766.- ¿Qué empresas usaron a esclavos del franquismo?

El 'canal de los presos', para el Bajo Guadalquivir, construido con mano de obra esclava / RMHSA (CGT).

¿Qué empresas usaron a esclavos del franquismo?

La explotación económica de los vencidos llevó a la dictadura franquista al extremo de emplear a más de 400.000 presos políticos como trabajadores forzados.

Compañías públicas y privadas –algunas cotizan en el IBEX 35– resultaron beneficiarias de mano de obra gratuita en la mayoría de sectores productivos.

El trabajo esclavo forma parte de la querella argentina contra los crímenes del franquismo y la Ley de Memoria Democrática prevé hacer "copartícipes" de la "reparación" de los reclusos a las "organizaciones" implicadas.

Por Juan Miguel Baquero  

26/04/2014 

El franquismo llegó al extremo de usar presos políticos como esclavos. Fiel a la explotación económica de los vencidos como "botín de guerra". Había que "reconstruir" el país y... ¿qué empresas emplearon mano de obra gratuita durante la dictadura? La iglesia, el ejército sublevado e instituciones públicas. Pero no sólo. Entidades privadas de casi cualquier sector se beneficiaron del empleo de más de 400.000 reclusos en régimen limítrofe a la esclavitud. Algunas cotizan hoy en el IBEX 35, herederas de aquellas actividades primigenias o extirpadas de su germen económico.

Para sortear la muerte por hambre o enfermedad, plato diario en las cárceles franquistas, incluso había detenidos que solicitaban su traslado a batallones de trabajadores forzados. Banús Hermanos, San Román, Huarte, Agromán o Dragados y Construcciones. Estas compañías, y otras muchas, aprovecharon la oportunidad que ofrecía el entramado diseñado a lomos de presidiarios "para alzar sus imperios económicos durante la dictadura franquista". Unos redimían condena, otros obtenían réditos de otro modo impensables. Así reza en el marco de la querella argentina que María Servini de Cubría instruye desde el Federal 1 de Buenos Aires, a denuncia del grupo de trabajo Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía (RMHSA) de CGT. Y en la ley andaluza de memoria, que plantea hacer a estas y otras muchas empresas "copartícipes" de la "reparación" de esas víctimas.

"Botín de guerra" para los golpistas

"Ferroviarias como Norte, MZA, Renfe, constructoras como Entrecanales, San Román, Huarte o Banús, mineras como Duro, Babero, transformadoras de metales como Babor Wilckok, Astilleros de Cádiz, La Maquinista Terrestre". Una relación que el director científico del proyecto Todos (…) los nombres, José Luis Gutiérrez Molina, completa con "órdenes religiosas, ayuntamientos, confederaciones hidrográficas y diversas administraciones de Justicia o gubernativas". "¿Números? Más de 400.000 presos susceptibles de ser utilizados, en Andalucía más de 100.000", enumera. Los derrotados, "botín de guerra" para las fuerzas golpistas.

Eran "trabajadores, jornaleros y campesinos", en gran parte, y debían cargar con el "esfuerzo de la reconstrucción" del país. Una tarea abierta hasta 1956 que el coautor del libro El Canal de los Presos. Trabajos forzados: de la represión política a la explotación económica cuantifica en "al menos 800 millones de euros". "Desde el pequeño taller a la gran industria vasca, catalana o andaluza –cuenta Gutiérrez Molina–, no hubo sector industrial, comercial, agrario o de servicios que no contara, en mayor o menor número, con trabajadores esclavos".

El anteproyecto de Ley de Memoria Democrática de Andalucía señala (artículo 19): "Reparación por trabajos forzados. La Administración de la Junta de Andalucía impulsará actuaciones para hacer copartícipes de las medidas de reconocimiento y resarcimiento a las organizaciones que pudieron utilizar los trabajos forzados en su beneficio". El Gobierno autonómico, con el nuevo marco legal que reconoce la mano de obra esclava en trámite, no desvela aún cómo motivará la participación de las empresas implicadas.

La empresa 'Huarte', en el Valle de los Caídos.

Empresas implicadas que no reconocen el "abuso"

¿Quién debe responder por esos delitos? "En el caso de Alemania las empresas pagaron, pusieron la mitad del fondo de indemnizaciones y la otra la puso el Estado", compara el coordinador de RMHSA, Cecilio Gordillo, que declaró por videoconferencia en febrero ante la justicia argentina y sugiere "candidatos a ser convocados por la juez Servini". Caso de "Florentino Pérez, de Dragados y Construcciones (ACS), José Manuel Entrecanales, de Entrecanales y Távora (Acciona), Gonzalo Ferre, de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Julio Gómez-Pomar, de Renfe y Juan Miguel Villar Mir, de Huarte (OHL)". Actuales responsables de empresas, "o sus antecesoras", señala, que nunca reconocieron el "abuso". Como publicó Financial Times Magazine en el año 2003.

eldiario.es/andalucia se ha puesto en contacto con estas empresas, que han declinado hacer declaraciones al respecto. "No haremos ningún comentario sobre ese tema", una respuesta repetida que se extendió en la mayoría de los casos al momento en que, en teoría, la ley andaluza de memoria les conmine a participar en el reconocimiento a los trabajadores forzados. En ningún caso se negó la participación de las "antecesoras" de estas compañías e, incluso, hubo solicitud de información a este periódico "para conocer un poco más en qué consiste todo eso".

En sectores como la minería y la construcción, los presos fueron "imprescindibles". "El número de pantanos inaugurados por Franco, sin la mano de obra esclava, hubieran sido muchos menos, lo mismo que las líneas férreas, carreteras o aeropuertos", relata Gordillo. Obras, también, como el Valle de los Caídos. Para administrar los campos de concentración convertidos en "empresas de trabajo temporal", el régimen creó –el 11 de octubre de 1938– el Patronato Central de Redención de Penas por el Trabajo (PCRPT).

En su organigrama cabían, describe Gutiérrez Molina, "funcionarios de prisiones, de prensa y propaganda, un eclesiástico, un contable, varios ingenieros, auditores generales de los tres ejércitos y de los organismos públicos que más trabajadores empleaban". Como el Servicio Nacional de Regiones Devastadas, empresas ferroviarias intervenidas, el Servicio de Colonias Penitenciarias Militarizadas y la Compañía de Caminos de Hierros del Norte. Por cada día de trabajo, un preso redimía dos de pena. El Estado, que cobraba una cantidad a la empresa beneficiaria, pagaba un jornal –"aunque no siempre cumplía"– del que descontaba la comida y la ropa del recluso.

Empresas que solicitaron trabajadores forzados

En Franquismo y trabajo esclavo, una deuda pendiente, el investigador José Luis Gutiérrez Molina expone una relación de 90 empresas que solicitaron y les fueron concedidos penados como mano de obra forzada. Una treintena corresponden a organismos oficiales, once a la iglesia católica, ocho al Ministerio del Ejército y el resto a compañías privadas y una institución benéfica (Fundación Elorz).

Instituciones públicas que usaron presos: Secretaría General del Consejo de Estado, Astilleros de Cádiz, Consejo Superior de Protección de Menores, Sindicato Nacional del Espectáculo, Regiones Devastadas de varias provincias, gobiernos civiles, direcciones generales, ayuntamientos… además, entre otras, de la Fundación Generalísimo Franco y la Jefatura de FET de las JONS en Lérida.

La iglesia reclamó trabajadores esclavos para obras en parroquias, conventos y otros edificios de Madrid, Barcelona, Cuenca, Murcia o Valladolid. Como empresas privadas, aparecen relacionadas con la metalurgia (Múgica, Arellano y Cía., Babock Wilcok, La Maquinista Terrestre y Marítima, Talleres Mercier o Industrias Egaña), la minería (Carbones Asturianos, Minera Estaño Silleda, Duro Felguera, Minería Industrial Pirenaica o Minas de Sillada), la construcción (Sociedad Constructora Ferroviaria o Ibérica de Construcciones y Obras Públicas), agricultura, mecánica, zapatería, espartería y fábricas de muebles, cristal, guantes o alpargatas.

El propio autor, junto a Dolores Martínez, en El trabajo esclavo de los presos políticos del franquismo en Andalucía, repasan los campos de concentración y trabajo instalados en la región, con el número de reclusos que acogieron y las fechas en que estuvieron activos. Además, establecen un listado con la relación de obras en que intervinieron prisioneros, presos y penados en Andalucía entre 1936 y 1956. Una lista casi interminable "que no se ha estudiado a fondo".

Campos de concentración en Andalucía o el trabajo esclavo como pilar del franquismo

En suelo andaluz hubo 55 centros de reclusión para unas 100.000 personas que el régimen franquista usó como mano de obra forzada y elemento económico vertebrador.

No eran campos de exterminio, salvo excepciones como el de Las Arenas en Sevilla, donde falleció la mitad de los reclusos.

Los presos políticos trabajaron tanto en obra privada como pública, caso de El Colector en el barrio sevillano de Heliópolis, que será señalizado como homenaje a las víctimas con permiso de las entidades implicadas.

Por Juan Miguel Baquero  

Al apuntar el término 'campo de concentración', el imaginario colectivo aterriza en los centros nazis de exterminio. Pero existe una parada preliminar: el uso del esclavo como pilar fundacional y vertebrador del franquismo. En suelo andaluz, unos 100.000 reclusos pasaron por alguno de los 55 recintos que sortearon la aniquilación física del adversario, como finalidad única, para convertirlos en mano de obra gratuita al servicio de empresas privadas e instituciones públicas.

Caso, paradigmático, del Ayuntamiento de Sevilla por los campos de concentración de El Colector, ubicado en la barriada de Heliópolis, y el de Las Arenas, en la cercana población de La Algaba. En el primero se tiró de trabajo forzado para una obra pública, y será señalizado para honrar la memoria de aquellos esclavos del franquismo. El segundo es una excepción: fue un centro de exterminio donde murió la mitad de su población reclusa.

Un sistema esclavista sin las cifras nazis 

Las cifras en España quedan, según las investigaciones realizadas, lejos del Holocausto provocado por la Alemania nazi y sus fábricas de la muerte. Aún así, el incipiente régimen franquista y la jerarquía circundante acumuló –sin contar los batallones de soldados– medio millón de personas en 180 campos de reclusión. Desde el mismo verano de 1936 se fundó un sistema esclavista, perfeccionado hasta alcanzar su máxima expresión con la creación del Patronato Nacional para la Redención de Penas por el Trabajo (PRPT).

Bien o mal, aquellos enjutos cuerpos apresados servirían incluso para obras faraónicas. Pero no sólo. También llevaron a cabo arreglo de calles, construcción de viviendas, recogida de cosechas o labores domésticas las mujeres, en situaciones no exentas de acoso sexual. Era, apuntan historiadores como José María García Márquez, la explotación planificada de los vencidos.

En estos campos de trabajo, explica García Márquez, "no murieron muchos presos ni tampoco en los batallones de trabajo, es más, murieron muy pocos". "La alimentación evitó esas muertes masivas", una "gran mortalidad" –especifica– que sí se dio en "prisiones, penales, cárceles y en campos de indigentes y mendigos".

Como en Las Arenas. Allí se recogían, cuenta, a "indigentes, mendigos, indocumentados o pobres, en general, que retiraban de las calles de Sevilla". Unos 300 reclusos (en 1941 y 1942) a los que, "sencillamente, los fueron dejando morir de hambre, uno tras otro sin que nadie moviera un dedo". La "escalofriante" cifra de muertos: 144. Un "porcentaje altísimo". Hoy, aquel edificio permanece aislado, en ruinas, cerca de un polígono industrial con el mismo nombre.

El campo de concentración de Heliópolis será señalizado 

De El Colector, sin embargo, no queda ni rastro. Más de 500 esclavos del franquismo construyeron el desagüe municipal de Heliópolis desde unas instalaciones que ocuparon terrenos propiedad de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) y la Autoridad Portuaria de Sevilla (APS), y están cedidos al Consistorio sevillano. Prisioneros que hoy estarían a la sombra del puente del Quinto Centenario y cerca de la dársena del Puerto Este.

Hace años, el movimiento memorialista lanzó una petición –nace del grupo de trabajo de CGT-A– para colocar "una inscripción junto a un pequeño monumento" y honrar a aquellos "presos políticos". Un homenaje que, según fuentes consultadas por eldiario.es/andalucia, ha recibido el visto bueno de Autoridad Portuaria y Ayuntamiento de Sevilla y se materializará una vez finalicen las obras del parque en construcción sobre el antiguo cauce del río Guadaíra.

Campos de concentración y trabajo forzado en Andalucía (1936-1956) / RMHSA (CGT).

¿Se construyó el régimen franquista sobre la fuerza del trabajo esclavo? "Es indudable", responde García Márquez. Partiendo del objetivo primario "de recluir a todas las milicias republicanas en campos de prisioneros", desde donde eran "clasificados", llegó al "uso masivo de trabajadores a unos costes ínfimos". El sueldo eran 2 pesetas al día y el sistema carcelario descontaba 1,5 en concepto de manutención y vestimenta.

Franco: "no se encontraría régimen tan justo, católico y humano"

Francisco Franco decía en su discurso ante el Consejo Nacional del Movimiento, año 1944: "Si se visitasen los establecimientos penales de los distintos países y se comparasen sus sistemas y los nuestros, puedo aseguraros sin temor a equivocarme que no se encontraría régimen tan justo, católico y humano como el establecido desde nuestro movimiento".

Para el investigador José Luis Gutiérrez Molina, el franquismo tenía tres pilares fundamentales. Uno: el ejército, que como "característica especial del fascismo español" controlaba "todo, desde la justicia hasta la economía". Dos: la corrupción, se trató de "un régimen absolutamente corrupto, desde la altura hasta la base". Y tres: el trabajo esclavo, que beneficia "al Estado franquista y a empresas privadas", convirtiéndose en "elemento vertebrador".

En Andalucía, se dan los primeros campos de concentración y trabajo forzado en zonas donde ya no hay operaciones militares. Hubo trece instalaciones en Granada, once en Córdoba y Sevilla, ocho en Jaén, cuatro en Cádiz y Málaga, tres en Huelva y uno en Almería. Alguno, como el de Los Merinales, con diferentes usos hasta 1956, dos décadas después de iniciada la guerra civil.

Una "empresa", en suma, con fundamento económico y de reeducación mental, al servicio "de lo público y lo privado" y, en palabras de Gutiérrez Molina, muy presente en la "primera orientación autárquica del régimen franquista", un proyecto "concentracionario" –aunque alejado de la "política de exterminio" presente en la denominada por Francisco Espinosa "matanza fundacional"–, sin el que el franquismo "no sería comprensible". Como dice un personaje en la obra Por el río abajo de Alfonso Grosso y Armando López Salinas: "¡Así aprenderán los rojillos a no insultar a los señores!".