662.- LA REFORMA DE LA LEY DEL ABORTO

LA REFORMA DE LA LEY DEL ABORTO

El Gobierno aprueba la ley del aborto más restrictiva de la democracia

VERA GUTIÉRREZ CALVO / MARÍA R. SAHUQUILLO Madrid 20 DIC 2013 

El Gobierno aprobó este viernes la ley del aborto más restrictiva de la democracia, a la que pondrá nombre Alberto Ruiz-Gallardón, ministro de Justicia. Interrumpir el embarazo dejará de ser un derecho de la mujer en las primeras 14 semanas —un derecho que existe solo desde 2010— y volverá a ser un delito despenalizado en ciertos supuestos, como lo era con la Ley de 1985. Pero esos supuestos se reducen, y la posibilidad de la mujer de acogerse a ellos se restringe. Solo habrá dos: violación y “grave peligro para la vida o la salud física o psíquica” de la mujer. Serán, de nuevo, los médicos —con requisitos más estrictos que en 1985 y un procedimiento más largo— los que decidirán si ese peligro existe. La presencia de malformaciones fetales gravísimas no será motivo de aborto, aunque sí lo será el efecto psicológico que eso tenga en la embarazada.

La nueva normativa se llamará Ley de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, por ese orden; Gallardón aseguró que se ha hecho para proteger “a los más débiles: los concebidos y no nacidos”, pero “siempre en interés de la mujer” y respetando asimismo sus derechos. Según el ministro, la ley vigente, aprobada por el PSOE en 2010, vulnera el “equilibrio” en la protección de los derechos del feto y de la mujer que impuso el Tribunal Constitucional en su sentencia de 1985, porque “desprotege” al nasciturus en las primeras 14 semanas de embarazo (en ese plazo se puede abortar sin alegar motivo). La Ley de 2010 está recurrida por el PP ante el Constitucional, pero este aún no ha dictaminado; Gallardón dijo que el Gobierno no necesita esperar a conocer esa sentencia porque está convencido de que esa ley es inconstitucional.

Rajoy tomó la decisión final tras meses de debate interno y tensión en el PP

El PSOE calificó la futura norma de “vergüenza” y auguró que producirá muertes por abortos realizados en la clandestinidad. Otros grupos de oposición, como IU, UPyD, ERC y PNV se manifestaron también frontalmente en contra. La Asociación de Clínicas Autorizadas para la Interrupción del embarazo (ACAI) —a las que el anteproyecto de ley resta funciones y cuyos servicios prohíbe publicitar— afirmó en un comunicado que la ley hará “prácticamente imposible” abortar en España. En el año 2011, último con datos oficiales, se produjeron 118.359 abortos; el 90%, antes de la semana 14 de embarazo.

El anteproyecto debe ser sometido ahora a diversos informes y después al debate parlamentario, por lo que no entrará en vigor hasta dentro de aproximadamente un año.

La malformación fetal no será motivo de aborto. El anteproyecto de ley señala que el aborto es un delito salvo en dos supuestos: que el embarazo sea fruto de una violación (alegable en las primeras 12 semanas) y que genere un “grave peligro para la vida o la salud física o psíquica de la embarazada” (alegable en las primeras 22 semanas). Desaparece, por tanto, el supuesto de malformación, enfermedad incurable o anomalía fetal incompatible con la vida, que con una u otra formulación ha existido durante tres décadas. Que el feto tenga un problema de salud, por muy grave que este sea y aunque vaya a producirle la muerte nada más nacer, ya no será en sí mismo un motivo legal para abortar.

Gallardón, que anunció la supresión de ese supuesto hace año y medio, fue modulando su propuesta en los meses siguientes —ante la enorme polémica generada— y, el pasado mayo, en el Senado, hizo una distinción: entre las malformaciones fetales muy graves —“que naturalmente la legislación contemplará como ha contemplado siempre”, dijo— y las “discapacidades” del feto, que quedarían fuera de la ley para no “discriminar” a los discapacitados. Finalmente ha renunciado a esa distinción: todas las malformaciones y enfermedades quedan fuera de los supuestos legales de aborto. “No hay embriones de primera y de segunda, como no hay personas de primera y de segunda”, argumentó.

La autorización la firmarán dos médicos ajenos a la clínica que haga el aborto

El “coladero” del daño psicológico, pero con más obstáculos. Que la malformación fetal desaparezca como supuesto no quiere decir que ninguna mujer embarazada de un feto con problemas de salud (del grado que sean) vaya a poder abortar: podrá hacerlo, si demuestra que eso supone un “grave peligro” para su salud psíquica, porque será eso lo que tendrá que alegar. El Gobierno recupera el supuesto de daño psicológico para la embarazada de la ley de 1985, al que se acogía entonces la inmensa mayoría de las mujeres y que el PP y las asociaciones antiabortistas tachaban de “coladero”. Lo recupera pero con un procedimiento más exigente, más complicado y más largo.

Un informe de dos médicos y ajenos a la clínica. El “grave peligro” para la salud psíquica de la mujer —supuesto al que se acogerán previsiblemente quienes quieran abortar por malformación fetal o por otros motivos— tendrá que quedar acreditado en un informe firmado por dos médicos (ahora es solo uno). Esos dos profesionales no podrán ser los mismos que vayan a practicar el aborto —igual que sucede con la ley actual— pero tampoco podrán, y esta es la novedad, trabajar en el mismo centro en el que se practique el aborto. En la actualidad, el 97% de las interrupciones voluntarias del embarazo se produce en clínicas privadas, y son médicos de esas mismas clínicas los que elaboran los dictámenes médicos cuando son necesarios. También se hacía así con la ley de 1985. Ahora el PP rompe ese vínculo, para garantizar la “imparcialidad” de los informes médicos.

La mujer podrá elegir qué dos médicos —de la sanidad pública o de otra clínica privada diferente a la que vaya a practicar el aborto— firman su dictamen. Si la embarazada alega que el peligro para su salud psíquica es producto de que el feto padece una anomalía incompatible con la vida, tendrá que haber dos informes: uno de un especialista que acredite que la anomalía existe y otro del psicólogo o psiquiatra que dictamine si eso le genera a la mujer un daño psíquico. A partir de la semana 22, el daño psíquico ya solo puede alegarse si es por anomalías del feto incompatibles con la vida (ahora es igual).

Además, los médicos que firmen el informe en cualquier supuesto de riesgo para la salud psíquica tendrán que establecer que el conflicto entre la protección del feto y la de la mujer no puede resolverse, “desde el ámbito médico, de ninguna otra forma”. Y solo se entenderá que hay daño psíquico cuando, según su criterio, el embarazo produzca un “menoscabo importante” y “con permanencia en el tiempo” para la mujer. El Ministerio de Justicia afirma que así es como el Tribunal Constitucional describió en 1985 el riesgo para la salud psíquica.

La embarazada podrá decidir qué facultativos realizan el informe

Información a la embarazada: verbal y con siete días de reflexión. En la actualidad, la mujer que decide abortar recibe de los médicos un sobre con información sobre alternativas, ayudas a la maternidad y riesgos de la intervención, y tiene que reflexionar sobre ello durante tres días antes de abortar. Ese plazo se amplía ahora a siete días, y la información —que no incluirá fotos de ecografías, según confirmó Gallardón— tendrá que darse en persona por parte de los trabajadores de los servicios sociales públicos. Fuentes de Justicia sostienen que no hay riesgo de que eso genere retrasos en todo el procedimiento y acabe aumentando los casos de abortos tardíos. “Se potenciarán los servicios sociales para que eso no suceda”, confían.

Las menores, con permiso paterno. Las chicas de 16 y 17 años volverán a requerir el permiso de sus padres para abortar (como sucedía antes de 2010). En caso de conflicto familiar grave, un juez decidirá —en 15 días— a quién da la razón, si a la joven o a sus padres; en principio, primará la opinión de la embarazada.

Derecho a la objeción de conciencia generalizado. Todos los profesionales sanitarios que participen, colaboren o cuyo trabajo sea necesario para realizar un aborto —desde el administrativo al celador o al que dispone los instrumentos en el quirófano— podrán acogerse a la objeción de conciencia. Con la ley actual solo pueden hacerlo los médicos que practican el aborto.

Un delito sin castigo para la mujer. Los abortos realizados fuera de los supuestos legales serán delito, pero solo habrá castigo para el médico (hasta tres años de cárcel y hasta seis de inhabilitación, como ahora). La mujer no tendrá reproche penal. Gallardón se felicitó de esa novedad y lo justificó en que la mujer es una “víctima” del aborto, un argumento que algunas asociaciones de mujeres tacharon de “paternalista”.

Decálogo de la “Ley de Protección de la Vida del Concebido”

Estos son los cambios que incorpora la nueva norma aprobada sobre la interrupción del embarazo en Consejo de Ministros

La ley del aborto recogerá dos supuestos: riesgo para la mujer y violación

EL PAÍS Madrid 20 DIC 2013 - 

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de los Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada, norma que suprime el derecho al aborto tal y como estaba concebido en la ley de plazos aprobada en 2010 por el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero. Estos son los principales aspectos avanzados por el ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón:

1. El aborto se permite si existe "menoscabo importante y duradero" para la salud física y psíquica de la mujer o un peligro importante para su vida. El otro supuesto es que haya "delito contra salud o indemnidad sexual" de la mujer (violación).

2. El plazo para el primer supuesto (riesgo para la salud física o psíquica de la mujer) será de 22 semanas de gestación y para el segundo (violación), de 12 semanas. Para poder acogerse a esta segunda posibilidad, será necesario haber denunciado la agresión.

3. El riesgo para la salud física o psíquica de la madre deberá "acreditarse de forma suficiente con dos informes motivados emitidos por dos médicos distintos del que practican el aborto". Los facultativos deben ser "especialistas en la patología que genera esa decisión". Después de que los facultativos hayan evaluado a la mujer, esta recibirá información "verbal" de la mano de un "colaborador del sistema público" sobre las alternativas a la interrupción de su embarazo; tras eso está obligada a esperar "al menos siete días" (frente a los tres actuales) para tomar su decisión.

4. Los médicos que realicen la evaluación de la mujer o del feto no podrán trabajar en el mismo centro donde se vaya a practicar la intervención.

5. Cuando el peligro para la salud psíquica de la madre tenga causa en una "anomalía fetal incompatible con la vida", será preciso un informe médico sobre la madre y otro sobre el feto, de forma "que quede probada dicha anomalía".

6. Si la anomalía incompatible con la vida no hubiera podido ser detectada clínicamente "con un diagnóstico certero" en las 22 primeras semanas de gestación, el aborto también podrá practicarse después, siempre y cuando se cumplan los requisitos anteriores.

7.Se permite la objeción de conciencia de todos los profesionales sanitarios que participen o colaboren en el proceso de interrupción del embarazo (diagnóstico e intervención). Para ello, el profesional deberá comunicarlo por escrito al director del centro dentro de los cinco días siguientes a empezar a trabajar en él. Su decisión se incluirá en su expediente personal, que será reservado y confidencial. El ejercicio de este derecho, que no admite modulaciones, se podrá modificar en cualquier momento.

8. Se prohíbe la publicidad de las clínicas que practican abortos. "No es un producto de consumo y esa información solo deben facilitarla los especialistas", ha afirmado Gallardón.

9. Para que el consentimiento de las menores de edad se entienda como "informado y libre", es decir, para que puedan abortar en los supuestos que permite la ley, será obligatoria "la participación de los titulares de la patria potestad", ya sean padres o tutores.

10. Practicar un aborto fuera de los supuestos estipulados no tendrá reproche penal para la mujer. "Es la primera vez en la historia de España en que se libera a la mujer de la posibilidad de sufrir cualquier reproche penal", ha dicho el ministro. Gallardón no ha especificado, sin embargo, si habrá sanción administrativa. Lo que sí ha asegurado es que el médico que se salte la ley sí será sancionado según la normativa vigente.

Las verdades a medias para limitar el supuesto de malformación

El PP justifica su reforma en la presión de la ONU y de colectivos de discapacitados

MARÍA R. SAHUQUILLO / VERA GUTIÉRREZ CALVO Madrid 20 DIC 2013 

En julio de 2012, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, declaró que con su nueva ley la malformación del feto ya no sería un supuesto legal para abortar. En ese momento, en una entrevista con La Razón, equiparó la “malformación” con la “minusvalía”. Mantener el aborto por ese motivo sería “éticamente inconcebible”, dijo. El ministro de Justicia abría así uno de los debates más arduos y complejos que se han dado en torno a la reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que el Gobierno de Mariano Rajoy ya había fijado en su agenda. Un debate que ha provocado también serios conflictos en el seno del PP. Semanas más tarde, Gallardón aseguró que la nueva ley eliminaría ese supuesto para cumplir con los dictámenes de la Convención de la ONU sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. El ministro comenzó entonces a hablar de discapacidad en lugar de malformación o anomalía fetal, y argumentó que interrumpir un embarazo por ese motivo era discriminatorio. “Significaría crear personas de primera y de segunda”, apuntó.

Las asociaciones reclaman el fin de la “discriminación” por minusvalía

Sin embargo, el dictamen del comité de la ONU —de finales de 2011— en el que Gallardón se escuda, y que este organismo emitió tras las quejas de dos organizaciones de discapacitados, no obliga a España: solo hace recomendaciones. Y la recomendación no es tampoco eliminar el supuesto de malformación fetal, sino acabar con “la distinción en cuanto al plazo dentro del cual la ley permite que se interrumpa un embarazo por motivos de discapacidad exclusivamente”. Es decir, en todo caso, eliminar la distinción entre un plazo —el genérico de aborto libre, de 14 semanas— y el otro —el de malformación, de 22 semanas—, lo que podría lograrse, por ejemplo, igualando ambos.

La ley actual, de 2010, permite abortar hasta la semana 22 de gestación por grave riesgo para la salud del feto; y sin límite cuando se trata de una enfermedad extremadamente grave e incurable o una anomalía incompatible con la vida. No habla, por tanto, de discapacidad sino de enfermedad y anomalía. De hecho, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero contestó a este dictamen de la ONU exponiendo que, al igual que cuando existe riesgo para la salud de la mujer, el aborto por patología fetal grave es un “supuesto médico”.

El informe del Comité de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad recomienda a España también otras cosas, como que el Estado destine “recursos suficientes para garantizar” los servicios de asistencia a dependientes y que incluso los “amplíe”. Un consejo del que el Ejecutivo del PP se ha alejado: las partidas destinadas a la dependencia no han hecho sino menguar en estos dos años.

El argumento que manejó Ruiz-Gallardón para eliminar el supuesto de anomalía fetal es el mismo que defiende el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), una plataforma que agrupa a numerosas organizaciones. Los representantes de esta entidad se reunieron con el titular de Justicia —también lo hicieron con el Gobierno anterior— para trasladarle su visión. Consideran que permitir el aborto “para evitar el nacimiento de un niño con discapacidad” es discriminatorio. Eso, afirman, “implícitamente considera la vida de una persona con discapacidad como menos valiosa que la de otra persona sin discapacidad”.

Sin embargo, aunque el Cermi no tiene una posición institucional sobre la regulación del aborto —“esa cuestión no forma parte de la agenda política de asuntos de la discapacidad de los que se ocupa el Cermi”, dicen en su documento de posicionamiento—, sí considera que una ley en la que la mujer no tenga que alegar ninguna causa para interrumpir su embarazo (como hace la actual en las primeras 14 semanas) sería perfectamente adecuada. El documento del Cermi, que no ha variado desde hace años, pide “suprimir el aborto eugenésico” (el relacionado con anomalías fetales), pero añade: “Una regulación estricta de plazos, sin distinción ni diferencias por razón de discapacidad, no contiene elementos contrarios o incompatibles con una perspectiva de derechos humanos y discapacidad”.

El Cermi pedía un cambio legal pero sin descartar una ley de plazos

Naciones Unidas tiene una postura tibia sobre el derecho al aborto. No obstante, sí ha hablado en distintos informes del riesgo de criminalizar esta intervención, y ha aconsejado a los países que prohíben el aborto en todas las circunstancias revisar su legislación.

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, el Comité contra la Tortura y el Comité de Derechos Humanos (CDH) de la ONU han apuntado que prohibir el aborto en los casos de malformación fetal grave supone un “trato cruel, inhumano y degradante para la mujer”. De hecho, el CDH se ha pronunciado contra varios países por vulnerar los derechos humanos de mujeres a quienes no permitió interrumpir el embarazo por anomalías fetales graves. La primera vez que lo hizo fue en 2005, en el caso de K., una adolescente peruana a quien su país obligó a continuar con el embarazo de un feto anencefálico (sin cerebro ni cráneo) a pesar de que los médicos diagnosticaron que moriría a los pocos días de nacer.

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha sugerido en los últimos meses que esos casos gravísimos de malformación fetal sí seguirán siendo supuesto legal de aborto en España.

De la mujer-mujer a la mujer-madre

La reforma de la ley del aborto y los recortes en partidas vitales para la igualdad disparan la alarma sobre el papel que el PP reserva al sexo femenino

¿Hay una marcha atrás?

CHARO NOGUEIRA 28 JUL 2012 - 17:35 CET443

Freno, marcha atrás. Y hasta viejos aromas de Sección Femenina, según los más críticos. El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha destapado el frasco de las esencias arcaicas. “La libertad de la maternidad es la que hace a las mujeres auténticamente mujeres”, defiende el político empeñado en restringir el aborto hasta descartarlo incluso en caso de malformación. ¿Es ese el modelo de ciudadana que defiende el PP? ¿Llega la “mujer-madre” tras la “mujer-mujer” acuñada por José María Aznar?

“No”, responden muchas voces populares. De hecho, los planteamientos del ministro sobre el aborto han caído como un jarro de agua fría en algunos sectores del partido, pero la divergencia se ventila en casa, no en público. Sin embargo, la duda queda sembrada para muchos expertos en un país sacudido, además, por una crisis que araña la igualdad entre sexos. Los recortes del Gobierno en gasto social perjudican especialmente a las mujeres: dañan el Estado de bienestar, el principal aliado de las ciudadanas para la equiparación porque les alivia de su carga histórica, los cuidados de niños y mayores que dificultan su incorporación a un mundo laboral ahora también en precario. Ahí está, por ejemplo, el tajo a la dependencia. Con todo esto sobre la mesa, se abre, además, la controversia del aborto, “la libertad más emblemática de las mujeres, porque representa el derecho a decidir sobre el propio cuerpo”, define la socióloga Marina Subirats.

“El problema número uno es que el PP no tiene un modelo de mujer. Hay muchas cosas que no les gustan y reparan más en eso, pero se ven pillados en una trampa: tienen hijas o hermanas que viven diferente. Tienen tentaciones arcaizantes y muy dispersas, como las de la Iglesia, pero no una doctrina unificada sobre la repercusión de la libertad de las mujeres”, afirma Amelia Valcárcel, catedrática de Filosofía Moral y Política de la UNED. “Que no intenten imponernos su desastroso programa moral. No iba en el programa electoral y la gente no les votó para eso”, advierte.

“La razón de fondo del giro del PP tanto en aborto como en políticas de igualdad está en la presión de la Iglesia católica, que, desde 1995 y aliada con el islam, quiere frenar los cambios de las mujeres para que no salgan del perfil maternidad-domesticidad. Cuidadoras al servicio de los demás, que solo trabajen fuera empujadas por la pobreza”, analiza Subirats, exdirectora del Instituto de la Mujer. “En la medida en que se pretende volver a la maternidad como valor importante, se vuelve al sustrato de la Sección Femenina”, añade esta experta que, a los 69 años, tiene fresco aquel recuerdo. De hecho, la frase de Gallardón clava la doctrina falangista y nacionalcatólica. Un planteamiento que la realidad desmiente: la tasa de fecundidad lleva más de 30 años por debajo del reemplazo generacional (2,1 bebés por mujer en edad fértil). Tener hijos es una opción, no una obligación, sobre la que inciden muchos factores, entre ellos la dificultad de conciliar descendencia y empleo. Las españolas, cada vez más formadas y volcadas hacia el mercado laboral, se han anclado en torno al promedio de 1,3 hijos. Ser madre no es la única forma de ser mujer, pregonan con sus actos.

“La razón de fondo de este giro es la presión de la Iglesia”, dice una experta

Hay quien, como la filósofa Ana de Miguel, ve en los planteamientos del PP también una estrategia de clase: “Quieren que sus mujeres o hijas vayan a la universidad y se coloquen muy bien, pero es un modelo ignorante e insolidario porque pretenden que eso solo puedan hacerlo las mujeres que les rodean”. “Buscan parar la evolución de las mujeres como sujetos libres y con igualdad de derechos para volver hacia el modelo tradicional”, añade Subirats.

En el partido del Gobierno lo niegan. “No hay un modelo de mujer. En el PP, hablamos de mujeres, en plural. Cada una puede hacer lo que estime y defendemos dos cosas a ultranza: la igualdad, incluido el terreno laboral y salarial, y la libre elección, de forma que se pueda optar por ser madre, o no, y que esto sea compatible con el desarrollo profesional”, explica la diputada Marta González, portavoz popular en la Comisión de Igualdad del Congreso. Las políticas populares han dado prueba de ello: hay quien tuvo a su hijo soltera y sin pareja, o se casó por lo civil...

“Nuestra obsesión es la igualdad de oportunidades. Ahí está la clave para tener instrumentos para competir en todos los ámbitos”, recalca el secretario de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, Juan Manuel Moreno, cuando se le pregunta por el modelo de mujer que defiende el Gobierno del PP. Y nada de discriminación positiva para ello. “No somos partidarios de la imposición, de las cuotas, sino del diálogo y de propiciar un cambio cultural”, plantea Moreno, “España no puede desperdiciar el 50% de su talento, y menos, en tiempos de crisis”, zanja. Lo primero quedó claro desde el primer día: ni Gobierno ni nombramientos paritarios. En lo segundo, los expertos inciden en que el deterioro económico se ceba de forma especial con las ciudadanas.

Aunque el huracán económico golpea sin distinguir sexo (24,72% de tasa de paro para ellos y 24,86% para ellas), las mujeres se resienten más, ya que los recortes sociales les afectan en mayor medida. “Hay síntomas inquietantes que complican la igualdad, como los recortes del Estado de bienestar”, afirma la catedrática de Sociología Constanza Tobío, de la Universidad Carlos III. “No se habrían atrevido a hacerlos, por ejemplo, en dependencia, si no hubiera crisis”, apunta esta experta en conciliación.

Igualdad: “No somos partidarios de cuotas sino de propiciar un cambio cultural”

Pero la hay. Y pone en cuestión los grandes postulados del PP: la mejor política de igualdad es el empleo y la conciliación es el principal obstáculo para la equiparación entre mujeres y hombres. “Los poquitos recursos que tenemos los dedicamos a favorecer el autoempleo femenino. La estrategia es facilitar el emprendimiento”, detalla Moreno. “Cualquier mujer puede generar su autoempleo”, asegura con rotundidad.

La otra piedra angular de los populares, la conciliación —una seña de identidad del PP desde la época Aznar— tiene una solución clara, y barata, para el ministerio: “La corresponsabilidad de los hombres en las tareas domésticas y de cuidado”. Para Moreno, “hay más problema por la falta de corresponsabilidad” que por el recorte de los servicios sociales. Un planteamiento que sitúa la armonización entre trabajo y vida personal sobre todo en el terreno privado y para el que se impulsa la aquiescencia de las empresas: conciliar si la pareja y el jefe están por la labor.

“Lo que el PP entiende por conciliación es el trabajo a tiempo parcial para las mujeres, o el teletrabajo, para que puedan hacerse cargo de los hijos y de los mayores”, critica Tobío. “Si a la conciliación se le quita la igualdad, conciliación puede ser cualquier cosa”, añade esta experta, que resalta el papel imprescindible de los servicios de cuidado asequibles para avanzar en la equiparación.

“Los ajustes en políticas sociales tienen más incidencia en los sectores más vulnerables, especialmente las mujeres”, admite Moreno. Pero para luchar contra ello solo tiene un arma: “Audacia para ajustar preservando los derechos de los más desfavorecidos”.

¿Y el recorte de los servicios sociales, como la dependencia, que afectan más a las mujeres, principales beneficiarias y cuidadoras? “No caben las trampas jugando al solitario. No tenemos dinero. El país no tiene recursos y hay que marcar prioridades, algo que siempre es doloroso. Hemos preservado la atención a la gran dependencia”, afirma el secretario de Estado. “Hacer una política nacional de igualdad con 11 o 12 millones de euros de presupuesto es complicado”, admite, “pero la igualdad no se ha caído de la agenda”. Sigue en el rótulo de su ministerio, recuerda gráficamente, y tampoco se prevé derogar la Ley de Igualdad, de 2007, que establece la paridad electoral y empuja a las empresas a avanzar en igualdad.

Crisis, recortes y freno tras un avance espectacular de las mujeres, como recogía el informe sobre la situación sociolaboral femenina del Consejo Económico y Social (CES).

“Ha habido muchos progresos, pero queda mucho por hacer”, sostiene uno de sus autores, el demógrafo y economista Juan Antonio Fernández Cordón. “El problema es que se ha roto la dinámica de los avances igualitarios. Se están frenando y los recortes no van a favorecer a las mujeres”, sostiene. “El paro, el principal problema social, es un buen ejemplo. Saca a las ciudadanas del mercado laboral, y se convierten en inactivas”, sostiene. “En un ambiente de desempleo y precariedad, es casi imposible desarrollar medidas igualitarias en los convenios”, prosigue. Una consecuencia más de una crisis que ahonda “la desigualdad en el reparto de la riqueza”.

“Las mujeres no pueden volver al papel tradicional. Su camino es de irás y no volverás”, plantea Valcárcel. Más pesimista, Subirats concluye: “El freno a la vuelta atrás dependerá de cómo se defiendan los derechos ganados. Si no se protesta, en una crisis se puede imponer lo que se quiera”.

El aborto provoca un cisma entre católicos

Cristianos de base y algunos teólogos cuestionan la posición oficial de los obispos

Ante las arengas antiabortistas, responden: “Que lo que para algunos es pecado no se convierta en delito para el resto”

JUAN G. BEDOYA Madrid 17 ABR 2013 - 20:41 CET1084

Como si por España no pasasen los años, las preguntas retóricas o agresivas sobre el aborto voluntario resurgen con fuerza tres décadas después del debate que concluyó con la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo y su aceptación por el Tribunal Constitucional. ¿Es usted proabortista o antiabortista? ¿Es “licencia para matar a inocentes” la conocida como ley del aborto, como sostienen una y otra vez los obispos? ¿Hay unanimidad en el catolicismo sobre esta cuestión? Si no la hay, ¿cuál es la hondura del cisma? La semana pasada, la Conferencia Episcopal Española (CEE) lanzó otra campaña sobre el tema y proliferan las manifestaciones tremendistas intentando forzar al Gobierno para que cumpla la promesa de reformar a la baja la actual legislación.

El ministro encargado de concretarla, Alberto Ruiz-Gallardón, se comprometió a presentar esa reforma en las Cortes “en el primer trimestre de 2013”. Superado el plazo, se ha convertido en objetivo de las protestas de los grupos extremistas autodenominados provida, con manifestaciones y exhibiciones de pancartas que lo execran severamente. “La ley más urgente”, apremian las banderolas. Unos manifestantes se presentaron en una de esas demostraciones públicas con dos gallinas. “Gallardón, el ministro gallina”, querían decir. Pero ni hay unanimidad en la derecha sobre la urgencia y el alcance de esa reforma (ni siquiera, sobre si conviene hacerla), ni los obispos cuentan con el respaldo de gran una parte de sus propios fieles, en un cisma nada soterrado.

“Este soy yo… humano desde el principio”, titula la Conferencia Episcopal la que llama Campaña por la Vida 2013. Se gasta 150.000 euros anunciándola en diferentes formatos por toda España con 1.300 vallas publicitarias, 100.000 estampas, 15.000 carteles, 50.000 dípticos, 12.000 ejemplares de una carta episcopal, 15.000 subsidios litúrgicos y un vídeo de dos minutos en el que personas anónimas, de diferentes edades, recuerdan momentos especiales de sus vidas, “desde que estaban en el vientre de sus madres y eran seres humanos que iban a nacer”. Así lo explica el comunicado oficial de la CEE. Entre otras propuestas, los obispos piden a sus fieles que cambien la foto en el perfil de Facebook por una ecografía en el vientre materno.

El prelado Munilla dice que se trata de un “holocausto silencioso”

En el mensaje emitido con motivo de esta campaña, los obispos también buscan intervenir en política, sin disimulo. “Una conciencia cristiana bien formada no debe favorecer con el propio voto la realización de un programa político o la aprobación de una ley particular que contengan propuestas alternativas o contrarias a los contenidos fundamentales de la fe y la moral. Nuestra obligación es ayudar al discernimiento acerca de la justicia y de la moralidad de las leyes. La actual legislación es gravemente injusta. Es urgente su modificación, para que sean reconocidos y protegidos los derechos de todos en lo que toca al más elemental y primario derecho de la vida”.

Varios prelados han calentado la campaña con manifestaciones de grueso calibre. Los más explícitos han sido el cardenal de Madrid y líder del episcopado, Antonio María Rouco, en su discurso inaugural de la asamblea plenaria de la CEE, el lunes pasado; el obispo de San Sebastián, José Ignacio Munilla, denunciando “el holocausto silencioso del aborto” (“¡No los matéis! Dádselos a quienes les aman y están dispuestos a dar su vida por ellos”, proclama); el arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz (“Me sorprende enormemente que este gobierno conservador aún no haya modificado la ley del aborto”, ha dicho), y el inevitable Juan Antonio Reig Plan, prelado de Alcalá de Henares y presidente de la Subcomisión de Familia y Vida en la CEE, promotor, por tanto, de todas estas propagandas. “La batalla contra el aborto y por la vida será larga, seguramente como la que pretendía abolir la esclavitud”, dijo hace una semana. La comparación de la lucha contra el aborto voluntario con la lucha contra las leyes esclavistas es ya un tópico en el agitado movimiento antiabortista de Estados Unidos.

Más a la derecha, si cabe, varios grupos reclaman la derogación absoluta de esa norma, es decir, la prohibición y penalización de todo aborto voluntario. “Si es un crimen, no puede aceptarse en ningún supuesto”, sostienen. Son los más críticos con el Gobierno y el PP, acusados de “conservadores de los avances del PSOE”.

Hasta aquí, la posición del episcopado y sus grupos afines. Enfrente se alzan las bases católicas que pisan la calle y ven el sufrimiento de las mujeres que afrontan un embarazo no deseado. ¿Querrían los obispos añadir a su drama la tragedia de la cárcel? Es una pregunta retórica.

Redes Cristianas defiende las bases éticas y jurídicas de la norma actual

Se trata de católicos que se sienten dentro de la Iglesia romana, pero alejados de muchos de sus mandatos o proclamas, no solo en el tema del aborto. Como señala el teólogo Juan José Tamayo, “se trata de creyentes que han interiorizado el mensaje que el fundador cristiano sostuvo ante las jerarquía religiosas de su tiempo: que lo más importante es aliviar (y a ser posible, suprimir) el sufrimiento, por encima del cumplimiento de una ley temporal”. Tamayo es director de la cátedra de Teología y Ciencias de la Religión en la Universidad Carlos III, en Madrid.

La organización Redes Cristianas pone el punto de mira en el ministro de Justicia. “Cuando el mar estaba en calma, llega Gallardón y con él, por motivos ideológicos, la minoritaria voz del nacionalcatolicismo emerge con fuerza hasta alborotar la pacífica posesión de la ley de salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo. En buena sintonía con los Derechos Humanos y las últimas adquisiciones de las ciencias antropobiológicas, esta ley nos sitúa ética y jurídicamente entre los países modernos de nuestro entorno sociocultural. Crear un problema social, con el 83% de la ciudadanía en contra de la anunciada reforma, es una temeridad y una torpeza de primera magnitud”, afirma.

Redes Cristianas agrupa a centenares de iglesias de base y a grupos organizados en toda España, como las asociaciones Somos Iglesia, el Foro de Curas y la Asociación de Teólogos Juan XXIII.

Igual contundencia exhibe la Plataforma en Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Afirma: “El Gobierno debe garantizar que lo que para algunas personas es pecado, no se convierta en delito para el resto, y defender el Estado de Derecho de esos sectores integristas religiosos. La legislación restrictiva nunca es un instrumento para evitar la práctica del aborto, sino la causa de un mayor índice de mortalidad materna. Con la nueva ley, las mujeres con fortuna acudirán a la clandestinidad; las desfavorecidas, a peligrosos remedios caseros”.

La teóloga Margarita Pintos, presidenta de la Asociación para el Diálogo Interreligioso, señala que el problema debe analizarse “desde la perspectiva de los derechos humanos, como un problema social y de salud pública”. Añade: “La salud sexual y reproductiva es un estado general de bienestar que excede al mero hecho de tener acceso a métodos anticonceptivos o a servicios de planificación familiar. Los derechos sexuales aseguran a todas las personas la posibilidad de tomar decisiones sobre su sexualidad y ejercerla libremente, sin presión ni violencia. Los límites del derecho al aborto están relacionados con las creencias religiosas, no solo con razones culturales o motivaciones socio-económicas”.

Entre otras propuestas, los obispos piden a sus fieles que cambien la foto en el perfil de Facebook por una ecografía en el vientre materno.

Sobre la posición de la jerarquía, Pintos sostiene que “todas las religiones establecen el principio general del respeto a la vida y la dignidad humana, pero solo en la Iglesia católica el aborto es siempre un crimen, doctrina que no forma parte del magisterio extraordinario o dogmático y, por tanto, es tema abierto a interpretación”. Concluye: “En el fondo, un patriarcado religioso no admite que las mujeres decidan en libertad y sin coerción sobre su cuerpo. Si la mujer no cumple con el papel que el patriarcado le ha asignado, estará cometiendo un acto de rebeldía contra la voluntad divina. La mayoría de las mujeres no tenemos miedo a esas amenazas. Somos conscientes de que nuestros cuerpos han estado colonizados. Ahora sabemos que no somos indignas, pero sí estamos indignadas”.

Juan Masiá Clavel, jesuita y teólogo, considerado una autoridad mundial en cuestiones de bioética, confiesa que le incomoda este debate. “Decían los viejos manuales de urbanidad que un buen postre quita el empacho del segundo plato. Me empachan las declaraciones asfixiantes de algún eclesiástico. Releo unos párrafos de la biografía del papa Juan el Bueno [Juan XXIII]. Era por julio del 62, cuando un calor sofocante hacía sudar a los cardenales en las comisiones de trabajo conciliares. El biógrafo de los papas, Peter Hebblethwaite, nos lo cuenta así en Juan XXIII: El Papa del Concilio: El papa Juan comenzó a distanciarse de algunos de los borradores preliminares para el Vaticano II. Un día midió una página con su regla y dijo: Quince centímetros de condenas y solo dos centímetros de alabanza. ¿Acaso es esta la manera de dialogar con el mundo contemporáneo? Correspondió al cardenal Montini, luego Pablo VI, la tarea de hacer comprender esta idea al concilio. Los anatemas y las condenas, dijo, no son la respuesta contra los errores contemporáneos. En el mundo moderno los remedios contra los errores son la misericordia, la caridad y el testimonio de vida cristiana”.

Por eso, los fieles que asumen por razones humanitarias la despenalización del aborto se muestran escandalizados cuando alguno de sus pastores ha llegado a decir que un aborto voluntario es peor que el abuso sexual a menores por parte de eclesiásticos, o que “la violación de la fe es diez mil veces peor que violar a una niña”. La primera afirmación es del cardenal Antonio Cañizares, exprimado de Toledo y actual prefecto (ministro) de la Pontificia Congregación para el Culto y la Disciplina de los Sacramentos. La segunda frase salió de la boca de un destacado eclesiástico argentino, Jorge Gómez, de la archidiócesis de Buenos Aires.

Lo que dicen los teólogos y la historia

“En bioética, la opinión pública está dividida en extremismos”, afirma el jesuita Juan Masiá. De sobra se ve en España. Masiá era director de la cátedra de Bioética en la Universidad Pontificia de Comillas y fue destituido sin miramiento en 2006 por presiones de la jerarquía católica. Hoy vive en Japón, pero vuelve a Europa con frecuencia, muy reclamado en foros y debates. Acaba de publicar Cuidar la vida. Debates bioéticos (Herder/Religión Digital). No defiende el aborto (¿quién querría abortar por abortar?), pero reclama misericordia ante la mujer que lo reclama legalmente. “La pastoral es mucho más amplia que la moral. Debemos estar con quienes toman una decisión tan grave. Hay que acompañar a las personas. Una vez que lo deciden y pasan un punto de no retorno, no hay que decir que no lo hagan, eso solo aumentaría su culpabilidad”, dice.

Pese a lo que parece escuchando a jerarcas como el papa Francisco o el cardenal Rouco, nunca ha habido unanimidad en torno al aborto en el cristianismo romano. Tampoco en los otros cristianismos. Siempre ha sido un asunto de intensos debates a lo largo de su historia, con pluralidad de planteamientos, actitudes y prácticas conforme a las concepciones antropológicas de cada época y de las escuelas de pensamiento.

Durante siglos, la teoría predominante en la Iglesia, bajo la influencia griega, fue la de la hominización tardía o la animación del feto, seguida por los más prestigiosos teólogos medievales e incluso modernos. Según esta teoría, el feto era informado por el alma a los tres meses del embarazo. Hasta entonces no había propiamente vida humana, sino solo vegetativa primero y animal después. Por eso, el aborto de un feto durante las 12 primeras semanas no sería homicidio, infanticidio o asesinato, al no estar animado. Algunas teorías, siguiendo cálculos machistas, distinguían incluso entre la animación del feto masculino y el femenino, adelantando la primera a los 40 días y la segunda a los 90.

La idea de la animación fue sostenida nada menos que por san Agustín de Hipona, santo Tomás de Aquino, san Buenaventura, san Alberto Magno y otros muchos teólogos medievales, e incluso modernos como el jesuita Luis de Molina.

Son multitud —y quizás mayoría— los teólogos que se apartan ahora de las intransigencias del Vaticano y sostienen sus posiciones con aplomo doctrinal. Decir que la vida empieza en el momento de la concepción, como sentencian los obispos (¿y por qué no ya en el espermatozoide entero?), es tan extravagante como imponer la idea a sangre y fuego de que la Tierra era el centro del universo y que no había otros mundos que el conocido por los papas. Copérnico, Galileo y Giordano Bruno —este, sobre todo— se habrían ahorrado muchos disgustos.

El alemán Karl Rahner (1904-1984) dijo que ningún teólogo podía probar que la interrupción del embarazo es, en cada caso, un asesinato. Opinan igual pensadores tan importantes y escuchados como Hans Küng, Juan José Tamayo y Marciano Vidal, entre otros muchos. Enfrente, el magisterio eclesiástico actual califica el aborto de asesinato en todos los casos, sin tener en cuenta las circunstancias del mismo y los plazos en que se realiza.

Hablando de España, los colectivos católicos —movimientos de mujeres, teólogos y teólogas, iglesias de base, el Foro de Curas, etcétera— desoyen el repique episcopal y se expresan públicamente partidarios de la actual ley sobre el aborto. Muchos lo hacen por razones humanitarias —¿querrían meter en la cárcel los obispos a las decenas de miles de mujeres que abortan cada año?—. Otros apelan a la doctrina, que nunca ha sido unánime, y escuchan, además, la voz de los científicos, que también es plural. En todo caso, piden a sus jerarcas que respeten el pluralismo en la sociedad y en la Iglesia católica y escuchen la voz de teólogos y científicos. Sin condenas ni anatemas.

Rouco cree que la nueva ley del aborto es mejor porque "reconoce al concebido"

El cardenal arzobispo de Madrid cree que si se sigue el procedimiento que marca "no tiene por que se un coladero". "Al menos reconoce al concebido", dice.

EL PAÍS Madrid 22 DIC 2013 -

El arzobispo de Madrid y presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela, considera que el anteproyecto de reforma de la ley del aborto aprobado por el Gobierno mejora la actual regulación porque reconoce "al recién concebido" como un bien jurídico protegido por la ley.

En una entrevista en ABC, el responsable de los obispos españoles cree que la nueva reforma de la ley del aborto "no tiene por qué ser un coladero", si se "toma en serio el procedimiento de comprobación de los supuestos y si se prevé un órgano de verificación de que el supuesto se da conforme a la ley".

La reforma sólo contempla el aborto en los casos de violación antes de la semana 12 y en los que exista riesgo grave para la salud física o psíquica de la madre hasta la 22.

"Mejora la anterior porque parte de un principio ético distinto", asegura Rouco Varela. "El embrión, el niño que aún no ha nacido, tiene derecho a la vida desde que es concebido".

Desde el punto de vista cristiano -destaca-, "hay que afirmar y sostener en la teoría y en la práctica que tiene derecho a la vida".

El presidente de la Conferencia Episcopal, que será relevado de este cargo el próximo mes de marzo, asegura que la Iglesia"nunca ha planteado el aborto como fricción". Asegura que la intención a la hora de criticar la actual ley del aborto era "hacer una aportación a un debate social, cultural y antorpológico". "Si se entendió como fricción, lo lamentamos", ha concluido

Diez razones para no cambiar la ley del aborto

El Gobierno no puede legislar para agradar a su electorado más conservador

ISABEL SERRANO / MARÍA LUISA SOLETO ÁVILA 20 DIC 2013

Cada día nos acercamos más a un cambio en sentido restrictivo de la actual ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, aprobada por amplia mayoría en 2010, que el Partido Popular quiere modificar desde el mismo momento en que llegó al Gobierno. Sin duda hay razones para cambiarla o mejorarla, pero el momento social, económico y político no parece el más apropiado para empeorarla. España pasa por malos momentos y utilizar el aborto, por el que tanto sufren las mujeres, como moneda de cambio para contentar a los sectores más conservadores de su electorado, no es justo con las mujeres ni con la sociedad.

Tras casi dos años de reiterados, y a veces contradictorios, anuncios por parte del ministro de Justicia, señor Gallardón, la principal razón esgrimida para este cambio es el compromiso adoptado en su programa electoral. Argumento poco consistente, no solo por los evidentes incumplimientos de la práctica totalidad de los compromisos electorales del actual Gobierno, sino porque ni siquiera se ajusta a la letra de lo comprometido. Entre introducir algunos cambios en la actual legislación, especialmente en lo relativo a las jóvenes de 16 y 17 años, y los drásticos cambios que se avecinan, hay un gran trecho. Ni siquiera el sector más aperturista del PP podía presagiar que van a echar por tierra 28 años de legislaciones razonables.

En el caso del aborto, como en casi todo, hay razones para actuar de una u otra manera. Unas para imponer las propias creencias y deseos a los demás y otras para respetar la autonomía de las mujeres para decidir sobre su cuerpo y su vida.

Nuestras razones para defender el mantenimiento de la actual ley son:

Una. Porque funciona. No se han cumplido las profecías de un incremento notable del número de abortos ni se han producido en sus tres años de vigencia denuncias ni complicaciones sanitarias de ningún tipo. Ha resuelto, pues, gran parte de los problemas de inseguridad jurídica que aquejaban a la ley anterior. Dos. Porque respeta a las mujeres. El reconocimiento de un plazo en el que las mujeres puedan decidir libremente sobre si quieren seguir adelante o no con su embarazo es la única manera de no atropellar los derechos fundamentales de las mujeres embarazadas. Tres. Porque es conforme a la Constitución. Contrariamente a lo que se argumenta, la actual legislación no es contraria a la doctrina del Tribunal Constitucional que nunca se ha pronunciado sobre una ley de plazos. Cuatro. Porque respeta mejor la vida en formación. Establecer límites y ofrecer a las mujeres información y recursos alternativos ha demostrado ser la mejor manera de conciliar los derechos de las mujeres a decidir con el deber del Estado de proteger la vida en formación. Cinco. Porque es la mayoritaria en Europa. La legislación de plazos es la más establecida entre los países del entorno europeo, especialmente en el contexto de los Estados con quienes compartimos tradición política y constitucional. En una Europa sin fronteras no es razonable que una mujer española sea tratada, en sus derechos básicos, de modo diferente a una francesa, portuguesa o alemana. Seis. Porque no distingue entre pobres y ricas. Las leyes restrictivas no disminuyen el número de abortos, solo provocan que las mujeres que no tienen recursos económicos lo hagan en peores condiciones, por lo que a la discriminación por razón de sexo se une la discriminación por clase o condición social. Siete. Porque la población está conforme. La mayoría de la población española no se reconoce en el marco de una legislación restrictiva o prohibicionista en materia de aborto. Según la última encuesta de Metroscopia, una mayoría, el 53%, apoya una ley de plazos como la actual mientras que el 37% prefiere una ley de indicaciones médicas. Ocho. Porque hace la práctica del aborto más segura y equitativa. Facilitar los trámites hace que los abortos se realicen, como ahora sucede, en periodos muy tempranos de la gestación, disminuyendo los riesgos asociados a los abortos tardíos. Facilita también que las mujeres sean tratadas igualitariamente independientemente de la comunidad autónoma donde vivan. Nueve. Porque es una ley eminentemente preventiva. La actual legislación no solo aborda la interrupción voluntaria del embarazo, sino la prevención y educación afectiva y sexual de toda la población, en especial de la población más joven, el mecanismo más eficaz para disminuir el número de abortos. Diez. Porque derogarla supone un retroceso social de décadas. Hoy vivimos mejor porque podemos decidir en lo que concierne a nuestra vida sexual y reproductiva sin que nos persigan. Perder en tres años lo que tardamos 30 en conseguir nos lleva a un pasado de difícil retorno.

Diez razones frente a una. El Partido Popular cuenta, por supuesto, con una mayoría parlamentaria suficiente para aprobar la reforma que desee, se ajuste o no a sus compromisos electorales. Pero también tiene el compromiso social y democrático de gobernar para la mayoría. Sería un buen momento para darse un baño de realidad y favorecer el entendimiento entre los sectores que opinan de distinta manera sin hacérselo pagar a las mujeres que se enfrentan a una interrupción del embarazo y que, con la nueva norma, ganarán sufrimiento y perderán libertad.

No es bueno legislar contra algo que funciona. No es justo desconfiar de la responsabilidad de las mujeres. No es democrático obligar a una mujer a ser madre contra su voluntad. Entonces, ¿por qué castigar a las mujeres? ¿Estamos aún a tiempo de pensar en ellas y dejar las cosas como están?

Isabel Serrano Fuster es ginecóloga y portavoz de la Plataforma Decidir Nos Hace Libres, y María Luisa Soleto Ávila es directora de la Fundación Mujeres.

Firman también este artículo: María del Puy Zatón (Enclave Feminista), Francisca García Guerrero (Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo-ACAI), Mar Grandal (Católicas por el Derecho a Decidir), Mª Concepción Torres Díaz (Red Feminista de Derecho Constitucional), Marciano Sanchez Bayle (Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública-FADSP), Luis Enrique Sánchez Acero (Federación de Planificación Familiar Estatal-FPFE), Carmen Flores Rodríguez (Federación de Asociaciones de Madres Solteras-FAMS), Empar Pineda (Otras Voces Feministas), Ana Alcalde (Alianza por la Solidaridad), Montserrat Boix (Mujeres en Red), Yolanda Besteiro de la Fuente (Federación de Mujeres Progresistas), Francisca Tarazaga (Mujeres por Europa), Tina Alarcón (Asociación Asistencia a Víctimas de Agresiones Sexuales), Teresa López (Federación de Asociaciones de Mujeres Rurales-FADEMUR), Paz Martin (AMALTEA), Beatriz Sagrado Roberto (Médicos del Mundo España), Silvia Calurano (Federación Mujeres Jóvenes), Paloma Gil De La Calle (Asociación de Mujeres para un Envejecimiento Saludable), Elvira Méndez (Asociación Salud y Familia), Pilar Vicente de Foronda (Asociación Igualdad de Género en la Cultura), María Pato Rodriguez (Asociación Eleanor Roosevelt), Silvia Carizo (Asociación de Mujeres Inmigrantes Malen Etxea, País Vasco), Mª Isabel A. González (Colectivo por la Diversidad Rosa Luxemburgo), Maria Ferrero Barrio (Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears), Amparo Antuña Asenjo (Federación Mujeres Progresistas de Asturias), Elena Álvarez López (Asociación Mujeres Opañel), Sara Díaz Hernández (Asociación de Mujeres de Nosotras Mismas de Chamberí), Elena de León Criado (Asociación Derechos Humanos de las Mujeres y Desarrollo-DEHMUDE), Rebeca Julián Ruiz (Federación Estatal de lesbianas, gays, transexuales y bisexuales-FELGTB), Montserrat Santos Lorenzo (Asociación Galega para a Saúde Sexual-AGasEx), Celia Arenas Casas (Federación de Asoc. Mujeres María Laffitte), Gloria García-Nieto (Colectivo Escuela No-Sexista, Asturias), Begoña Sánchez González (Asociación Feminista de Asturias-AFA, Esther Martínez Domínguez (STEA, Zaragoza), Antonia Jesús Burgos García (Asociación de Mujeres Nerea, Málaga), Carmen Caparrón Crespo (Asociación de Mujeres Rosa Chacel), Carmen Caparrón (Federación de Mujeres del Poniente por la Igualdad, Almería), Rosa Gómez Torralbo (Federación Feminista Gloria Arenas), Lourdes Muñoz (Plataforma Nosatres Decidim, Catalunya), Mar Vicent, (XATEBA - Asociación por la igualdad y contra la violencia de género, Xàtiva, Valencia), Lola Oltra Gómez (Asociación Eleanor Roosevelt), Concha Alarcón González (Asociaciones por la Igualdad de Género Guadalhorce Equilibra, Málaga), Amanda Rodríguez Pinto (Arcópoli, asociación LGTB+H, Universidades Politécnica y Complutense, Madrid), María Ferraz Dobarro, (Asociación Contramarea, Canarias), Fátima Arranz Lozano (Red Ecofeminista), Angustias Bertomeu Martínez (Asociación E-Mujeres), Anabel Santos Castro (Asociación de Mujeres Puntos Subversivos, Andalucía), Mercedes Ruiz-Gimenez Aguilar (Asociación de Investigación y Especialización sobre Temas Iberoamericanos- AIETI), Natalia Salvo (Organizaciones Feministas de Zaragoza), Mª Encina Gutiérrez Ibán (Asociación Leonesa Simone de Beauvoir), Andrea Castillo Díaz (Asociación Ecuestre entre la Vega y la Nieve), Concepción Díaz Rodríguez (Asociación SARAE), Patricia Rodríguez Calviño (Igualdad de las Juventudes Socialistas de España -JSE), Pilar Rodríguez (Partido Socialista, Madrid), Teresa Gutiérrez Álvarez (Igualdad del PSL- PSOE), Laura Nuño Gómez (Áreas Transversales IU-CM), Cándida Barroso Chulia (CCOO, Valencià), Francisca López García, (Confederación Intersindical), Esperanza Montero (Colectivo de gays, lesbianas, transexuales y bisexuales, Madrid) y Nirvana González Rosa (Movimiento Amplio de Mujeres de Puerto Rico, MAMPR).