Internacional para Ruanda a 20 años de cárcel.

Una falsa etnia en el carné de identidad

La idea de buscar justicia no llegó de inmediato. Cuando el 8 de abril de 1994 asesinaron a la madre de Dafroza, Suzanne, la hija se sumió en un duelo de años. Había estado en Ruanda dos meses antes de la tragedia y durante su estancia apenas había salido en una ocasión de casa, tanta era la tensión y el medio que se respiraba ya en las calles de Kigali.

La hoy perseguidora de genocidas estaba exiliada desde 1973; el hostigamiento a los estudiantes tutsis hizo que muchos se marcharan a los países fronterizos o a Europa. Dafroza se fue a Bélgica y un día, de visita en casa de unos amigos en el sur de Francia, coincidió con Alain, antiguo seminarista y profesor en Kigali. Se casarían en 1977. Reflexionar sobre aquellos años en los que el genocidio se fue gestando le ensombrece el tono. "Mi generación ha conocido todo, el exilio, la violencia de los años 60, los campos de refugiados, el retorno".

La última vez que vio a su madre, en febrero de 1994, muchas mujeres tutsis vestían siempre con pantalones porque pensaban que eso las libraba de ser violadas. En la pequeña y montañosa Ruanda, tutsis y hutus vivían juntos en los mismos barrios, se casaban entre ellos, usaban el mismo idioma y tenían las mismas costumbres y creencias religiosas.

Pero desde 1931, el colonizador belga impuso la distinción en los carnés de identidad y las instituciones empezaron a fichar como etnias a la vieja casta privilegiada tutsi y al campesinado hutu. Así seguía siendo 60 años después, pero la buena relación de los tutsis con los belgas era ya historia; la descolonización los colocó, a ellos y la Iglesia, del lado de la mayoría hutu. Los otros empezaron a ser vistos como extranjeros y traidores, cucarachas que había que exterminar, como ordenaba la radio que emitía al mismo tiempo amenazantes soflamas racistas y exitosa música popular.

"Sólo la justicia puede acercar a víctimas y verdugos"

Durante seis semanas, los Gauthier asistieron expectantes al proceso en Francia del excapitán Simbikangwa. Para ellos, a los que sus detractores acusan de querer suplantar a la justicia o incluso de estar a las órdenes del Gobierno actual de Ruanda, ya es una victoria.

"Este proceso es muy importante para nosotros. Primero, porque tiene el papel pedagógico de mostrar qué sucedió en Ruanda. Este proceso es para las víctimas. Nuestra lucha es por ellas. Y después están los supervivientes, como Jeanne, que espera desde hace muchos años que los asesinos, toda esa gente que nunca ha admitido el genocidio, los organizadores de la máquina de matar, sean juzgados. No podemos reconstruir nuestro país de otra forma. Sólo la justicia puede acercar a las víctimas y a los victimarios", defiende Gauthier.

Dafroza conserva la esperanza de que la condena de Simbikangwa sea sólo la primera. "Hay otros dos acusados en prisión preventiva y espero que sean juzgados pronto, creo que para 2015 será posible", asegura.








lunes, 28 de abril de 2014

768.- Cuatro donantes de la caja b hicieron casi todo su negocio con Gobiernos del PP




LOS PAPELES DE BÁRCENAS 

Cuatro donantes de la caja b hicieron casi todo su negocio con Gobiernos del PP

La policía informa al juez de la relación de las constructoras con la Administración

MARÍA FABRA Madrid 27 ABR 2014

La mayoría de las empresas que figuran como donantes ilegales en la contabilidad b del PP encontraron en las adjudicaciones de las Administraciones dirigidas por los populares una buena parte de su negocio. Así lo refleja el informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) sobre el análisis de los contratos a los que accedieron, de la mano del PP y entre 2004 y 2009, los empresarios imputados en el caso Bárcenas y su comparativa con el total de las adjudicaciones públicas que lograron, independientemente del color de la Administración que se las concedió.

El informe destaca que para la cuarta parte de las 16 empresas investigadas, las adjudicaciones de gobernantes del PP supusieron más del 50% del capital que obtuvieron de la Administración. En dos de los casos, más de ocho de cada 10 euros que ingresaron las mercantiles procedían de gobiernos populares.

 
EL PAÍS

El juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, que instruye el caso, tiene ya sobre la mesa las peculiaridades de facturación de estas empresas que, en algunos casos, vivían básicamente de las obras que les daban Administraciones del PP en una época en la que el tsunami popular aún no había teñido de azul la mayoría de España, ya que el PSOE ganó las elecciones generales en 2004 y todavía gobernaba en Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Andalucía, Cataluña y Baleares.

El caso más llamativo es el de Aldesa. Las sociedades de este grupo mercantil recibieron un total de 182 contratos por parte de las Administraciones, lo que le supuso unos ingresos de más de 2.000 millones de euros. El 77% por ciento de estos fueron firmados con Gobiernos del PP, porcentaje que se eleva a casi el 91% si se tiene en cuenta el capital adjudicado. Aldesa aparece hasta en 11 ocasiones en los papeles de Bárcenas, en los años 2002 y 2003. A lo largo de estos dos ejercicios donó, según la contabilidad de la caja b, 282.000 euros. En ambos ejercicios todas las adjudicaciones públicas procedían de Gobiernos liderados por el PP.


El análisis policial tenía como objetivo apoyar o rebatir las acusaciones de cohecho que recaen sobre los empresarios que entregaron donaciones ilegales al PP, tal como figura en la contabilidad manuscrita de la caja b elaborada por Álvaro Lapuerta y Luis Bárcenas. La conclusión es que “no es posible establecer con la información de la que se dispone en estos momentos puesto que se precisan un conjunto de elementos cuantitativos, subjetivos y temporales que permitan llevar a cabo una inferencia lógica a partir de los mismos”. Es decir, con la documentación con la que cuenta, la policía no puede señalar que existiera cohecho: que las donaciones al PP estén vinculadas a las adjudicaciones que luego recibían estas empresas. Pero tampoco dispone de toda la información que le permita descartar rotundamente que exista.

“Álvaro Lapuerta dejaba muy claro que la cantidad que se recibía no llevaba aparejada ninguna contraprestación”, declaró Bárcenas ante el juez Pablo Ruz el 15 de julio del año pasado al ser preguntado por las donaciones ilegales. Ese día el extesorero del PP admitió que si se trataba de un empresario “que nos ayuda”, se le recibía. “Es una persona que nos ayuda. No tengo el menor interés en el tema que te va a plantear, lo único que quiero es quedar bien, que le invites a tomar un café, que seas amable con él y nada, absolutamente nada más”, dijo el extesorero.

Aun así, la policía expone, en cada ocasión en la que habla de una de las donaciones, los procesos electorales que se celebraron en cada uno de los años en los que se efectuaron las entregas de dinero al PP.

En el caso de Licuas, 1.156 de las 1.405 adjudicaciones que logró procedían de Administraciones en manos del PP, es decir, en número de contratos, el 82,28% procedía de los populares. Del análisis del montante adjudicado, la policía concluye que el 84,55% del dinero que le llegó de la Administración fue otorgado por el PP hasta alcanzar los cerca de 370 millones de euros.


En la contabilidad de Bárcenas se registra una entrada atribuida a esta empresa, en junio de 2004, por un importe de 60.000 euros. “En este periodo de tiempo se desarrollaron las elecciones generales a la Junta de Andalucía y las elecciones al Parlamento Europeo”, señala la policía.







El informe señala que no es posible confirmar la existencia de cohecho

En el caso de las empresas que se sitúan en el tercer y cuarto puesto de la tabla, las peculiaridades también son destacables. Constructora Hispánica —que posteriormente pasó a denominarse Assignia y es el nombre que le atribuye la policía— obtiene su mayor número de adjudicaciones por parte de Gobiernos del PP en 2003, con un total de 51 de los 53 contratos firmados.

Los propietarios de Asedes, antes Sedesa, la familia Cotino, no solo están imputados en la pieza de los papeles de Bárcenas (en los que se les imputa la entrega de 200.000 euros) sino que también están acusados de delito electoral, por el que están imputados en Valencia, al haber pagado, presuntamente, parte de la deuda de los populares valencianos con las sociedades de la trama corrupta Gürtel. El PP adjudicó a la sociedad, entre 2002 y 2009, 345 millones de euros, es decir, el 56,14% de lo que obtuvo de las Administraciones. La policía destaca las conclusiones del análisis del año 2005, cuando el Gobierno central ya había sido ocupado por José Luis Rodríguez Zapatero.

Aldesa donó los años en los que todos sus contratos fueron populares

Ese fue el año en el que Sedesa redujo la firma de contratos con la Administración, pero es el que registra un mayor volumen de adjudicaciones del Gobierno central. El hecho es que 11 de los 20 contratos que logró por un valor de más de 30 millones de euros corresponden a la Autoridad Portuaria de Valencia, donde solo tres de los 15 miembros del consejo de administración son representantes de la Administración General del Estado.

El informe de la policía concluye que no son estas cuatro las empresas que mayor volumen de adjudicación tuvieron de la Administración. FCC, OHL o Sacyr se sitúan como las que obtuvieron más capital público procedentes de Gobiernos de todos los colores. En el caso de estas tres grandes constructoras, la policía concluye que el porcentaje que consiguieron de las autoridades del PP no alcanza el 50% de la contratación pública obtenida.





domingo, 27 de abril de 2014

767.- La orquesta del Titanic siguió tocando pero sus familias no vieron ni un penique

Ilustración de los músicos del Titanic


La orquesta del Titanic siguió tocando, pero sus familias no vieron ni un penique



Los míticos músicos del transatlántico se convirtieron en héroes tocando en la cubierta del barco hasta que se hundió

A pesar de que su historia dio la vuelta al mundo y más de un siglo después continúan siendo objeto de admiración, sus parientes no recibieron ninguna compensación económica por su muerte.

Yorokobu  - Álvaro Hernández 

La escena es de sobra conocida. Durante su viaje inaugural, el RMS Titanic chocó con un iceberg en mitad del Atlántico y en la madrugada del 14 al 15 de abril de 1912 se hundió poniendo fin a la vida de 1.514 personas. La breve pero intensa peripecia del barco, construido en un astillero de Belfast, dio pie a un buen número de historias y leyendas que, con la ayuda de Hollywood, aún hoy siguen dejando boquiabierto al mundo.

Basta recordar la supuesta actitud del  capitán Smith durante los que fueron los últimos instantes de su vida: mantuvo la calma y no intentó salvarse. Se hundió junto con el Titanic tras 35 años de servicio sin apenas una mancha en su curriculum.

Otra de las grandes leyendas del trágico relato del hundimiento del navío es la que protagonizó su orquesta. Ocho hombres que no habían tocado juntos a lo largo de la travesía – formaban un quintento y un trío musical que actuaban en distintos puntos del barco -, liderados por el violinista  Wallace Hartley, cogieron sus instrumentos para convertirse en los primeros miembros de la tripulación en reaccionar ante la catástrofe: tocaron  para calmar a los pasajeros poco después de que el transatlántico chocara con el iceberg.

El desenlace también es conocido. Tocaron hasta que la inclinación del barco se lo permitió y murieron ahogados, sin haber tratado de salvar sus vidas. El drama que acabó con Hartley y los suyos solo fue el comienzo de la tragedia que tendrían que enfrentar sus familiares.

Deudas sin compensación

Legalmente, la orquesta de Hartley no formaba parte de la tripulación. Realmente, White Star Line, la empresa propietaria del barco, había contratado los servicios de los ocho músicos a través de  la compañía de Liverpool Black Talent Agency. De esta forma, los ocho componentes de la orquesta figuraban como pasajeros de segunda clase del Titanic, aunque se cree que pudieron  viajar realmente en los camarotes reservados a los tripulantes.

En cualquier caso, es innegable que los integrantes de la orquesta trabajaban en el transatlántico, pero las empresas que los contrataron no parecían tenerlo tan claro. Tanto es así que los familiares de los ocho músicos no recibieron compensación alguna tras el accidente.

Mientras los parientes de la tripulación del Titanic recibían su dinero en cumplimiento de la  Ley de Compensación de los Trabajadores Británicos, los de los músicos no vieron una sola libra. Para White Star Line eran ocho pasajeros más de segunda clase, no empleados. En cualquier caso, eran trabajadores de Black Talent Agency, pero aquella firma también miró para otro lado a la hora de compensar a sus allegados.

Como los músicos aparecían en la lista de pasajeros, los tribunales británicos dieron la razón a ambas empresas. Denigrante, sí, pero ahí no acaba la humillación que sufrió la memoria de los héroes de la orquesta.

Por si fuera poco, Black Talent Agency envió a los familiares, pocos días después de la catástrofe, la factura con los gastos del uniforme. Resulta que la agencia descontaba mensualmente una parte del sueldo de los músicos para costear el traje con el que actuaban. Al haber fallecido en el hundimiento del Titanic,  la agencia cobró a sus familiares lo que debía cada uno de ellos. De luto y, por si fuera poco, endeudados.

Caridad y un monumento especial

Wallace Hartley, Roger Bricoux, John Wesley Woodward, Fred Clarke, Percy Taylor, George Krins, Theodore Brailey y John Hume, murieron cumpliendo con su obligación y siendo fieles a su música. Sin embargo, su memoria fue mancillada por los avaros empresarios que habían contratado sus servicios.

Para paliar tamaña injusticia, varias orquestas británicas organizaron, mes y medio después de la tragedia, un concierto benéfico en el Royal Albert Hall londinense. Su objetivo era crear una bolsa de caridad con la que dar a los familiares de los fallecidos una ayuda semejante a la que estaban recibiendo los parientes de los que sí eran considerados parte de la tripulación.

Aunque en un principio las familias no recibieron dinero, y tuvieron que esperar a la caridad, al menos sí tuvieron el respeto, el cariño y la admiración de sus conciudadanos. Bien en forma de apoyo en momentos clave  como el funeral de Hartley en Inglaterra, al que acudieron miles de personas; o bien en forma de curiosos monumentos, como este memorial construido en 1913 en recuerdo de la orquesta del Titanic en Broken Hill, Australia.

Así eran las cosas en la vieja Inglaterra. Empresas y tribunales jugaron una mala pasada a los familiares de unas personas que demostraron un valor incontestable en una de las tragedias más cinematográficas de nuestra historia reciente. El tiempo parece haber puesto las cosas en su sitio. Sirvan estas líneas de homenaje a la mítica orquesta del Titanic.


Publicado originalmente en Yorokobu