758.- Cinco mitos y realidades sobre la pena de muerte

Protesta contra la pena de muerte en Hyderabad, Pakistan. 10 de octubre de 2013 © Rajput Yasir / Demotix

Cinco mitos y realidades sobre la pena de muerte

Por Josefina Salomón - periodista de Amnistía Internacional en Londres

La pena de muerte tiene un efecto disuasorio sobre la delincuencia violenta y hace que la sociedad sea más segura.

REALIDAD 1

No hay datos convincentes que demuestren que la pena de muerte tenga un efecto disuasorio único.

Más de tres décadas después de abolir la pena de muerte, el índice de asesinatos de Canadá sigue siendo alrededor de un tercio inferior al de 1976.

Un estudio comparó durante 35 años los índices de asesinatos de Hong Kong, donde no hay pena de muerte, y Singapur, cuyo tamaño de población es similar y donde se llevan a cabo ejecuciones periódicamente. La pena de muerte tenía poco impacto en los índices de delincuencia.

MITO 2

La amenaza de ejecución es una estrategia eficaz para prevenir los atentados terroristas.

REALIDAD 2

No es probable que la perspectiva de una ejecución tenga un efecto disuasorio en personas dispuestas a matar y causar lesiones por una ideología política o de otra índole.

En realidad, algunas autoridades de la lucha antiterrorista han señalado en reiteradas ocasiones que las personas ejecutadas pueden ser percibidas como mártires cuyo recuerdo se convierte en punto de cohesión para su ideología o sus organizaciones.

Los grupos armados de oposición han señalado también al uso de la pena de muerte como justificación de sus represalias, continuando así el ciclo de violencia.

MITO 3

La pena de muerte está bien siempre que cuente con el apoyo de la mayoría de la población.

REALIDAD 3

La historia está llena de violaciones de derechos humanos que apoyaba la mayoría de la población, pero que posteriormente se consideraron terribles.

La esclavitud, la segregación racial y los linchamientos tuvieron el apoyo en las sociedades donde existían, pero constituían violaciones graves de los derechos humanos. 

En última instancia, los gobiernos tienen la obligación de proteger los derechos de todas las personas, aunque a veces eso suponga actuar contra la opinión de la mayoría.

Por otra parte, la opinión pública suele cambiar en función del liderazgo político y cuando se facilita información objetiva sobre la pena de muerte a la ciudadanía.

MITO 4

Se ha demostrado que todas las personas ejecutadas son culpables de delitos graves.

REALIDAD 4

En todo el mundo, cientos de presos son ejecutados tras juicios manifiestamente injustos. Esto puede incluir el uso de “confesiones” obtenidas bajo tortura, la denegación del acceso a un abogado y una representación procesal inadecuada.

Los países que más ejecuciones llevan a cabo son también aquellos en donde la imparcialidad del sistema de justicia suscita gran preocupación, como China, Irán e Irak.

Las 144 exoneraciones de condenados a muerte registradas en Estados Unidos desde 1973 demuestran que, por muchas salvaguardias legales que existan, ningún sistema de justicia está libre de error. Mientras la justicia humana siga siendo falible, no se podrá descartar el riesgo de ejecutar a un inocente.

MITO 5

Los familiares de las víctimas de asesinato exigen la pena capital.

REALIDAD 5

El movimiento mundial contra la pena de muerte incluye a muchas personas que han perdido a sus seres queridos a causa de un delito violento o que han sido ellas mismas víctimas de un delito de este tipo, pero que por razones éticas o religiosas no quieren que se imponga la pena de muerte “en su nombre”. En Estados Unidos, organizaciones como Familias de Víctimas de Asesinato por los Derechos Humanos impulsan el movimiento por la abolición de la pena de muerte, por ejemplo, en Nuevo Hampshire.

Liu Xia, antes de ser sometida a arresto domiciliario en Beijing (AP Photo / Andy Wong)

La otra "pena de muerte" en China

China, no solo es el país que más aplica la pena capital, sino que tiene una forma de condenar a muerte que no pasa por los tribunales ni está recogida en sus normas legales: la muerte por denegación explícita de atención médica a personas que están encarceladas o bajo otras formas de custodia policial. En realidad, la negación del tratamiento médico a activistas bajo custodia es una táctica habitual con el fin de debilitar o castigar a quienes defienden derechos humanos.

Por  María Baeza - Coordinadora del trabajo sobre China en Amnistía Internacional

No hace muchos días que supimos de la muerte de la activista y defensora de derechos humanos Cao Shunli en un hospital de Beijing, tras cinco meses de detención policial. Ésta, como otras tantas en los centros de detención chinos, no ha sido una muerte inevitable. La policía conocía sus graves dolencias y la familia hacía contínuas peticiones de que se le administrara el tratamiento necesario. Pero todo fue inútil y acabó sus días en un hospital al que se la llevó demasiado tarde.

Así termina más de una de las detenciones o de las penas arbitrariamente decididas por la policía. Cao Shunli ya había sido enviada a centros de reeducación por el trabajo durante un año en abril de 2010 y durante un año y tres meses en abril de 2011, por su activismo pacífico y su trabajo en favor de los derechos humanos. En esta última ocasión, unos agentes de policía la sacaron del aeropuerto de Pekín, cuando se disponía a asistir a un programa de formación sobre los mecanismos de derechos humanos de la ONU. No se supo nada de ella durante más de cinco semanas. 

China no solo es el país que más aplica la pena capital, sino que tiene una forma de condenar a muerte que no pasa por los tribunales ni está recogida en sus normas legales: la muerte por denegación explícita de atención médica a personas que están encarceladas o bajo otras formas de custodia policial. En realidad, la negación del tratamiento médico a activistas bajo custodia, es una táctica habitual con el fin de debilitar o castigar a quienes defienden derechos humanos.

Muy recientemente el mundo supo de la negativa policial al tratamiento prescrito por los médicos a Liu Xia, tras su ataque cardíaco. La presión internacional ha sido enorme, actualmente está siendo tratada en el hospital y se le ha permitido la comunicación con algunas personas. 

Albergues reconvertidos en prisiones, las "cárceles negras" de Beijing. (AP Photo / Andy Wong)

La poetisa Liu Xia, fue puesta en arresto domiciliario ilegal hace ya mas de tres años, cuando, a su esposo Liu Xiaobo, se le concedió el premio Nobel de la Paz. A Liu Xia se le ha cortado teléfono, el acceso a internet y no puede recibir visitas. Cada vez que puede salir de su casa - para hacer la compra y escasas visitas a su familia o a Liu Xiaobo en la cárcel - permanece bajo estricta vigilancia policial. Su situación es tan angustiosa que se empieza a temer seriamente por su salud mental. Se cree que padece una depresión severa. Liu Xia no ha sido acusada de ningún delito, su único "crimen" es estar casada con el disidente político y premio Nobel de la Paz Liu Xiaobo.     

Y un último ejemplo en el que si no se hace algo se producirá también un trágico final. En la cárcel sufre graves problemas de salud Abdukiram Abduveli, líder religioso defensor del derecho del pueblo uigur a practicar su religión, que lleva mas de 22 años en prisión. Su condena inicial a 12 años, ha sido ampliada, por no cooperar, en cinco ocasiones, sin que en cuatro de ellas haya habido una notificación judicial de la misma. Los periodos de incomunicación y la prohibición de las visitas de la familia han sido castigos habituales.

La familia dice que lo encuentra en un estado de salud cada vez mas deteriorado y que no recibe la atención médica necesaria. En noviembre de 2011 se notificó verbalmente a los familiares de Abdukiram  Abduveli, que éste había desarrollado cáncer de hueso y articulaciones, pero les negaron el acceso a él y sólo les permitieron verle en una grabación de vídeo. Según su madre su estado físico ha llegado a tal punto que no puede ver ni oír. 

Estos no son más que tres ejemplos de personas que nunca debieron ser detenidas, que han pagado o corren el riesgo de pagar con su vida su lucha por los derechos humanos en China, como una forma de tortura añadida a las otras muchas que sufren durante sus detenciones. Negar los tratamientos médicos que necesitan tan desesperadamente representa un acto de crueldad que, con cierta frecuencia, termina por provocar la muerte de estas personas. 

Es necesario que el gobierno chino garantice la asistencia medica necesaria a las personas que se encuentran bajo custodia policial y depure responsabilidades sobre muertes como la de la activista Cao Shunli.