jueves, 8 de marzo de 2012

332.- Sobrevivir al machismo en Guatemala




Sobrevivir al machismo en Guatemala

En 2010 se interpusieron 46.000 denuncias por violencia machista

En la última década 5.200 mujeres murieron por esta causa, la mayoría acribilladas a balazos.

“Todo el tiempo me golpeaba la cabeza, me jalaba el pelo, me daba manotazos y patadas. Y me hacía vestir de manga larga para ocultar los golpes; incluso el día de mi boda llevaba un moretón en el brazo”, nos cuenta Heidi Velásquez en Guatemala. “Así se le pasan a uno los días, las semanas, los meses, los años hasta comprender el círculo de la violencia que empieza con insultos, luego los golpes, después la luna de miel, más tarde el silencio y se reactiva”, relató al describir los 12 años de convivencia con su esposo-verdugo.

Pese a todo, Velásquez, de 32 años y madre de dos niños, tuvo suerte: encontró fuerzas para buscar ayuda y poner fin a su matrimonio y dejar atrás una historia familiar donde la violencia era la cotidianidad.

En Guatemala, de 14 millones de habitantes, poco más de la mitad mujeres, la violencia machista tiene un saldo escalofriante. El año pasado 46.000 denuncias por estos abusos llegaron al Organismo Judicial, máximo órgano del Poder Judicial en el país. Pero miles de estas víctimas no han logrado sobrevivir a la barbarie. En el decenio 2000-2010 más de 5.200 mujeres fueron asesinadas como parte de la violencia de género, la mayoría acribilladas a balazos, según la policía. La cifra rebasa a las víctimas de Ciudad Juárez, la urbe mexicana fronteriza con Estados Unidos y conocida mundialmente por la cadena de feminicidios, los asesinatos por causas sexistas que comenzaron en 1993, y que en 2010 treparon a 306, según las cifras oficiales. Velásquez ha sobrevivido a la tragedia pero no ha sido fácil. Debe encargarse sola de sus pequeños, de cinco y nueve años; acudir a terapia psicológica y afrontar una disputa legal con su ex pareja, acusada de misoginia, maltrato infantil y otros delitos. “No me arrepiento de haber tomado esta decisión. Nuestra situación económica es distinta pero no dejamos de comer y tenemos amor de hogar. Ahora respiramos otro ambiente sin sentirnos temerosos o denigrados”, expresó.
Estas luchas pueden conllevar grandes riesgos, como le ocurrió a Mindy Rodas, cuyo rostro fue salvajemente desfigurado a cuchilladas por su esposo, Eswin López, en julio de 2009. Milagrosamente la joven de 23 años y madre de un niño de cinco sobrevivió al ataque y comenzó de inmediato una batalla legal en busca de justicia. Así, mientras se recuperaba en el hospital, logró que la policía detuviera a su agresor. Pero la esperanza de justicia le duró poco. Solo días después López fue liberado por el juez. Un escrito falsificado con el desistimiento del caso le bastó para recuperar su libertad. Rodas no se rindió y buscó apoyo con organizaciones no gubernamentales y autoridades para esclarecer su caso, mientras a través de los medios de comunicación nacionales e internacionales llamaba a la lucha contra la violencia hacia la mujer. Para ello desnudaba su martirizado rostro de la mascarilla con que solía cubrirlo. Incluso en febrero de 2010 viajó a México para iniciar un tratamiento de reconstrucción facial, aunque después cayó en depresión y regresó a Guatemala. El 18 de diciembre, Rodas apareció ahorcada y torturada en una zona de la capital, junto al cuerpo de otra joven. Las dos integraron la cifra de los 680 feminicidios ocurridos en el país ese año. El juicio del caso comenzará el 16 de junio pero Mindy, como ya es conocida por todos en Guatemala, no podrá dar su testimonio. Antes de la justicia, le llegó la muerte.

El 98% de los crímenes quedan sin castigo, según la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala. “Me quedé impactada cuando me dijeron que Mindy estaba muerta. Qué triste que aquí no se puedan aplicar las leyes como se debe aún cuando se tienen las pruebas y las agresiones físicas están a la vista”, recordó Velásquez sin resistir el llanto. Norma Cruz, directora de la no gubernamental Fundación Sobrevivientes, dijo a IPS que “las mujeres deben denunciar cualquier agresión para que sea investigada”. “Mientras el agresor permanezca en casa, las posibilidades de que las mujeres sean asesinadas aumentan”, señaló esta activista, cuya fundación apoya a la familia de Rodas y a Velásquez.

El costo de denunciar al agresor es alto dado que “muchas deben abandonar su casa, amigos y familiares para evitar ser encontradas por sus parejas y, además, deben afrontar el daño psicológico post traumático”, reconoció Cruz. Aprietos económicos, atención psicológica y disputas legales son parte de los desafíos que deben afrontar las víctimas, aunque “reciben el apoyo de familiares y amigos”, agregó. Pero no toda la violencia es igual ni suele enfrentarse de la misma manera.

“Mi violencia no fue física sino psicológica. Fue algo muy sutil pero una piensa que es normal y lo hace todo por los hijos y por no querer cambiar”, dijo a IPS Telma Sarceño, de 52 años. “Se normaliza el hecho que una mujer esté bajo el mando de alguien, de que tenés que hacer esto porque sos mujer, la que nació mujer así tiene que ser y tenemos que cambiar esos paradigmas”, dijo.

Con ese propósito Sarceño y otras siete mujeres víctimas de la violencia de género montaron en 2010 la obra teatral “Las Poderosas”, en la cual reviven sus historias para denunciar este problema. “Al principio sentí miedo por mostrar al público lo que yo había pasado. Pero conforme va pasando el tiempo es todo más gratificante. Sobre todo por el mensaje que llega para cambiar vidas”, dijo Sarceño, consciente de que su caso no es el más atroz.

Fabiola Ortiz, directora de la gubernamental Coordinadora Nacional para la Prevención de la Violencia Intrafamiliar y Contra las Mujeres, dijo a IPS que “hace 10 años ni siquiera se creía que la violencia contra la mujer era un problema”. Aunque se trata de algo “muy complejo relacionado con las relaciones desiguales de poder entre el hombre y la mujer”, la funcionaria cree que ha habido avances. “Hoy hay credibilidad de la existencia del problema, contamos con una ley Contra el Femicidio, las instituciones están creando mecanismos para enfrentar el tema y las mujeres están denunciándolo más”, detalló.

Ortiz explicó que su trabajo va más allá de coordinar políticas públicas para atender a las víctimas. Su institución promueve cambios en el imaginario social a través de campañas de información y educación. Pero reconoce que es una tarea cuyos resultados toman tiempo. Mientras, los medios de comunicación reportan un primer mes de 2011 donde los feminicidios siguen su inclemente ritmo, se ha registrado una violación diaria en algunos distritos y las víctimas y sus familiares se suman a la lista de quienes no encuentran justicia.

Genocidio con saña

Susana Chiarotti, abogada argentina que integra el Comité de Expertas de Seguimiento de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, ha denunciado a IPS que en América Latina “estamos prácticamente ante un genocidio, y además oculto”.

“Si se matase a la misma cantidad de personas por ser de una etnia o grupo especial, por ser negros, judíos o indígenas, la gente reaccionaría de otra manera. Pero son mujeres y la sensibilidad desgraciadamente decae”, alegó.
Gladys Acosta, jefa para América Latina del Fondo de Naciones Unidas para la Mujer, planteó a IPS que la comunidad internacional “debe movilizarse ante el carácter de epidemia de los asesinatos en razón de género en Guatemala”, que además, como ejemplifica el caso de Mindy Rojas, están marcados por el ensañamiento.

“Muertas con decenas de cuchilladas, víctimas con cuerpos desmembrados, es una saña atroz contra las mujeres”, remarcó la especialista peruana.




Guatemala escucha los gritos 
de las víctimas de feminicidio

Danilo Valladares · Guatemala

Según información de la Comisión Presidencial contra el Racismo, en 2011 las mujeres que perdieron la vida en hechos violentos en este país fueron 705, la mayoría por arma de fuego y por causa de su género, frente a las 675 del año precedente. Ante esta realidad, el país ha querido reaccionar desde diversos ámbitos y expresiones.

El 24 de este mes, el recién estrenado presidente, el derechista y general retirado Otto Pérez Molina, creó una “fuerza de tarea contra el femicidio”, como se llama en Guatemala a los asesinatos de género, aunque las organizaciones de mujeres determinaron que feminicidio define el fenómeno de asesinadas por su feminidad. Esta unidad se dedicará a labores de inteligencia e investigación para impedir los homicidios de mujeres, tendrá al frente a la exfiscal Mirna Carrera y dependerá del Ministerio de Gobernación, encargado de la seguridad interna.

“El femicidio se está posicionando como una política de estado y se envía un mensaje a los agresores de que existe la voluntad de no tolerar estas acciones y de penalizarlas”, dijo a IPS la representante del no gubernamental Observatorio contra el Femicidio, Mayra Sandoval. La activista reconoció que el gobierno que comenzó su gestión cuatrienal el día 14 y cuyo lema de campaña fue “Mano Dura” contra la delincuencia, “está preocupado por la violencia en general”. Pero en el caso de la fuerza de tarea contra el feminicidio, “habría que analizar si las personas que la integran saben manejar la escena del crimen de una mujer”, cuestionó.

Sandoval consideró importante la reacción del gobierno frente estos hechos aunque “también debe haber un trabajo de prevención puesto que, de lo contrario, solo vamos a estar tapando baches sin que terminemos de solucionar este problema”.

Guatemala, de 14 millones de habitantes, es considerado junto con México, uno de los países con mayor índice de femicidios en el mundo. Así, entre 2000 y 2010 fueron asesinadas por violencia de género 5.200 mujeres en este país, según cifras policiales.

La jefa para América Latina de ONU Mujeres, Gladys Acosta, ha pedido a la comunidad internacional movilizarse ante la epidemia de feminicidios, no solo por el desbordado número de mujeres asesinadas, sino también por una característica que aumenta la dimensión de la barbarie: el ensañamiento. “Muertas con decenas de cuchilladas, víctimas con cuerpos desmembrados, es una saña atroz contra las mujeres”, remarcó la especialista peruana a IPS.

Esto ha empujado a la sociedad organizada de este país a realizar diversas manifestaciones para exigir justicia en estos hechos y prevenir más muertes. Una de las expresiones más novedosa y concurrida fue el ascenso de más de 10.000 personas al Volcán de Agua, situado al suroccidente de la capital, en señal de rechazo a la violencia intrafamiliar, cuya principal víctima es la mujer.

En la denominada “Subida por la Vida” los participantes formaron una cadena humana desde las faldas del extinguido volcán, de 3.772 metros de altitud, hasta la cima del coloso, en cuyo cráter formaron un corazón en señal del inicio de “un cambio generacional”. La iniciativa, primera en su tipo que se realiza en el país, fue organizada por innumerables organizaciones de la sociedad civil, movimientos de jóvenes, empresas privadas y embajadas acreditadas en el país.

Dora Amalia Taracena, de la no gubernamental Convergencia Cívico Política de Mujeres, dijo a IPS que las expresiones de rechazo de la sociedad civil y del gobierno denotan que “no hay marcha atrás” en la lucha contra el feminicidio. “Sobre todo las organizaciones de la sociedad civil que trabajamos esta problemática, nos hemos encargado de que esta situación sea parte de una agenda pública, lo que nos ha costado muchísimo por toda la cultura patriarcal y el machismo que vivimos”, matizó.

Taracena recordó que la persistente campaña, a través de los medios de comunicación, caminatas y otras expresiones públicas, realizada por los familiares de Cristina Siekavizza, también “ha contribuido a evidenciar la problemática del femicidio” en Guatemala.

Siekavizza, profesional de la administración y perteneciente a una familia acomodada, desapareció misteriosamente de su vivienda en Ciudad de Guatemala en julio. Pero un mes después, una empleada del hogar familiar reveló que el esposo de la víctima, Roberto Berrada, la había golpeado hasta matarla. Barreda huyó con los dos hijos que tuvo con Siekavizza sin que hasta ahora se conozca su paradero, ni el de los niños, ni el de la víctima. El caso generó un fuerte rechazo social y además evidenció que el feminicidio no respeta estratos sociales.

La indignación por la incesante violencia contra las mujeres en Guatemala motivó incluso a dos premios Nobel de la Paz. Este viernes 27 llegó al país la delegación de la Iniciativa de Mujeres Premio Nobel, con el propósito de abordar el esclarecimiento de los hechos de feminicidio en el país y el combate a su impunidad.

Las premios Nobel de la Paz 1992 y 1997, la indígena guatemalteca Rigoberta Menchú y la estadounidense Jody Williams, viajaron al noroccidental departamento de Sololá para hablar con las mujeres de las comunidades sobre la violencia. El objetivo final es hacer recomendaciones a los gobiernos y la comunidad internacional para contribuir a la erradicación de la violencia contra las mujeres en este país, así como en México y Honduras, que visitaron antes de Guatemala.

“Nos parecen muy importantes todas las acciones para combatir la violencia contra la mujer. Y estos últimos años hemos logrado evidenciar que no es algo natural sino es algo inaceptable de cualquier manera”, dijo a IPS la integrante de la no gubernamental Tierra Viva, Alitza Navas. Durante los últimos gobiernos “se han logrado algunas leyes a favor de las mujeres tales como la ley de Planificación Familiar y la ley contra el Femicidio (de 2008), las cuales contribuyen a erradicar este fenómeno”, reconoció la activista.
Evelyn Curruchiche, de la gubernamental Defensoría de la Mujer Indígena, planteó a IPS que para eliminar el feminicidio “es necesario que se tomen en consideración los factores que originan la violencia”. A su juicio, el Estado también debe preocuparse por atender las circunstancias sociales que rodean a la mujer, como la situación de pobreza, la educación y la salud. Además, “es necesario que la atención de los femicidios se convierta en asunto de Estado y que el gobierno otorgue el presupuesto necesario a las instituciones encargadas”, concluyó.




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