780.- Gobiernos con miedo a Twitter

Internet, muy presente en las nuevas formas de protesta. Foto: "Not Found" (Sergio Rozas)

Gobiernos con miedo a Twitter

En los últimos meses, países donde los ciudadanos se han servido de Internet para organizar o difundir protestas sociales, han puesto en marcha iniciativas de control o censura de las redes sociales

En España, las reformas del Código Penal y de la Ley de Seguridad prevén graves restricciones al ejercicio de libertades y criminalizan acciones cotidianas en las redes sociales, según juristas y colectivos sociales

Yolanda Quintana  

16/05/2014

Presentar las redes sociales como un problema de orden público. Esta ha sido la estrategia con la que gobiernos como el ruso, el turco o el español han encarado las nuevas olas de movilizaciones que viven estos países. Calificativos como “ la peor amenaza para la sociedad” –con la que Erdongan se refirió  a ellas en plenas protestas del Parque Gezi- o la equiparación con el terrorismo –como estos días ha hecho el ministro del Interior-, son la antesala de medidas legales que amenazan la libertad de ciudadanos y activistas.

En España, el tercer aniversario del 15-M ha coincidido con una amplia campaña de criminalización de las redes sociales por parte del gobierno, políticos ( populares y socialistas) y medios.

Como ha venido ocurriendo en la historia de Internet, la persecución tiene su origen en un suceso donde “lo digital” no tiene relevancia, ni siquiera intervención. Por el contrario, se produce en el terreno más mundano y material: en este caso, el asesinato de una política poderosa a manos, presuntamente, de una militante de su mismo partido “como venganza por el despido de su hija”.

Estos intentos de criminalización de la red social Twitter generaron, como también ocurrió en Turquía, reacciones de protesta en forma de burla, que se expresaban con el hashtag “#Tuiteaparaelevitareltalego”, presente, en solo dos días, en más de 50.000 tuits.

¿Cómo es posible que, a partir de un suceso, la discusión se centre en las opiniones que sobre el mismo se vierten en las redes sociales? Para el abogado Carlos Sánchez Almeida, pionero en la defensa de los derechos civiles en Internet y uno de los promotores de #Nolesvotes (iniciativa que se encontraba entre los convocantes de las manifestaciones del 15 de mayo de 2011), la campaña para criminalizar las opiniones en twitter hay que interpretarla en clave electoral:

"Se trata de una cortina de humo creada artificialmente para convertir al PP en una organización perseguida, bajo acoso, para reforzar a su electorado", apunta en conversación telefónica. "Les ha permitido hacerses las víctimas, que es algo que les encanta, en fechas electorales. Esto les permite, además, ocultar la noticia de las seis cuentas en Suiza de un político del PP".

No obstante, junto a este argumento, considera que en las iniciativas legales en marcha "hay una intención de censura clara, desde el Código Penal de Gallardón, a la subscomisión del Congreso sobre de redes sociales adscrita a la comisión de Interior, que se reúne a puerta cerrada y donde gran parte de los comparecientes han sido despachos de abogados especializados en la retirada de contenidos de Internet, o al anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, que criminaliza las redes sociales e incluye elementos preocupantes como la responsabilidad de cibercafés o centros de conexión a Internet".

Internet y las nuevas formas de protesta

Distintas investigaciones en los últimos años han venido demostrando el papel de Internet en las nuevas formas de protesta de todo el mundo. Al permitir la autoorganización de individuos dispersos (“las multitudes”) o la generación de narrativas alternativas al discurso dominante, la Red ha demostrado ser el arma más poderosa para aquellos que quieren “reiniciar el sistema”.

Así, en Tecnopolítica y 15M, la investigación realizada por el grupo de la UOC “Datanalysis15M” y coordinada por Javier Toret, se explica cómo “la conexión entre redes sociales en Internet y redes humanas en la calle” ha permitido “la emergencia de nuevas formas de comunicación, organización y acción colectiva. Dicha centralidad se ha mostrado tanto en la gestación, como en la explosión y el desarrollo del 15M”. Esta alianza entre las redes físicas y las virtuales permite la “reducción del coste de la acción colectiva, un incremento del impacto de campañas lanzadas en las redes digitales y una mayor capacidad de construir el sentido de lo que acontece en tiempo real”.

A partir de estos elementos, se ha podido legitimar formas de acción como los escraches o la ocupación de edificios, reinterpretar otras como los encierros o generar movimientos amplios como las mareas. También ha servido para retratar las zonas más oscuras del sistema, como el mapa de la corrupción de #Nolesvotes.

Precisamente, desde colectivos ciudadanos como No somos delito o judiciales como Jueces para la democracia se apunta que las reformas legales en marcha que señalan a Internet y las redes sociales, como el nuevo Código Penal o la Ley de Seguridad Ciudadana (bautizada como “ ley mordaza”, “ ley de la patada en la boca” o “ ley de la patada en la calle”), tienen como objetivo desactivar las protestas ciudadanas.

El magistrado Carlos Hugo Preciado, en su informe sobre el anteproyecto (fase en la que actualmente se encuentra) de esta última norma, afirma que: “se trata en realidad de un proyecto represivo del ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas de la ciudadanía(de ahí el título), con objeto de evitar todo conato de oposición ciudadana libre y pública a las políticas austericidas que azotan a las clases sociales más desfavorecidas”.

Hace unas semanas, la organización de defensa de Derechos Humanos Amnistía Internacional presentaba un informe en el que denunciaba que en España “el derecho a protestar está amenazado”.

Sobre el Código Penal, las críticas han sido de peso entre los comparecientes en la Comisión de Justicia del Congreso donde en estos momentos se tramita. Así, el  catedrático Díaz Ripollés criticaba, como ejemplo, la eliminación del artículo 559 que justamente protege el ejercicio de los derechos cívicos, como reunión, expresión, manifestación frente a perturbaciones del orden público encaminadas a impedir su ejercicio, o el magistrado Santiago Vidal i Marsal que denunciaba que se criminalizan desproporcionadamente formas de protesta pacíficas como la desobediencia y la resistencia, para concluir que “trasluce el texto un ánimo de resolver mediante la introducción de tipos penales cuestiones políticas, como las protestas…”

Derecho al honor, apología e Internet

Al igual que en Turquía, donde los días previos al cierre de Twitter esta red social se había convertido en el canal de difusión de una grabación que recogía un supuesto caso de corrupción cercano al Primer Ministro, en España también se ha apelado a la necesidad de protección del derecho al honor para justificar medidas excepcionales. Los juristas y expertos, sin embargo, son contundentes y consideran que " solo un Estado autoritario equipara mala educación y delito".

El derecho al honor se encuentra protegido, además de por la Constitución, por la Ley Orgánica del Derecho al Honor y el Título XI del Código Penal, que recoge los delitos de calumnia (la imputación de un delito hecha con conocimiento de su falsedad o temerario desprecio hacia la verdad) e injuria (la acción o expresión que lesionan la dignidad de otra persona, menoscabando su fama o atentando contra su propia estimación).

Internet no queda fuera del ámbito de aplicación de estas normas. El artículo 211 considera “la calumnia y la injuria se reputarán hechas con publicidad cuando se propaguen por medio de la imprenta, la radiodifusión o por cualquier otro medio de eficacia semejante”, lo que incluye Internet.

En cuanto a la responsabilidad, el Código Penal considera que “será responsable civil solidaria la persona física o jurídica propietaria del medio informativo a través del cual se haya propagado la calumnia o injuria”. En el caso de servicios de Internet, esta responsabilidad hay que interpretarla de acuerdo con la Ley 34/2002 de servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico que vincula la misma al conocimiento o no, y a la diligencia “para retirar los datos o hacer imposible el acceso a ellos” en caso de la divulgación de contenidos que pudieran ser constitutivos de delito.

El ejercicio de acciones frente a posibles delitos contra el derecho al honor en Internet, requiere la interposición de una querella por parte del ofendido tal como establece el artículo 215: “Nadie será penado por calumnia o injuria sino en virtud de querella de la persona ofendida por el delito o de su representante legal”.

También se encuentran ya regulados la “incitación al delito” o la “apología”, invocadas igualmente en estos días como justificación de la necesidad de regular las redes sociales. Ambos supuestos se encuentran recogidos en el artículo 18 del Código Penal vigente que establece que “la provocación existe cuando directamente se incita por medio de la imprenta, la radiodifusión o cualquier otro medio de eficacia semejante, que facilite la publicidad, o ante una concurrencia de personas, a la perpetración de un delito”.

En cuanto a la apología sería “la exposición, ante una concurrencia de personas o por cualquier medio de difusión, de ideas o doctrinas que ensalcen el crimen o enaltezcan a su autor. La apología sólo será delictiva como forma de provocación y si por su naturaleza y circunstancias constituye una incitación directa a cometer un delito”.

La presunta comisión de este delito, a partir de mensajes publicados en Twitter tras el asesinato de Isabel Carrasco, ha sido el motivo de que ayer un joven de Tavernes pasase a disposición judicial. No se trata de la primera ocasión que este tipo de acciones son perseguidas con la normativa vigente. Existen otros precedentes similares como la denominada “ operación Araña” (detención de 21 personas por supuesto “enaltecimiento del terrorismo”) o el caso de la usuaria de Twitter “Loba Roja”, condenada, tras un acuerdo con la fiscalía, por el mismo delito (aquí puede leerse la Sentencia de la Audiencia Nacional sobre ese caso).

Iniciativas legales para controlar las redes

España

En nuestro país, las reformas que pueden afectar de modo inmediato a las protestas difundidas a través de Internet son las del Código Penal (que actualmente se tramita en el Congreso) y de la Ley de Seguridad Ciudadana (aún en fase de anteproyecto).

Estos proyectos, además, se pueden ver modificados con las sugerencias y propuestas que elabore la subcomisión de estudio sobre las redes sociales, que se reúne a puerta cerrada desde principios de año y en la que el perfil de algunos de los comparecientes (como el Director de los Mossos d’Esquadra o la Fiscal para la lucha contra la delincuencia informática) apunta al enfoque, centrado en la “seguridad”, que está primando.

En cuanto a modificaciones concretas, el nuevo Código Penal incluye lo que Sánchez Almeida considera como “  toda una declaración de guerra contra el ciberactivismo en redes sociales”. Se trata de un artículo de nueva creación que establece lo siguiente: “La distribución o difusión pública, a través de cualquier medio, de mensajes o consignas que inciten a la comisión de alguno de los delitos de alteración del orden público del artículo 558 CP, o que sirvan para reforzar la decisión de llevarlos a cabo, será castigado con una pena de multa de tres a doce meses o prisión de tres meses a un año.”

También, según expertos en propiedad intelectual como David Bravo, el denominado “Código Gallardón” supone una victoria de los lobbys del copyright al establecer penas desproporcionadas para las webs de enlaces.

Por su parte, el anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana penaliza las “manifestaciones públicas, escritas o verbales a través de medios de difusión (…) con la finalidad de incitar a comportamientos de alteración de la seguridad ciudadana”. Además, se incluyen con infracciones sujetas a sanción admnistrativa. Se consideran faltas leves “Las manifestaciones públicas efectuadas a través de cualquier medio de difusión cuya finalidad sean las injurias o calumnias a las instituciones públicas, autoridades, agentes de la autoridad o empleados públicos , cuando no constituyan delito, así como la falta de respeto y de la consideración debida a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones”.

Unos artículos con incidencia directa en las opiniones que se difunden a través de Internet. Para el magistrado, Carlos Hugo Preciado Domènech  “Se pretende blindar así a dichos sujetos de la crítica pública amenazando cualquier denuncia pública de corrupción con la sanción administrativa e imponiendo al que ejerce tal derecho constitucional el deber de probar que no es calumnia, lo cual tiene un innegable efecto disuasorio contrario al ejercicio libre de los derechos fundamentales de información pública y comunicación”

Desde un punto de vista más general, se critica que respecto a Internet y a las nuevas formas de protesta se instaure con estas reformas un modelo penal preventivo en el que " no se juzga qué has hecho sino quién eres" y que legaliza la "investigación prospectiva consistente en ir de cacería o pescar, a ver qué se encuentra”, algo prohibido en nuestro ordenamiento jurídico, como apunta la abogada Isabel Elbal.

En los últimos meses se han constituido dos plataformas, “ No somos delito” y “ Paremos la criminalización de la protesta”, para luchar contra estas iniciativas legales.

Turquía

Twitter, con unos  once millones de usuarios en Turquía, ha sido  una herramienta clave para difundir y organizar las protestas del último año contra el primer ministro, como el campamento del Parque Gezi.

Esta capacidad de movilización, y para de difundir mensajes contra el discurso oficial han llevado a Erdogan a elaborar una ley  aprobada hace unos meses que permite cerrar una página web en menos de 24 horas y sin juicio. Además, ha actuado para cerrar redes concretas en determinados  momentos:  en enero una orden judicial bloqueó el acceso a Vimeo y YouTube durante todo un día y el pasado marzo, poco después de que el primer ministro anunciase en un mitin la intención de “arrancar de raíz Twitter y demás redes”, se cerraba el acceso a esta plataforma.

Poco después, un tribunal de Ankara consideró el bloqueo de la red social una "vulneración de los derechos personales" y el 2 de abirl el Tribunal Constitucional de Turquía lo declaraba ilegal obligado a levantar esta medida.

La red TOR, que permite la navegación anónima y que estaba siendo una de las alternativas empleadas por los turcos para acceder a Twitter, fue igualmente objeto de la censura de Erdogan: El 27 de marzo, el mayor proveedor de Internet del país, TTNet, cortaba el acceso a dicha red. Ese mismo día, YouTube fue de nuevo bloqueado por difundir la grabación sobre un caso de corrupción en el entorno del Primer Ministro que había provocado el cierre de Twiter.

México

En México, país que tiene su “réplica” del  15M con el movimiento Yosoy132,  está en marcha una nueva Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión que incluye la posibilidad de cerrar el acceso a Internet durante concentraciones públicas bajo el argumento de la seguridad (artículo 197) o de ordenar a el bloqueo un contenido en la red "cuando medie orden de autoridad" (artículo 145), además de otras medidas que limitan el principio de neutralidad”. Redes de activistas como #YoSoyred, consideran que “de aprobarse la nueva ley impediría que se denuncien en tiempo real abusos contra manifestantes y evitar que se difundan convocatorias”.

Para frenar esta ley,  que actualmente se tramita en el Senado, se puso en marcha una campaña global de protesta con el lemas como “EPV (siglas con las que se conoce al presidente de México, Enrique Peña Nieto) vs Internet” o “ Contra el Silencio” con protestas en las calles y las redes sociales.

Las acciones contra la norma, han logrado ocupar la red de forma continua a través de distintos hashtags ( #ContraelSilencioMX, #NoMasPoderAlPoder, #EPNvsInternet o #EPNstop) –en una estrategia calcada de las protestas en España-  y crear un movimiento amplio de oposición con presencia también en las calles a través de manifestaciones frente al Senado y cadenas humanas (como la que “rodeaba” el poderoso canal Televisa el pasado 27 de abril).

Otros países

En Venezuela, durante las movilizaciones del pasado febrero, en las que Internet y distintas redes sociales y plataformas jugaron un papel destacado, algunas personas señalaron la existencia de intentos de control o censura. Entre ellos, la  imposibilidad de acceder a las fotos publicadas en Twitter, según denunciaron los propios usuarios. Además, hubo reportes del bloqueo de páginas como pastebin.com (lugar de "reunión" habitual para las operaciones de Anonymous, muy activos en aquellas protestas), y se reportó el monitoreo de mensajes enviados en la plataforma Zello (una aplicación para el envío de mensajes cortos de audio), como recoge el periodista Luis Carlos Díaz.

También Rusia respondió a las protestas de final de 2011 (bautizadas por algunos como "Snow Revolution") con una ley que permite la censura de webs y contenidos en online y que ha llevado, hace unos meses, al cierre de los principales medios digitales independientes del país.

Incluso en Reino Unido, con motivo de los disturbios de Londres, el gobierno planteó poder cerrar redes sociales por razones de seguridad.  Entonces, dispositivos como BlacBerry y su servicio gratuito de mensajes fueron uno de los medios más empleados para extender la protesta. La criminalización de la tecnología y el debate sobre su papel en las revueltas, ocupó los principales medios británicos y la discusión politica de aquellas semanas, mientras se pasaban por alto las razones de fondo del descontento juvenil.

Jan Malinowski, jefe de la Sociedad de la Información del Consejo de Europa, durante la entrevista / Irene Castro

"Que un comentario en Twitter sea reprobable no lo convierte en criminal"

Jan Malinowski, jefe de la Sociedad de la Información del Consejo de Europa, rechaza endurecer la ley por los comentarios tras la muerte de Carrasco: "Las leyes hay que hacerlas de forma ecuánime y no de manera reactiva"

"A la gente hay que permitirle que construya su imagen digital. Eso no quiere decir que haya que censurar Internet", dice sobre la reciente sentencia sobre el derecho al olvido

Sobre la 'tasa Google': "Los medios tradicionales de comunicación de masas fueron muy lentos en adaptarse a la realidad de Internet. Están pagando el pato"

Irene Castro  

Jan Malinowski es el jefe de la Sociedad de la Información del Consejo de Europa, un experto en Internet y libertad de prensa así como en derechos humanos y asuntos jurídicos online. Malinowski se muestra contrario a los planes del Gobierno de endurecer la ley para perseguir los comentarios que celebraron la muerte de Isabel Carrasco en las redes sociales. Recuerda que no se debe legislar por situaciones puntuales.

También reprende indirectamente al Gobierno por haber reforzado la ley de conservación de datos: "Los estados tienen que alinearse con la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, que consideró excesivos los tiempos que debía conservarse cierta información. También contesta, tras una jornada celebrada en el Senado con motivo del Día de Internet, sobre la propiedad intelectual y el Canon AEDE, el intento de los editores de cobrar por los enlaces.

En España ha surgido la polémica sobre los comentarios hacia la presidenta de la Diputación de León tras su asesinato. Interior ha dicho que pretende endurecer la ley para castigar este tipo de expresiones en las redes sociales. ¿Qué le parece?

Las leyes hay que hacerlas de forma ecuánime para que duren, y no de manera reactiva. Hay que educar a la gente y si hay actividad criminal hay que combatirla. Las leyes existen y hay que aplicarlas. Ahora bien, un comentario, que podría ser vejatorio o podría parecer que llama a una conducta criminal, a lo mejor no es criminal en sí mismo. La cuestión ahí es: ¿acaso es suficiente para provocar la acción criminal? A veces es un comentario estúpido de una persona en un momento dado y que no tiene más trascendencia.

Ha habido ya casos en Europa. En Inglaterra hubo un caso hace un par de años de alquien que hizo un comentario en Twitter diciendo que si su vuelo para EEUU no podía salir como consecuencias de problemas que había en el aeropuerto, volaría el aeropuerto. Meses después, la policía lo detuvo y fue procesado. Los tribunales al final lo declararon inocente y las autoridades fiscales analizaron la cuestión para determinar en qué casos habría que judicializarlo y en cuáles no.

No se puede simplemente porque alguien dice algo en Internet considerar que eso es un acto criminal. Hay que considerarlo en las circunstancias de si tiene la capacidad de provocar la violencia que se pretende evitar. Si es que sí, puede tener consecuencias criminales; si es que no, probablemente no es un acto criminal, aunque sea un acto reprobable socialmente.

¿Imagina un país europeo limitando el uso de las redes sociales, como sucedió en Turquía o en China con Google?

El artículo 10 del Convenio de Derechos Humanos dice que existe la libertad de expresión, de acceso a la información y de elección del usuario. Los estados no pueden limitarlo salvo en casos muy específicos. Hay estados que pueden reaccionar excesivamente ante una situación. El Tribunal Europeo está ahí para aclarar cuáles son las posibilidades de interferencia en los derechos. Personalmente, pienso que ha habido algunos excesos. Por ejemplo, en Turquía, el Tribunal Constitucional lo corrigió. Si no hubiera sido así, hubiera sido posible acudir a Estrasburgo.

¿Les dan miedo a los políticos las redes sociales?

Deberían ver una oportunidad, hay mucho que ganar. Si tienen miedo quiere decir que no están avanzando, que no se están adaptando a la sociedad. En ese caso, tal vez no deberían ser los que están legislando y gobernando el mundo moderno.

¿Qué le parece la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre la obligación de Google de borrar datos personales que no tengan interés público?

La sentencia deja claro que el derecho a la vida privada y a la protección de datos existe en Internet y para los motores de búsqueda. También interpreta la directiva europea. Lo que no hace es decir cuál es el resultado para el caso concreto. Le da una interpretación prejudicial a la Audiencia Nacional, que es la que tiene que decidir. Ahora hay que individualizar esa sentencia para los casos concretos. En el Consejo de Europa ya habíamos dicho estas cosas de forma matizada: en la recomendación sobre derechos humanos y motores de búsqueda señala que hay información en el dominio público que no es información para consumo de masas.

El hecho de que la información esté en el dominio público no quiere decir que haya que diseminarla de manera inopinada. Lo que los motores de búsqueda deben hacer es considerar cómo deben tratar sus algoritmos, según el tipo de información, no para hacer invisible la información, pero sí para que sea menos fácil de encontrar. Si es información que está en el dominio público y alguien tiene realmente la voluntad de encontrarla, tendrá que poder encontrarla, pero no que simplemente por poner el nombre de una persona deba aparecer algo que pasó hace diez o quince años.

¿Se está permitiendo que cada usuario se cree una 'identidad digital' eliminando los aspectos negativos? ¿Hay una tendencia a proteger otros derechos sobre el derecho a la información?

Cuando una persona sale a la calle por la mañana, lo primero que hace es mirarse al espejo y decir: "Esta es la imagen que quiero dar al público". No da la imagen privada de su casa. Da la imagen que quiere dar y eso es justo. Internet, en cierto modo, lo impide y a la gente hay que permitirle que construya su imagen digital, que es la imagen que quieren dar al público. Eso no quiere decir que haya que censurar Internet: hay cosas que son de interés público y que deben dejarse ahí porque pertenecen al dominio público.

Ha habido una oleada de peticiones a Google de retirada de información, incluidos políticos que no quieren que salgan sus trapos sucios. No se trata de eso. La información sobre los políticos es de interés público y tiene que ser publicable y accesible para los usuarios y la prensa. Hay que encontrar el equilibrio para los distintos derechos que están en liza y decidir caso por caso. No se puede decir: "Esta es la receta y toda esta información desaparece de Internet y toda esta información puede ser encontrada".

El Gobierno español ha endurecido, contra el criterio del Tribunal de Justicia de la UE, la ley de conservación de datos, ¿qué le parece? ¿Considera que los derechos de protección de datos de los españoles se ven vulnerados?

La cuestión de conservación de datos es muy delicada. El principio de derecho a la vida privada tradicionalmente exigía que un juez se pronunciase para interferir en ese dominio privado, y eso quería decir que la interceptación de comunicaciones o correo debía ser siempre con autorización judicial. En aquella época había registros y datos que se conservaban para facturación y los jueces podían levantar el velo de la privacidad y exigir esa documentación.

En Internet eso no se necesita. Los datos y los metadatos no se necesitan para la facturación y a veces se pueden conservar, pero el conservar todo porque sí durante un periodo parece injustificado y lo era a pesar de lo que decía la directiva. El tribunal la invalidó. Los estados tienen que alinearse con esa sentencia y tienen que tener en cuenta que más allá de la directiva tienen el artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y la posibilidad de los usuarios de dirigirse al Tribunal Europeo de Derechos Humanos si consideran que su derecho a la vida privada o a la confidencialidad de las comunicaciones han sido vulnerados.

¿Son conscientes los usuarios de que tienen los mismos derechos en Internet que en otros ámbitos de la vida?

Habría que preguntárselo a los usuarios, pero nosotros queremos que sean conscientes de sus derechos. Hace poco el Comité de Ministros del Consejo de Europa aprobó la Guía de derechos humanos de usuarios de Internet, que traduce en términos muy simples los derechos humanos que conocemos tradicionalmente al contexto de Internet.

El objetivo no es producir un trozo de papel con palabras bonitas, sino que se convierta en algo conocido y utilizable. Que los usuarios puedan ser conscientes y reaccionar cuando contratan un servicio o tienen un problema con un proveedor. Los recursos cuando hay problemas tienen que estar ajustados a la realidad del caso: no se le puede decir a un usuario "tienes un problema con una plataforma informática cuya sede está en California, tienes que ir a los tribunales de California". Tiene que ser posible resolver los problemas de forma eficaz e inmediata.

Sobre la tasa Google: No es cuestión de los políticos, de los gobiernos y de los legisladores proteger modelos de negocio. Su función es determinar el interés público y común y aavanzar en ese camino.

¿Qué problemas hay con la propiedad intelectual?

Las leyes de propiedad intelectual fueron escritas para una realidad distinta en el pasado para unos modelos de negocio que intentaron blindar esa situación. En el caso de Internet, es un espacio nuevo y los que han estado explotando la propiedad intelectual quieren asegurarse de que ellos van a controlar ese espacio de negocio. A lo mejor hay que cambiar las leyes y revisarlas de acuerdo a los derechos humanos, el derecho a la creación y el hecho de que nadie inventa nada, sino que todos basamos nuestra innovación en algo que otros han hecho antes.

Aquí se pretende establecer un canon para las que las webs que enlacen, junto un extracto de un contenido ajeno, tengan que pagar al editor. ¿No es un poco arcaico?

Eso es una forma de remunerar a los creadores e innovadores. Hay que explorar todos los modelos. No sabemos cuál va a ser la respuesta que va a durar en el tiempo. Los cánones para repartir ciertos ingresos entre los propietarios de contenidos son una posibilidad. Me parece más problemático recurrir a las sanciones o a la desconexión de usuarios en Internet. Eso habría que analizarlo en términos legales.

Pero que Google News tenga que pagar a los medios por meter un enlace.

Eso es otra cosa: el impuesto Google. No estoy de acuerdo con eso. Me parece que el hecho de Google esté haciendo un gran negocio en base a la forma en que transmite información y a añadir publicidad a la información que facilita no se puede comparar con decir que está utilizando la información en su provecho.

Los medios tradicionales de comunicación de masas fueron muy lentos en adaptarse a la realidad de Internet. Están pagando el pato. Hay algunos que se están adaptando y explorando nuevas formas. Lo que es importante no es el modelo de negocio de los medios, lo que es importante es el periodismo, lo que los medios dan a la sociedad y de lo que la sociedad no puede privarse. El futuro dirá cómo va a darse eso, si van a ser los medios tradicionales adaptados o no, no lo sé. No es cuestión de los políticos, de los gobiernos y de los legisladores proteger modelos de negocio. Su función es determinar el interés público y común y aavanzar en ese camino.

Las redes sociales, bajo la lupa de una subcomisión del Congreso

La subcomisión de redes sociales del Congreso lleva varios meses reuniéndose con expertos para que den su visión y aporten propuestas

Aunque originalmente el foco estaba puesto en los menores, los temas giran en torno a la seguridad en redes sociales

Estos trabajos no tienen un fin legislativo concreto

Marilín Gonzalo  

07/03/2014 

Esta semana se reunió a puerta cerrada una vez más la subcomisión de redes sociales en el Congreso de Diputados, que había sido propuesta por el PP en el seno de la comisión parlamentaria de interior. Esta subcomisión lleva varios meses convocando a expertos en distintas materias que asesoran y hacen propuestas sobre la situación del ámbito de internet y las redes sociales. 

La idea de esta subcomisión como un grupo de trabajo que prepare una estrategia para el mejor uso de las redes sociales por parte de menores, padres y profesores, fue propuesta por el portavoz de Interior perteneciente al PP, Conrado Escobar, en diciembre de 2012. Este grupo de trabajo había surgido originalmente para tratar el tema de los menores en internet pero luego el ámbito fue extendiéndose hacia otros relacionados con el uso de adultos de internet, como anonimato, sexting, o incluso propiedad intelectual.

Justamente el que dependa de Interior fue una de las cosas que llamaron la atención cuando se conoció que se iba a tratar el tema de las redes sociales en el Congreso. Guadalupe Martín, del PSOE, dice que a su grupo sorprendió esto desde el principio, creen que debe ser abordable por otras comisiones. Dice que no les han dado ninguna explicación clara de por qué depende de Interior. En su opinión, “no deberíamos tratar solamente la seguridad, nosotros sostenemos que debería ser más amplio. Lo enfocaron en Interior no sé si por esta obsesión de mirarlo todo desde el aspecto de la seguridad”. 

Ricardo Sixto, diputado de IU, señala que desde Izquierda Plural su preocupación es que los derechos fundamentales que están en la Constitución deben ser protegidos, poniendo el foco en el derecho a la libertad de expresión y a la libertad de circulación de la información. 

Actualmente han pasado por el Congreso ya aproximadamente la mitad de los convocados, y hay dudas entre los diputados sobre si llegarán en tiempo para terminar en mayo o junio, con el cierre legislativo. Podría pedirse una ampliación, pero aún así, fuentes del PSOE comentaron a eldiario.es que, dado que se ha dedicado tanto tiempo a todo esto, sería deseable que conduzca a alguna propuesta clara que mejore la seguridad en las redes, y comentaron que aún no han decidido de forma cerrada qué objetivos tienen al escuchar a todos los ponentes. 

La subcomisión no tiene un fin concreto, como podría ser una propuesta de ley. Las subcomisiones no tienen un fin legislativo, simplemente se limitan a recoger opiniones, evaluaciones y pareceres. Después de eso cada grupo elabora un informe con propuestas de actuación que luego se elevarán a la Comisión de Interior. 

Los expertos convocados

Entre los comparecientes hay abogados, profesores universitarios, entidades dedicadas a la protección del menor, o entidades dedicadas al derecho de autor. Cada uno de ellos ha intervenido dando no sólo su visión sobre los grandes temas o problemas que consideran deben ser considerados sino también haciendo propuestas sobre cambios que deberían hacerse. 

¿Quiénes son estas “voces autorizadas" citadas por la subcomisión? En la reunión de ayer los convocados fueron: Faustino Jiménez Carracedo, CEO de Arsys; Juan Osaba Arenas, director de MASSCOM; Flora Egea Torrón, jefa de privacidad de IBM; Jesús Encinar, fundador de Idealista, en la sesión de la mañana. Por la tarde recibieron a los abogados: Alfonso Carrascosa Marco, de la Fundación Legalitas; Jorge Campanillas Ciaurriz, especializado en Derecho Tecnológico; Pablo Fernández Burgueño, especializado en Propiedad Intelectual, Protección de Datos y Nuevas Tecnologías; y Alejandro Touriño Pena, del Despacho de abogados Ecija.

Los expertos que han sido convocados anteriormente son: Manuel Escalante García, director de INTECO; Borja Adsuara Varela, Director General de Red.es; Ícaro Moyano Díaz, periodista experto en comunicación empresarial; Víctor Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín, Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información; Ángel Mario Tascón Ruiz; Iker Merodio, Doctor en periodismo; María Concepción Torres Díaz, profesora de Derecho Constitucional de la Universidad de Alicante; Juan Carlos Ortiz Pradilla, profesor de Derecho Procesal de la Universidad de Castilla-La Mancha; Juan Mª Martínez Otero, miembro del Consejo Asesor de iCmedia; José Luis Piñar Mañas, Director de la Cátedra Google del CEU; Ana Marzo Portera, representante de la Organización Padres 2.0; Myriam Fernández Nevado, Vicepresidenta de la Asociación GSIA (Grupo de Sociología de la Infancia y la Adolescencia); Ramón Arnó Torrades, Coordinador de la comisión de menores de la Asociación Profesional Española de Privacidad (APEP); Jesús Mª Sánchez Herrero, Presidente de CEAPA, acordada por la Subcomisión de Estudio sobre las Redes Sociales; Marcelino Madrigal García, Activista antipornografía Infantil en redes y experto en Seguridad y protección del menor; Miguel Comín, Director Fundación Alia2; Guillermo Cánovas Gaillemín, Presidente de Protégeles; Carlos Represa Estrada, representante del Centro Nacional de Seguridad Escolar; Sebastián Muriel Herrero, Vicepresidente de Tuenti; Antonio Ramos, Presidente de ISACA (Asociación de Auditoría y Control de los Sistemas de Información); Francisco Ruiz Antón, Google Spain; Natalia Basterrechea, Directora de Asuntos Públicos de Facebook; y Eugenio Fontán Oñate, Presidente del Colegio de Ingenieros de Telecomunicaciones. 

La lista de convocados se elige a través de propuestas de todos los grupos parlamentarios, que proponen expertos que consideran que pueden aportar al tema. Se hicieron bloques de invitados por distintos sectores: empresas de redes, judicatura, ámbito de los menores, y sobre esas se priorizaron algunos. Algunos convocados no estaban disponibles para desplazarse al Congreso, aunque la gran mayoría aceptan. Los nombres de los futuros convocados están en un documento interno que no ha sido publicado. 

Seguridad en redes sociales, poco sobre menores y algo de LPI 

Esta subcomisión se reúne a puerta cerrada, como sucede en todas las subcomisiones, pero lo que se diga allí no es secreto. Esto fue lo primero que se transmitió a los invitados el jueves al entrar a la reunión, con el ánimo, según algunos consultados, de crear un ambiente distendido. 

Luego los expertos intervinieron en exposiciones de 10 minutos, y siguió una ronda de preguntas por parte de los diputados. La sesión de la tarde se extendió algo más de 2 horas y media. Según fuentes parlamentarias, hay múltiples conclusiones y la más general apunta a que en un entorno tremendamente cambiante y muy imprevisible como es internet no se puede venir con la improvisación con la que se actúa muchas veces ni con la imprevisión de ir a lo concreto, hay que abstraerse de la actualidad para ver la capacidad de cambiar que tiene la propia red.  

Los diputados consultados coincidieron en apuntar que las ponencias que han escuchado son ilustrativas y que el abanico es amplio, con visiones desde un punto de vista ideológicamente plural y desde varios sectores económicos.

En la sesión del jueves no se habló mucho de menores, afirma Alejandro Touriño, uno de los abogados participantes en la subcomisión. Uno de los temas tratados fue el de la sobrerregulación, en contra de la cual se pronunciaron. “Que no se regulen cosas por regular, ya hay normas generales, grandes principios que ya nos sirven para dar solución a los problemas que existen en los nuevos entornos de la era digital”. Otro de los puntos que se puso encima de la mesa fue, según Touriño, la necesidad de escuchar a los grandes operadores. “De poco sirve que hagas una ley en España cuando todos los grandes jugadores están en Estados Unidos, como tú no escuches por dónde van los tiros, al final vas a hacer una norma ineficiente”. 

Luego se discutió bastante sobre el anonimato en internet, hubo un poco de discrepancia, según Touriño, pero la mayoría de los abogados allí estaban a favor de que de alguna manera pueda identificarse a cada uno de los sujetos que están detrás de internet. Entre otros temas, el tema de la Propiedad Intelectual ha salido tangencialmente. Según fuentes parlamentarias presentes, hubo muchas quejas a la regulación que hay actualmente y también al proyecto de Ley de Propiedad Intelectual que se quiere introducir.

Ricardo Sixto, de IU, nos cuenta que hubo "alguna intervención lamentando que tengamos una legislación tan constrictora de los derechos de autor, ya que llevada su interpretación tal cual impediría la simple cita literaria". Con lo cual coincide en lo expresado con otros presentes en la reunión, la cuestión de que las cuestiones reguladas en el código civil y penal siguen siendo válidas se cometan en internet o en otro sitio, y no hay una necesidad de producir una ley específica para algo tan cambiante.

Interior quiere que el uso de Twitter para cometer delitos suponga más castigo

Argumenta que la "enorme difusión" de las redes sociales aumenta el daño en la víctima más que otros medios

Pretende que el próximo Código Penal recoja este agravante sin necesidad de introducir nuevos delitos

Los expertos advirtieron a Fernández Díaz de que los comentarios crueles sobre la muerte de Carrasco no podían ser perseguidos por sí solos

Pedro Águeda Follow @pedroagueda 

16/05/2014 

El Ministerio del Interior quiere modificar el Código Penal para que la utilización de las redes sociales en la comisión de delitos ya existentes sea considerada un agravante. El departamento que dirige Jorge Fernández Díaz considera que el nuevo texto que salga del Parlamento “debe valorar la capacidad y el potencial que tienen los autores de esos delitos cuando utilizan las redes sociales por el gran número de personas al que llegan”, informaron a eldiario.es fuentes del Ministerio.

Las mismas fuentes insisten en que no se trata de crear nuevos delitos sino de que los que ya existen sean castigados con mayor dureza si los culpables se han servido de Twitter, Facebook, YouTube o cualquier otra red social para cometerlos. “Sus consecuencias son especialmente hirientes por la enorme difusión que tienen entre los ciudadanos las redes sociales”, afirman.

En las últimas horas, un joven ha sido imputado por comentarios sobre la muerte de la presidenta de la Diputación de León, Isabel Carrasco, y otro está pendiente de lo que decida un juez sobre lo recogido en las diligencias policiales. El primero está imputado por un delito de “apología del asesinato”, recogido en el artículo 141 del Código Penal. Según está redactado el texto, el joven de 19 años puede enfrentarse a una condena de entre 7,5 y 15 años de cárcel. Esto significa que, por pedir en Twitter que el presidente del Gobierno y otros miembros del Ejecutivo acaben como Carrasco, podría ser condenado a una pena superior que la impuesta a un culpable de homicidio. Y sin necesidad de modificar el texto legal.

Por otra parte, la difusión ya es un elemento constitutivo de varios delitos. Esto es, para que haya enaltecimiento del terrorismo, incitación al odio o apología del genocidio es necesario que se den con publicidad. Otro grupo de delitos, los que afectan al honor (injurias, calumnias, amenazas…), cuentan con el agravante de que hayan sido difundidos con publicidad, ya sea en un medio de comunicación o en una red social.

De acuerdo con el plan del Gobierno, hacer apología del asesinato desde las páginas de un periódico o un programa de televisión no contará con el agravante que sí tendrá hacerlo desde una cuenta de Twitter o Facebook.

La propuesta del Ministerio del Interior será analizada en el seno del Gobierno. De encontrar consenso en el Ministerio de Justicia y en Moncloa, será llevada al Congreso de los Diputados, donde el Proyecto de Ley Orgánica impulsado por Alberto Ruiz-Gallardón para modificar el Código Penal aún está en trámite parlamentario.

Este viernes, la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, dejó la puerta abierta a esta iniciativa. “La publicidad o eficacia a la hora de cometer un delito es mayor cuando se usan determinadas redes sociales que tienen un gran nivel de penetración”, afirmó durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Interior admite la influencia que han tenido los comentarios de “crueldad extrema” vertidos en las redes sociales tras el asesinato de Isabel Carrasco. Pero remarca que no considera a las redes sociales un enemigo. “Son un reflejo de la sociedad y como tal el Ministerio del Interior las valora y utiliza. Ahí están, por ejemplo, las cuentas en Twitter de las Fuerzas de Seguridad”, asegura esta fuente oficial.

Actuaciones sin instrucción de Madrid

El pasado martes, el ministro del Interior afirmó haber dado instrucciones a las Fuerzas de Seguridad para que investiguen los mensajes que denigraban a su compañera de partido asesinada por si se incurría en “apología del delito”. En realidad, las unidades de Policía y Guardia Civil dedicadas a investigar delitos en la Red no llegaron a recibir ninguna orden en ese sentido. Los expertos explicaron al Ministerio que alegrarse de una muerte, por ejemplo, no está tipificado en el Código Penal. "No podemos investigar un delito que no existe", afirmó un mando de esas unidades especializadas a eldiario.es.

Jorge Fernández Díaz ya había hablado en los medios y había expresado la necesidad de "limpiar" las redes sociales de "miserables". Mientras la Unidad de Investigación Tecnológica de la Policía y el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil evitaron cualquier búsqueda prospectiva, algunas unidades periféricas de los dos Cuerpos decidieron actuar por su cuenta.

En las últimas horas, la Comandancia de la Guardia Civil en Valencia y la Jefatura Superior de Policía en Cádiz han actuado contra dos jóvenes sin necesidad de recibir una instrucción de Madrid. ¿El criterio? Que habían hecho comentarios sobre Carrasco y que esas afirmaciones podían estar tipificadas como delitos en el Código Penal. Eso sí, cuando los acusados pedían la muerte de otros políticos, no cuando se referían a la fallecida. Los delitos de injurias y calumnias no pueden ser investigados de oficio; debe constar una denuncia de la víctima.

Fuentes del Ministerio del Interior admitieron que no se ha dado ninguna instrucción a las Fuerzas de Seguridad para perseguir a los que celebraban la muerte de Carrasco. A pesar de ello, la Guardia Civil incluyó en su nota de prensa sobre la detención del joven de Tavernes de la Valldigna que el delito de apología del asesinato se había producido al mostrar su “conformidad” con la muerte de Carrasco, el asunto que ha protagonizado la actualidad informativa de la semana. Desde Interior no descartan algún arresto más, pero niegan que se vaya a producir una oleada de detenciones.