681.- Médicos y abogados se rebelan contra Gallardón

Médicos y abogados se rebelan contra Gallardón

"Seguiré haciendo abortos aunque acabe en la cárcel"

Por:   vanesa.rodriguez@huffingtonpost.es

Publicado: 27/01/2014 

El anteproyecto de ley del aborto de Gallardón se ha chocado contra un muro que está siendo levantado por muchas manos. Por un lado, desde las filas de su propio partido, donde destacados dirigentes se atreven de manera cada vez más clara a cuestionar la reforma. Por otro, por ciudadanos de a pie que comienzan a organizar protestas masivas. Pero también, por profesionales, como médicos y abogados, que luchan y se organizan para que no salga adelante.

El doctor Josep Lluis Carbonell lo tiene claro. "Es una auténtica vergüenza", asegura este ginecólogo valenciano a El Huffington Post. "Ante leyes como esta, que nos retrotraen 40 o 50 años, como sociedad y como pueblo, la única posición que nos queda a ciudadanos demócratas, mujeres y hombres, es rebelarse contra ella y hacer desobeciencia civil y no acatarla", reivindica.

Carbonell lleva 30 años -"toda la vida"- dedicado a "luchar por este derecho" y asegura que no permitirá "que sea borrado de un plumazo" por lo que no tiene miedo a las consecuencias de seguir practicando abortos cuando una mujer se lo solicite, incluso gratuitos: "Si por ello acabo con mis huesos en la cárcel, así será".

La primera versión del texto mantiene la sanción de uno a tres años de prisión e inhabilitación de uno a seis años para los médicos que practiquen abortos fuera de los parámetros marcados, que se reducen a dos: violación denunciada o riesgo físico o psíquico para la vida de la madre con varios informes que así lo avalen.

El director de la Clínica Mediterránea en Valencia está convencido de que, pese a todas las restricciones, las mujeres que quieran abortar lo seguirán haciendo. "Una mujer que ha decidido abortar es capaz de cualquier cosa, es algo que he aprendido en estos 30 años de profesión", explica.

Por eso Carbonell no ve otra opción que oponerse de manera activa a la ley si esta llega a aprobarse. De momento no descubre todas sus cartas sobre cómo plantarán cara a la reforma, algo que le consta que harán "muchos compañeros de profesión".

UN BARCO EN CADA PUERTO

"Aún falta tiempo para saber cómo va a ser esta campaña de desobediencia civil, si a 'pecho descubierto' o con operativos autónomos en casas", asegura. También contempla la opción de recurrir a la ONG holandesa 'Women on Waves', que fondea barcos en aguas internacionales para que especialistas practiquen abortos en alta mar.

Precisamente colaborar con esta ONG durante los años previos a la ley de Zapatero le valió al ginecólogo numerosas denuncias de grupos provida. "He estado 25 veces en un juzgado y 10 años en libertad provisional. He ganado todas las demandas, pero estar en libertad provisional durante 10 años sin poder salir del país es bastante grave", reconoce.

Sin embargo asegura no "tenerle miedo a a nada". "Después de haber sacrificado toda mi vida a esta causa no estoy dispuesto a jubilarme en retirada", avisa.

DEFENSA GRATUITA

A su lado, estarán abogados como Manuel Huertas, un malagueño que recientemente la liaba en Twitter ofreciendo apoyo a aquellos médicos y mujeres que se puedan ver envueltos en problemas con la futura ley.

  Manuel Huertas @ManuelHuertas75 

ME COMPROMETO!!: Defenderé GRATUITAMENTE a cualquier mujer o médico que fueren acusados practicar un #aborto si éste se considerase delito.

"Fue una locura", recuerda Huertas sobre la repercusión del tuit del que se hizo eco el diario El Sur de Málaga . En respuesta, muchos compañeros se han mostrado dispuestos a participar en la iniciativa, cuyo objetivo es poder formar en el futuro una plataforma a nivel nacional.

"Hay hambre en la sociedad española de que alguien ponga un poco sentido de común", afirma Huertas, que reivindica su compromiso con la sociedad. "Hago esto porque soy abogado, si fuera constructor haría casas para la mujeres que se vieran afectadas", explica.

Huertas denuncia que "todo lo que no sea una ley de plazos establece una serie de criterios que dependerá de los jueces y fiscales de turno" y señala que jurídicamente vuelve a considerar a la mujer como una "menor de edad" que siempre "necesita el consentimiento de otra persona".

Desde su despacho malagueño, Huertas anima a profesionales de toda España a que ofrezcan su respaldo jurídico a médicos y mujeres que puedan enfrentarse a algún problema en el futuro por practicar un aborto.

Por el momento, hasta ocho bufetes en Málaga ya han mostrado su voluntad de colaborar. También hay respuesta desde otras ciudades como Madrid y Barcelona, aunque Huertas señala que todavía no se ha "concretado nada" a la espera de posibles modificaciones en el anteproyecto. "Queremos esperar a ver cómo queda el texto, pero lo que realmente querría es que el ofrecimiento no sea necesario", asegura.

OBJETIVO: ABORTAR LA LEY

José Antonio Bosch, asesor jurídico de ACAI (Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción Voluntaria del Embarazo), prefiere batallar con la ley antes de que salga adelante, sin querer plantearse todavía acciones en un futurible escenario donde la ley Gallardón esté vigente.

"Vamos a intentar por todos los medios que el proyecto de ley no salga adelante. Si sale la norma, llevarla a los tribunales de derechos humanos, seguir todas las vías legales posibles y agotar todos los recursos para derogarla", explica.

El abogado también denuncia la inseguridad jurídica del texto que "utiliza conceptos sujetos a interpretación" con los que los profesionales "van a estar al albor de la interpretación que luego se haga en los tribunales de la norma por la inconcreción que conlleva".

El asesor jurídico señala que la ley despoja a la mujer de su derecho para decidir sobre su integridad. "La mujer no es imputable porque o es 'tontita' o es menor de edad. Su criterio no tiene valor".

Bosch confía en que la ley no saldrá adelante con la formulación actual pero vaticina que habrá dos frentes en los que el Gobierno no cederá: "Que no lo pague el sistema público de salud y que sean mayores de 18 años".

El abogado de ACAI prevé que el polémico texto se va a "descafeinar mucho", para lo que parafrasea al mismo Vaticano: "Es una ley que va contra 'el signo de los tiempos' e ir contra el signo de los tiempos suele ser complicado".

Aborto en Europa: las restricciones en España hacen temer por los derechos de las mujeres

EL HUFFINGTON POST  |  Por Adrien Oster   |  Publicado: 22/01/14 

En Portugal abortar está autorizado hasta las diez semanas de embarazo, frente a las 24 que permiten en el Reino Unido. En Italia es totalmente gratuito, mientras que en Letonia corre a cargo de la mujer. En Irlanda, Polonia y Malta está casi prohibido. Hay casi tantas leyes diferentes sobre el aborto como países en el Viejo continente.

Actualmente el derecho al aborto corre peligro en España por el nuevo proyecto de ley que prepara el Gobierno de Mariano Rajoy, y en Suiza también se está debatiendo sobre el tema. El próximo 9 de febrero, los helvéticos se pronunciarán mediante referéndum sobre el reembolso de la interrupción voluntaria del embarazo. El texto, elaborado por miembros de varios partidos conservadores, cuestiona el pago de los abortos por parte de la Seguridad Social. Según estos políticos, el aborto es una elección privada que no debe ser financiada por el conjunto de los ciudadanos.

En Francia, no se cuestiona el derecho a abortar, pero sus detractores se están haciendo oír. Al igual que el ministro español de Justicia Alberto Ruiz Gallardón, “convencido” de que su ley surtirá efectos en Europa, el colectivo “En marche pour la vie” (“En marcha por la vida”) -próximo al colectivo católico contra el matrimonio gay “La Manif pour tous”- desfiló en París el pasado 19 de enero para pedir la abolición del aborto. Por su parte, “Planning Familial” y otras asociaciones organizan el 1 de febrero en París una manifestación en defensa del derecho al aborto en España.

Si la mayoría conservadora del Parlamento español llega a un acuerdo sobre el texto de ley a pesar de los sondeos desfavorables y de las discordias internas (aparentemente tras las elecciones europeas de mayo de 2014), Francia podría convertirse en el destino privilegiado de las mujeres españolas que deseen abortar.

En Francia, las extranjeras y/o no residentes que soliciten la interrupción voluntaria del embarazo se acogen a las mismas condiciones que las ciudadanas francesas. No obstante, según Danielle Gaudry, ginecóloga y responsable de la comisión de aborto de la organización Planning Familial, los gastos del aborto no corren a cargo del Estado si la intervención practicada en Francia va en contra de la legislación del país de origen de la mujer.

Con la futura ley, una española que desee abortar en un centro público francés, pero cuyo embarazo no sea de riesgo o no sea consecuencia de una violación, deberá pagar la intervención.

LAS FRANCESAS, A REINO UNIDO, EEEUU... Y ESPAÑA 

“Planning Familial” estima que 1.300 extranjeras pasan cada año por sus centros para recibir orientación y consejo en un establecimiento francés. En sentido inverso, la asociación evalúa entre 4.000 y 5.000 el número de francesas que traspasan cada año las fronteras para abortar en un país con plazos legales más flexibles que los franceses. La mayoría viaja a los Países Bajos, pero también a Reino Unido, a los Estados Unidos o… a España. Desde 2010, la ley española autoriza el aborto hasta las 14 semanas de embarazo frente a las 12 semanas de Francia.

En Francia, habrá que esperar a que pasen las elecciones municipales de marzo para que la tímida indignación de algunos responsables políticos surta efecto. A partir de abril, la perspectiva de las elecciones europeas ofrecerá la posibilidad de armonizar la legislación europea y la delicada cuestión del “turismo abortivo”. Danielle Gaudry prevé una campaña europea por parte de “Planning familial” para pedir que el derecho al aborto pase a formar parte de la Carta europea de los derechos fundamentales. 

Cuando le preguntaron sobre el proyecto de ley del Gobierno español, la ministra de los Derechos de la mujeres y portavoz del Gobierno, Najat Vallaud-Belkacem, hizo referencia a ”un número de lobbies muy conservadores que, en toda Europa, intentan hacer tambalear los derechos fundamentales”. En este contexto, “tendremos que tomar la palabra, pues las elecciones europeas también son la ocasión perfecta para tratar estos temas, las libertades fundamentales”, añadió. “Los lobbies antiabortistas en Europa llevan mucho tiempo intentando que se reconozca al feto como una persona humana”, señala Danielle Gaudry. “Pero desde hace tres o cuatro años, sus movimientos han tomado auge y han logrado movilizar a la gente más allá de sus esferas habituales”.

VACÍO LEGAL EN IRLANDA

Si bien el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya condenó a varios países por no respetar sus propias leyes sobre el aborto, la Unión Europea se resiste a establecer los principios para una armonización entre los países miembros, a pesar de la resolución adoptada en julio de 2000 en la que se recomendaba a los Estados y a los países candidatos conceder el derecho a abortar. Con la condena a Irlanda en diciembre de 2010 por el vacío legal en torno a la cuestión, el Tribunal incluso estimó que Dublín se beneficiaba de un “amplio margen de apreciación”, a falta de “consenso europeo sobre la definición científica y jurídica del comienzo de la vida”.

El pasado 10 de diciembre, 10 días antes de que el Consejo de Ministros adoptara el proyecto de ley español, el Parlamento europeo rechazó un texto que reclamaba el derecho de las mujeres a abortar y a acceder a métodos anticonceptivos independientemente de cuál fuera su país de residencia en Europa. Presentado por una socialista portuguesa, el informe fue denunciado por la extrema derecha y los movimientos antiabortistas.

El mismo día, los diputados europeos prefirieron votar (334 votos a favor, 327 en contra y 35 abstenciones) un texto que reafirmaba la primacía de los Estados en cuestiones como el aborto y la anticoncepción. El nuevo texto deja así libertad a los Estados miembros para definir las políticas relativas a la salud y a la educación. En Malta, un protocolo anexado al tratado de adhesión de Malta a la Unión Europea (en 2004) garantizaba que la legislación europea actual y futura no podría modificar la ley maltesa sobre la interrupción del embarazo.

Cinco formas de abortar que reaparecerán si se aprueba la ley Gallardón

Daniel.basteiro@huffingtonpost.es       21/01/2014 

Las mujeres que quieran abortar, lo harán. La frase no es un argumento de las clínicas que se dedican a la interrupción del embarazo, sino de la Organización Mundial de la Salud, los ginecólogos y psiquiatras. “Hacer legal, seguro y accesible el aborto no incrementa significativamente la demanda. Al contrario, el principal efecto es convertir las prácticas que antes eran inseguras y clandestinas en seguras y legales”, señala un estudio publicado también por la revista The Lancet.

En 2012, último año del que hay registros oficiales, el número de abortos con la ley elaborada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero fue en total de 112.390. Según datos del Ministerio de Sanidad, son 5.000 abortos menos que en 2010, último año de vigencia parcial de la ley de 1985, la misma que el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, pretende endurecer.

Al eliminar el aborto como un derecho que no requiere justificación, al dejar fuera el supuesto de malformación e incluir requisitos como el doble análisis médico y una semana de reflexión, la nueva ley no sólo restringirá las posibilidades de abortar legalmente, sino que inevitablemente propiciará todo tipo de soluciones alternativas. Como advierte la OMS, esas prácticas pueden ser en muchos casos directamente "inseguras e ilegales", con el riesgo que eso supone para la salud de las mujeres.

Tras haber recabado información de ginecólogos, el Gobierno, clínicas abortistas y otros expertos, analizamos las distintas alternativas a la ley Gallardón:

INFORMES FALSOS

El anteproyecto del Ministerio de Justicia fía toda posibilidad de abortar al daño psíquico o físico de la embarazada. "Es una cuestión que no tiene nada que ver con la salud mental, la mujer que aborta no es una enferma”, en declaraciones de Eudoxia Gay, presidenta de la Asociación Española de Neuropsiquiatría (AEN), publicadas por El País. Puede ser una situación que derive en problemas psíquicos, pero no se ha establecido que los cause. “A veces intervenimos, pero siempre por iniciativa propia de la mujer, para aliviar, consolar, apoyarla ante la decisión que ha tomado", señala la AEN.

Ante un gran porcentaje de casos que quedan fuera de la ley, los psiquiatras se verán entre dos decisiones muy delicadas: cumplir la ley y abandonar a la mujer en un momento crucial o diagnosticar un problema mental que no existe para permitir que aborte.

"En ese momento va a haber muchos médicos que busquen la manera de que se puedan aplicar abortos", asegura a El Huffington Post Francisca García, presidenta de la Asociación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción del embarazo (ACAI). Lo mismo opina Modesto Rey Novoa, ginecólogo en el Hospital Universitario de Burgos. "Habrá muchos colegas que ayuden", asegura el facultativo, también presidente de la Sociedad de Contracepción de Castilla y León.

Es lo que se conoce como el "coladero" del daño psíquico o psicológico, que era el supuesto más utilizado antes de que no hiciera falta justificar el porqué del aborto. La posibilidad de que se viole la ley de esa manera es reconocida incluso en círculos del propio PP y ya se producía al amparo de la ley de 1985, inspiradora de la nueva reforma. Además, ese "coladero" ha sido siempre muy criticado por las llamadas asociaciones provida.

Al explicar el anteproyecto, el Ministerio de Justicia rechaza la posibilidad en una comunicación remitida a El HuffPost. "No se trata de violar el espíritu de ley si no de incumplir la ley. La mala praxis médica está regulada en el caso de los psiquiatras así como de cualquier otro facultativo". Las penas de cárcel oscilan entre uno y tres años para los médicos que firmen con los ojos cerrados partes de daños psíquicos.

EL EXTRANJERO: LISBOA O LONDRES

"Estuve abortando en Londres y me acordé de ti". La broma, en forma de camiseta de recuerdo, circula por las redes sociales para describir una realidad casi inconcebible para la España que conoció el aborto y la ley de 1985.

La necesidad de dos informes médicos, la semana de reflexión y, sobre todo, la eliminación del supuesto por malformación harán que muchas mujeres se vayan al extranjero, según coinciden los ginecólogos y clínicas que practican abortos. "Será sobre todo Portugal y Reino Unido, que tienen legislaciones que ofrecen mayores posibilidades", asegura el ginecólogo Javier Martínez Salmeán. También podrá ocurrir en Francia, Holanda y otros países del entorno. En la Unión Europea, sólo está terminantemente prohibido en Malta, donde el asunto no es ni siquiera motivo de debate público.

"El problema es que abortar en el extranjero puede costar hasta 4.000 o 6.000 euros, por lo que sólo las mujeres con recursos podrán permitírselo, dejando a las que no los tienen la única posibilidad de recurrir a métodos clandestinos en España, con los riesgos que eso comportará", asegura de Rey Novoa, del Hospital Universitario de Burgos.

En pleno siglo XXI, cuando los vuelos de bajo coste son una realidad en la vida de muchas jóvenes, el aborto en el extranjero será logísticamente mucho más sencillo siempre que pueda ser costeado. Aunque ya no se trate de una aventura en terreno desconocido, el Gobierno no se ha planteado consultar a los países de la Unión Europea sobre posibles restricciones. "El ámbito de competencia legislativa del Gobierno afecta a leyes que son aplicables dentro de su territorio y, como es lógico, no puede interferir en la legislación de otros países", aseguran las fuentes de Justicia. En otras palabras: si hay dinero, vía libre.

SEGUROS Y EN HOSPITALES, PERO ILEGALES

Una operación menor, la extirpación de un mioma en el útero o cualquier otra excusa podría servir a los médicos de la sanidad pública para realizar abortos tan seguros para la salud de la mujer como ilegales. Aunque a las embarazadas no les acarreará ninguna consecuencia, los médicos se juegan el tipo y se arriesgan hasta a tres años de prisión.

"Esa objeción de conciencia [en este caso, a la ley de Gallardón] no tiene ningún efecto legal, como sí lo estará para quienes no quieran participar en abortos", afirma Rey Novoa. "Hay algunos colegas que ya se han significado a favor y probablemente apliquen los mismos métodos que ante un aborto espontáneo cuando no se expulsa el feto", señala. "Pero además de ilegal, es muy difícil organizativamente y los médicos que acaben registrando una tasa de abortos más alta tendrán que dar explicaciones", lamenta.

"Suena bien desde el punto de vista reivindicativo, pero no es una salida", señala Martínez Salmeán. Demasiada presión para unos médicos que no quieren ser héroes sino "que se trate el aborto como un problema de salud pública", no como una "cuestión moral", tanto desde el punto de vista de la motivación de la mujer como de la ética médica.

LA PELIGROSA CLANDESTINIDAD

La Celestina (en la imagen, por Picasso), personaje clave y protagonista de uno de los libros fundamentales en el siglo XV, practicaba abortos. En el relato de Fernando de Rojas, la alcahueta y apologeta del sexo pretendía proteger el honor de mujeres en una sociedad hipócrita de nobles o cristianos viejos.

No hace falta remontarse a la literatura renacentista para encontrar abortos clandestinos hechos sin ningún tipo de cuidado, sino que ocurrieron con frecuencia antes de la despenalización. La posibilidad de que regresen "existe", reconoce Francisca García, recordando una vez más que la mujer que quiera abortar, lo hará de todos modos. "Una vez que abandonamos en el terreno de la ley, todo es posible, pero muy arriesgado al carecer de seguimiento y control médico", señala.

Si no hay dinero para irse fuera y tampoco contactos con médicos que sigan practicando abortos pese al riesgo para ellos mismos, la peligrosa clandestinidad se puede erigir en opción. "El riesgo son más abortos sépticos [con riesgo de infección], inducidos, hemorragias", señala Rey Novoa. El problema de salud física y psíquica puede ser irreparable.

TRÁFICO DE PASTILLAS ABORTIVAS

Hasta la séptima semana tras la amenorrea o desaparición del flujo menstrual, las mujeres pueden abortar con un tratamiento de pastillas conocido como mifepristona o r-486. Se trata de una forma farmacológica de interrupción del embarazo que está recogida por la ley en igualdad de condiciones que la intervención quirúrgica.

Con la ley Gallardón y los nuevos requisitos que retrasan la autorización, será mucho más difícil que dé tiempo a utilizar este método abortivo de forma legal. Por ese motivo, los expertos no descartan que pese al alto riesgo prolifere el tráfico de pastillas o su venta por internet, como pasa con otros muchos medicamentos. Sin embargo, con la ley actual ya se utiliza muy poco y el Ministerio de Sanidad no facilita datos oficiales sobre las mujeres que abortan por esa vía. "En Francia, el país que la desarrolló, es el 50% de los abortos en esas fechas, pero en España su uso es aún muy reducido, un 1% en Madrid, un 5% en Barcelona", señala el ginecólogo Martínez Salmeán.

Su actual uso limitado se explica por trabas políticas y lo consolidadas que están las intervenciones, según el ginecólogo, que trató de establecer su uso regular en el hospital de Leganés, donde fue responsable del servicio de Ginecología.

Lo que pase tras la aprobación de la ley Gallardón, con las pastillas y algunos métodos que parecían relegados al pasado, es una gran incógnita.