603.- El franquismo en el banquillo

De izquierda a derecha: Felisa Echegoyen y José María Galante (torturados por Billy el Niño), junto a Carlos Slepoy y Ascensión Mendieta, en la puerta de la antigua DGS. / ULY MARTÍN

El franquismo en el banquillo

Una juez argentina pone en evidencia a la justicia española

Tras superar múltiples obstáculos, las víctimas celebran las primeras imputaciones

NATALIA JUNQUERA.          Madrid 29 SEP 2013 

"Sabemos que estás embarazada porque tienes los pechos muy grandes. Nos importa tres cojones si abortas”. Silvia Carretero estaba, efectivamente, de dos meses cuando fue detenida y torturada, primero en la comandancia de la Guardia Civil de Badajoz y después en la Dirección General de Seguridad (DGS), en Sol (Madrid), en septiembre de 1975. Tenía 21 años. Hoy es una de las firmantes de la querella argentina contra los crímenes del franquismo, en su nombre y en el de su marido, José Luis Sánchez Bravo, uno de los cinco últimos fusilados de la dictadura, el 27 de septiembre de 1975, junto a Humberto Baena y Ramón García Sanz —los tres eran miembros del Frente Revolucionario Antifascista y Patriota (FRAP)— y los etarras Ángel Otaegui y Juan Paredes. Carretero llamó a aquel bebé Luisa Humberta Ramona en homenaje a su marido y sus dos compañeros. Luis Eduardo Aute les escribió Al alba.

LOS CRÍMENES DEL FRANQUISMO

Fuente: Metroscopia

El día que Isabel Pérez Alegre, también miembro del FRAP, cumplía 21 años, Carretero se las apañó para enviarle unos dulces a la celda de aislamiento en la que estaba desde el pabellón de presas políticas de la cárcel de Yeserías. Treinta y ocho años después, Pérez Alegre acudirá en los próximos días al consulado argentino en Madrid para sumarse a la querella interpuesta en Buenos Aires. La causa, que pareció dormitar durante más de tres años, acaba de dar un vuelco al ordenar la magistrada María Servini de Cubría la detención de tres expolicías (dos han muerto) y un ex guardia civil acusados de torturas. Pérez Alegre conoce bien a uno de ellos, Billy el Niño, al que el juez Pablo Ruz va a citar en la Audiencia Nacional.

“Me detuvieron en octubre de 1975. Me llevaron a la DGS, me rodearon y me empezaron a pegar por todas partes. Eran cinco policías. Billy el Niño pegaba de vez en cuando, pero sobre todo dirigía a los demás. Me ataron a un radiador y me golpearon con porras en las corvas, en los riñones... Cuando fui al baño me tuvieron que llevar entre dos, ya no podía caminar. Me miré al espejo y no reconocía mi propio cuerpo, deformado por los golpes...”, relata Pérez Alegre.

Treinta y ocho años después, los moratones han desaparecido, pero otras secuelas permanecen. “Lo peor fue que me quebraron, me hicieron hablar, y eso es algo que a veces no me deja dormir por las noches. Detuvieron a compañeros míos y yo los oía gritar y sabía que les estaban haciendo lo mismo que me habían hecho a mí. Hubo un chico que se tiró contra una puerta, y los cristales llegaron hasta donde yo estaba. Intenté suicidarme con aquellos cristalitos, pero eran muy pequeños. También pensé en darme un golpe fuerte en la cabeza contra el radiador, pero no tenía fuerzas...”, recuerda. “La gente que no ha tenido ese miedo permanente no sabe lo que es el miedo. Oír un ascensor y sentir pánico por quién subirá, estar siempre asustado...”.

Todos los represaliados del franquismo empiezan a contar su historia hablando del miedo. El que tenían a ser fusilados, a que hicieran desaparecer en cualquier cuneta a un familiar, a que les robaran a su hijo, a las torturas, a pudrirse en una cárcel tras una farsa de juicio... y el miedo que, muerto Franco, seguían teniendo a exigir responsabilidades, a denunciar lo que habían sufrido. Cuando Emilio Silva, fundador de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, abrió la fosa en la que yacía su abuelo, en octubre de 2000, familiares de otros fusilados le llevaban a sus casas para contarle en susurros y con las persianas bajadas que ellos también estaban buscando a su padre, a su hermano... “Ahora ya no tienen miedo”, explica Silva. “Cada fosa abierta ha sido un paso adelante. Estos 13 años han sido un proceso de toma de conciencia, de aprendizaje de libertad”.

Las exhumaciones activaron un resorte que se convirtió en un fenómeno imparable. Los familiares empezaron a exigir al Estado la localización de los hombres y mujeres hechos desaparecer por el franquismo. En 2006 acudieron a la justicia. Para cuando, seis años después, se les terminaron de cerrar todas las puertas de la española, tras la suspensión del juez Baltasar Garzón y un auto del Supremo que eliminaba cualquier vía para la investigación penal de los crímenes de la Guerra Civil y la dictadura, ya no estaban dispuestos a conformarse. Y deshaciendo el mismo camino que 15 años antes habían hecho las víctimas de la dictadura de Jorge Rafael Videla hasta Madrid, llamaron a las puertas de la justicia argentina.

La querella se presentó en Buenos Aires el 14 de abril de 2010, día de la República, en un acto que contó con la presencia de un premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel. Dos semanas después, el fiscal argentino Federico Delgado dictaminó que debía desestimarse porque en España “había procesos judiciales en curso” sobre los crímenes denunciados. El 5 de mayo de 2010, la juez archivó la causa. Pero el 3 de septiembre de ese año, la sala segunda de la Cámara Criminal y Correccional Federal de Argentina le obligó a reabrirla porque el fiscal había obtenido “de internet”, decía el auto, la argumentación para desestimarla.

En octubre de 2010, la juez libró un exhorto diplomático al Gobierno para que le informara de si se estaba investigando en España un plan sistemático de exterminio de los “partidarios de la forma representativa de gobierno” entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. El Ejecutivo de Zapatero no se dio prisa en responder y cuando lo hizo, en junio de 2011, fue para mentir.

Francisco Franco

En España —decía el informe enviado a la juez argentina por el fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido—, “se están tramitando numerosos procedimientos judiciales relativos a hechos delictivos cometidos durante la Guerra Civil española y la posterior dictadura, tanto en relación con la eliminación física de los partidarios de la República y de la forma democrática de Gobierno, como de la desaparición de menores”. El escrito recordaba que el juez Garzón había repartido en noviembre de 2008 la causa contra el franquismo entre los juzgados territoriales donde se encontraban las fosas, y que muchos las habían archivado, pero no por aplicación de la ley de amnistía de 1977, sino por “extinción de la responsabilidad penal”. Ni una palabra de la suspensión del juez de la Audiencia Nacional precisamente por abrir aquella causa.

El primer gran triunfo de las víctimas fue precisamente desmontar ante la justicia argentina esa mentira del Gobierno español, mostrándole que la fiscalía había calificado aquel plan sistemático de exterminio como delitos comunes; que la sala de lo penal de la Audiencia Nacional había acordado en diciembre de 2008 “dejar sin efecto todos los actos y resoluciones” tomadas por Garzón; que en 2009 había sido admitida a trámite en el Supremo una querella contra él del pseudosindicato Manos Limpias a la que se sumaría en enero de 2010 nada menos que Falange, y que en mayo de ese año, el Poder Judicial había suspendido al juez de la Audiencia Nacional. Es decir, que el único investigado en España por los crímenes del franquismo era, precisamente, el juez que había querido investigarlos.

Y la juez argentina empezó a actuar. El 13 de diciembre de 2011 libró otro exhorto pidiendo a las autoridades españolas que le enviaran nombres y último domicilio de los miembros de los consejos de ministros, Fuerzas Armadas, Guardia Civil, policía y dirigentes de Falange entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977; el número e identidad de los desaparecidos, asesinados y torturados por motivos de persecución política; el de niños robados; la localización de las fosas comunes y la lista de empresas beneficiadas por el trabajo forzado de los presos republicanos que seguían activas. El Gobierno español respondió que las personas a las que se imputaba “la autoría intelectual” del plan de exterminio franquista habían fallecido y que, en cualquier caso, España tenía “competencia preferente” para juzgarlos.

La juez decidió entonces tomar declaración a 91 víctimas y solicitó autorización para desplazarse a Madrid, Vigo y Barcelona, del 8 al 28 de septiembre de 2012. Le dieron permiso, pero pocos medios y menos días, por lo que Servini de Cubría desistió. En mayo de 2013 dispuso los medios necesarios para la toma de esos testimonios por videoconferencia en el consulado argentino en Madrid, pero en el último momento el procedimiento se suspendió porque el embajador argentino comunicó a la magistrada “el malestar” que causaba al Gobierno español lo que estaba haciendo.

Por todo esto es por lo que la juez empleó nada menos que 204 folios para justificar la petición de detención de cuatro policías en su auto del pasado 18 de septiembre.

De esas 204 páginas, Garzón, al que la juez argentina citó a declarar el pasado 27 de mayo, destacó cuatro palabras: “Crímenes de lesa humanidad”. “Es lo que son. Lo que yo he creído siempre. Me alegro mucho por las víctimas del franquismo, aunque me apena que sea en Argentina donde se tengan que investigar estos crímenes porque España cerró todas las vías”, declaró a EL PAÍS. El exjuez de la Audiencia Nacional está convencido de que Servini de Cubría seguirá imputando a más responsables.

Los querellantes habían pedido la imputación de otros cinco cargos franquistas: tres exministros —José Utrera Molina, suegro del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón; Rodolfo Martín Villa y Fernando Suárez González— y dos exjueces —Rodolfo Gómez Chaparro y Jesús Cejas Mohedano—. Ahora anuncian que van a pedir más, pero de momento, las víctimas celebran ese triunfo de los presos políticos, agrupados en la asociación La Comuna, como uno propio. Cuando en 2000 se abrió la fosa donde yacía Emilio Silva Faba “era impensable que llegara el día en que hubiera una orden de detención internacional contra un cargo franquista”, explica su nieto. “Para mí, Billy el Niño es un compañero de los que fusilaron a mi abuelo cuarenta años antes. Era parte de una misma estructura diseñada para mantener a la población aterrorizada y defender los intereses de una élite”.

La vida de Ascensión Mendieta, de 88 años, se truncó mucho antes de que Billy el Niño se hiciera célebre en Madrid por su afición a la tortura, pero está muy ilusionada con el avance que las órdenes de detención suponen para la causa y con el viaje que, pese a su avanzada edad, piensa hacer a Argentina para explicarle a la juez por qué su nombre también está en esta querella. “Nos dejaron sin padre a siete hermanos, el más pequeño de un año. Yo tenía 12 cuando lo fusilaron. Quiero que le saquen de la fosa en la que está con otros 16 hombres”.

Mañana, Carlos Slepoy, uno de los abogados que lleva años peleando por sacar adelante esta causa, se reunirá con el juez Ruz. Este letrado argentino cierra un círculo perfecto, el camino de ida y vuelta que marca la última resolución de Servini de Cubría. Slepoy fue el abogado en la primera causa que se abrió contra Videla, desde España, precisamente por Garzón, en septiembre de 1996. Y ahora es el defensor de los españoles que han hecho el camino inverso, de Madrid a Buenos Aires, para que se investiguen los crímenes del franquismo. “Durante mucho tiempo”, recuerda, “Argentina se opuso a juzgar los crímenes de su dictadura. Finalmente, el presidente Néstor Kirchner decidió que o se juzgaban o se extraditaba a España a los responsables. El muro de impunidad se fue resquebrajando y muchos jueces argentinos se replantearon la situación —hoy hay más de 300 condenados—. Estoy convencido de que en España habrá jueces que, pese a lo que le ocurrió a Garzón, se atrevan a investigar estos crímenes. En pocos días se ha condensado el trabajo de años, se ha puesto en jaque a la impunidad. Y es producto del tesón de las víctimas”. Ya no se conforman. Y están acostumbradas a esperar.

El juez citará a los expolicías franquistas cuando Argentina solicite la extradición

Ruz comunica a Interpol que dos de los cuatro reclamados por la juez Servini han fallecido ya

FERNANDO J. PÉREZ         Madrid 25 SEP 2013 

Pablo Ruz

El juez de la Audiencia Nacional Pablo Ruz citará a los expolicías españoles acusados de torturas por la juez argentina María Servini cuando las autoridades del país sudamericano formalicen la solicitud de extradición. Según fuentes jurídicas, el magistrado, al que le ha correspondido este asunto al encontrarse de guardia esta semana, ha comunicado a Interpol, agencia policial que ha tramitado la primera solicitud de entrega, que dos de los cuatro policías reclamados por Argentina ya han fallecido. Se trata, en concreto, del exescolta del Rey y del general Franco Celso Galván, que murió en 2009, y el excomisario José Ignacio Giralte González, fallecido en abril de 2007.

Los dos agentes que siguen con vida -el exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar, el exinspector José Antonio González Pacheco, alías Billy El Niño- serán citados -no detenidos- para preguntarles si quieren ser extraditados cuando Argentina cumplimente la solicitud de extradición con todos los requisitos formales. A este acto, los reclamados pueden acudir con abogado  -si no lo tienen se designa uno de oficio- y aportar las pruebas que consideren oportunas.

El pasado martes, la Fiscalía de la Audiencia Nacional consideró “innecesaria” la detención de los acusados, que había sido cursada por la juez Servini a través de Interpol el pasado 18 de septiembre. El ministerio público no entra en el fondo del asunto más que de refilón —apunta que los cuatro imputados por Argentina podrían estar amparados en España por la Ley de Amnistía de 1977— y aduce cuestiones formales y de lógica.

En un escrito dirigido al juez de guardia de la Audiencia Nacional, el fiscal consideró que la orden de detención redactada por Interpol no se sustenta en un “relato de hechos y circunstancias precisas de tiempo y lugar de comisión” de los delitos. Estas informaciones son exigencias del convenio bilateral de extradición con Argentina, de 1987, y de la Ley de Extradición Pasiva, de 1985, que regula la entrega de personas desde España a terceros países.

Dario Rivas Cando, de 93 años, en su casa de Buenos Aires. / ENRIQUE MARCARIAN (REUTERS)

Víctimas del franquismo celebran que Argentina les abra sus consulados

Los querellantes lamentan que la fiscalía española estime que los crímenes han prescrito

Argentina abre sus consulados para las víctimas del franquismo

ALEJANDRO REBOSSIO          Buenos Aires 24 SEP 2013 

Familiares de víctimas del franquismo y sus abogados celebraron este martes la noticia de que Argentina abrirá sus consulados en todo el mundo para recibir demandas por crímenes del régimen, de acuerdo con lo que ordenó la juez que en Buenos Aires está a cargo de la causa, María Servini de Cubría. En cambio, criticaron a la Fiscalía de la Audiencia Nacional de España por opinar en contra de la orden de detención que Servini envió contra cuatro imputados por presuntas torturas durante el franquismo: el exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar, el exinspector José Antonio González Pacheco, alias Billy El Niño, el excomisario Ignacio Giralte y el exescolta de Francisco Franco y la Casa Real Celso Galván, ya fallecido.

En el juzgado de Servini y fuentes del Ministerio de Relaciones Exteriores confirmaron que este departamento del Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner había puesto en práctica la orden de la juez de abrir los consulados y así lo había informado el pasado viernes por una resolución interna a todas las delegaciones diplomáticas de su país. Esta medida había sido solicitada por los querellantes en marzo pasado porque algunas víctimas se habían encontrado con que el consulado argentino en Madrid no les tomaba declaración.

“El Gobierno [argentino] hizo lo que le correspondía”, dice Darío Rivas, de 93 años, hijo de un alcalde de Castro de Rei (Lugo) represaliado del franquismo que ha presentado una denuncia en la ciudad en la que reside desde los ocho años, Buenos Aires. “La jueza está actuando como la faculta la justicia internacional. A España no le cae bien, ya sabemos los personajes que se oponen”, opinó Rivas, que también criticó el escrito de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que esgrimió que los cuatro imputados están amparados en la Ley de Amnistía de 1977: “La amnistía no se puede oponer al juzgamiento de crímenes de lesa humanidad, que no prescriben. El fiscal quiere ser más que las leyes del mundo, es un franquista. Si prescribiesen, yo no hubiera podido haber hecho nada en Argentina. Esto es el resultado de 70 años de impunidad en España”, se quejó Rivas.

Uno de los abogados argentinos de las víctimas españolas, Máximo Castex, celebró la decisión del Gobierno de su país de abrir los consulados: “Se hace efectiva una posibilidad que venimos pidiendo, que se abran los consulados para recibir, como si el cónsul fuera un notario, las denuncias, que después se remiten a la juez. Es un nuevo canal para la presentación de las víctimas, para aquellas que no puedan viajar a Argentina. Otros preferirán presentarse cuando se haga la videoconferencia, que se suspendió en mayo. Con anterioridad a esta decisión del Ministerio de Exteriores, las víctimas se presentaban en el consulado en Madrid y no les recibían la denuncia”. En cuanto al escrito de la Fiscalía española, Castex dijo que desconocía si realmente existía, así como su contenido. “Primero hay que verlo y después emitir la opinión. Si llegan a esgrimir el argumento de que los delitos prescribieron, hay que decir que no es así porque son de lesa humanidad. Además, el fiscal puede opinar, pero no es el que decide si acepta o no la orden de detención. Eso lo hace el juez de allá”, explica el abogado argentino.

Gallardón elude aclarar la extradición de los reclamados por Argentina


Alberto Ruiz-Gallardón

"Las Fuerzas de Seguridad estáran al criterio que marque la Audiencia Nacional", indica el ministro de Justicia

EL PAÍS Madrid 20 SEP 2013

El ministro Alberto Ruiz Gallardón evita aclarar si España extraditará a los cuatro exaltos cargos de la Guardia Civil y de la Policía acusados por Argentina de torturas a víctimas del franquismo. El titular de Justicia se ha limitado a indicar que la orden de detención dictada desde Argentina será trasladada a la Audiencia Nacional y que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado estarán "al criterio jurídico" que esta marque a través de la Fiscalía.

La orden de detención fue emitida el pasado martes desde Buenos Aires por la juez María Servini de Cubría contra cuatro personas: el exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar, de 74 años; el excomisario José Ignacio Giralte González, de 71, y el exinspector José Antonio González Pacheco, Billy El Niño, de 67. El cuarto imputado es Celso Galván, ex escolta de Franco y de Don Juan de Borbón, pero no podrá ser detenido porque falleció en agosto de 2009. 

"Como ocurre en todos los casos en los que se han planteado este tipo de situaciones semejantes, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, a la vista de la orden internacional de detención, lo que harán será trasladarla a la Audiencia Nacional a través de la Fiscalía de la propia Audiencia Nacional", ha declarado Gallardón en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. También ha insistido en que "estarán, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, al criterio jurídico que marque la Audiencia Nacional a través de la Fiscalía".

De ser detenidos, los tres imputados deberán pasar a disposición de la Audiencia Nacional, que deberá decidir si los extradita a Argentina para que sean interrogados, como reclama la juez Servini.

Las víctimas del franquismo llevaron en 2010 sus denuncias a Argentina ante la falta de progreso de las causas en España. Allí, la juez Servini las tomó en consideración, teniendo en cuenta el criterio de justicia universal, el mismo por el que el exjuez Baltasar Garzón investigó en España a los criminales de las dictaduras de Argentina y Chile en la década de los noventa, cuando en esos países reinaba la impunidad.

La posición del Gobierno no es del todo clara. Hace pocos meses, hizo gestiones para que finalmente se suspendiera una teleconferencia en el consulado argentino en Madrid para que desde allí la juez Servini recogiera el testimonio de querellantes, según denunciaron abogados y familiares de las víctimas. Sin embargo,un portavoz del Ejecutivo aseguró el jueves que "no está obstaculizando" la investigación judicial y que hasta el momento "ha dado trámite a cuantas solicitudes de auxilio internacional se ha recibido" sobre este particular. 

Las palizas de Billy el Niño


Billy el Niño, en 1981. / EFE

El ex inspector de policía dejó una huella imborrable en decenas de víctimas

Le recuerdan como un personaje histriónico, teatral y muy violento

JOSÉ MARÍA IRUJO Madrid 29 SEP 2013 

Juan Antonio González Pacheco, Billy el Niño, se empeñó en que centenares de estudiantes que pasaron por sus manos en la siniestra primera planta de la Dirección General de Seguridad, en Madrid, no le olvidaran. Y lo ha conseguido. Una legión de sus víctimas reaparecen ahora con testimonios espeluznantes, todos diferentes, pero con un siniestro nexo común: el inspector que les torturó era un violento histriónico que gozaba con el dolor que les infligió.

Treinta y siete años después de la disolución de la Brigada Político Social —policía política del franquismo—, la memoria de estas víctimas perturba la paz del exinspector de 67 años, flaco como un espárrago, que pasea por el centro de Madrid con sus zapatos clásicos embotado en impecables trajes con pañuelo y camisas de gemelos y corbata a juego. Billy toma el aperitivo en Lucio y se reúne a cenar con viejos colegas de la policía para recordar sus hazañas contra el FRAP, GRAPO y ETA: desde la liberación del teniente general Villaescusa hasta el rescate del retablo robado de San Miguel de Aralar. “Nunca se habla en estas cenas sobre a quién se le iba la mano”, asegura un comisario.

Pocas víctimas recuerdan los nombres de los agentes que les golpearon, en su mayoría funcionarios anónimos, pero el inspector González Pacheco, nacido en el seno de una humilde familia de Aldea del Cano (Cáceres), dejó su huella personal en cada interrogatorio. José Luiz Uriz, de 64 años, ex parlamentario socialista navarro, pensó que iba a morir en sus manos: “Situado justo detrás de mí, me daba fuertes golpes en la nuca mientras otro de sus compañeros decía: ‘Ten cuidado que se te va a ir la mano otra vez y te lo vas a cargar’. Y él respondía: ‘No importa, hacemos como con Ruano [estudiante muerto durante la dictadura], lo tiramos por la ventana y decimos que se quería escapar”.

Te obligaba a hacer el pato:  andar en cuclillas con las manos esposadas y descalzo. Luego te golpeaba con una porra en los pies

Luis Suárez, arquitecto urbanista, cayó en las manos de Billy el Niño hace 40 años. Tenía 24 y militaba en la Liga Comunista Revolucionaria (LCR) cuando el policía y sus compañeros fueron a detenerlo en su casa del barrio madrileño de Chamartín. El interrogatorio duró tres días. “Era verano, hacía mucho calor y te ponían un anorak cerrado para pegarte puñetazos y dejarte menos marcas. Me hicieron hacer el pato. Tenías que andar de rodillas con las manos esposadas y los pies descalzos. Cuando llegabas a una esquina, te golpeaba con una porra en las plantas de los pies. Disfrutaba, lo hacía por afición. Estaba encantado de estar allí. Tenía un interés personal en que le recordaras. Le obsesionaban nuestras relaciones personales y preguntaba quién se follaba a quién. Me decía: ‘Los trotskistas hacéis el amor libre, ¿verdad?’. Me pareció un tipo enfermizo”.

La pistola de González Pacheco estuvo muy cerca de la cabeza de muchos estudiantes, en su mayoría jóvenes comunistas a los que en los años setenta se detenía por asociación ilegal. Jesús Rodríguez Barrios, de 59 años, entonces militante de LCR y ahora profesor de Macroeconomía en la UNED, la tuvo a escasos centímetros de su sien y escuchó el sonido de sus balas. Billy le esperaba en la puerta de su casa y cuando huyó le dio el alto a golpe de disparos. “Me interrogó tres veces. Una vez sacó su arma, me encañonó y me dijo: ‘Si te pego un tiro no pasa nada’. Era muy chulo, un exhibicionista que torturaba por placer. Su apodo viene porque era de gatillo fácil y hacía ostentación de su arma”.

Algunas denuncias llegaron a los juzgados. En 1973, una querella presentada por Enrique Aguilar Benítez de Lugo, otra de sus víctimas, logró que le impusieran una multa. Un año después, el Juzgado Municipal número 19 de Madrid le condenó a un día de arresto y una multa de 1.000 pesetas (seis euros) por una falta de malos tratos y coacciones a Francisco Lobatón, algo “inaudito” en opinión del periodista. Otros procesos se sobreseyeron al beneficiarse de la Ley de Amnistía de 1977.

Sacó su arma, me encañonó y me dijo: si te pego un tiro no pasa nada

Miguel Ángel Gómez, de 60 años y funcionario en Galicia, cayó en sus manos en varias ocasiones. “Temí por mi vida. Lo recuerdo como un sádico terrible. Nadie me ha hecho tanto daño físico en mi vida como él. Me obligaba a ponerme de rodillas y me golpeaba con una porra con auténtico odio. Daba muy fuerte. Algunos de los grises (antiguos agentes de la Policía Nacional) que estaban presentes no podían ocultar su malestar por lo que estaban viendo, parecían escandalizados. En la enfermería coincidí con Benítez de Lugo. Tenía una herida tremenda en la nalga. Me dijo que había sido Billy”.

La edad de los detenidos no frenaba a González Pacheco. Alfredo Rodríguez, de 56 años, tenía 17 cuando el policía lo arrastró tirándole del cabello. Le habían detenido por manifestarse en una jornada contra la carestía de la vida. “Quería ser el protagonista delante de sus compañeros, gritaba, gesticulaba y exageraba. Te pegaban siete u ocho, pero él siempre llevaba la voz cantante”.

En 1977, Billy el Niño fue condecorado por Rodolfo Martín Villa, entonces ministro del Interior, con la medalla de plata al mérito policial y agasajado por cien policías en una comida de desagravio por la “persecución” de la que era objeto por los medios de comunicación. Entró en la brigada antiterrorista a las órdenes de Roberto Conesa y acabó su carrera en la policía judicial. “Era uno de sus niños bonitos”, recuerda un comisario. En 1982 pasó a la situación de excedencia para trabajar como jefe de seguridad de Renault. “Discute con todo el mundo. Se ha vuelto más visceral y exaltado”, asegura uno de sus excompañeros.

“Disfrutaba torturando. Al pegarte, tenía un gesto de placer”

Víctimas de Billy El Niño y de los otros tres torturadores describen cómo eran sus interrogatorios

La policía espera la orden para detener a los torturadores

NATALIA JUNQUERA          Madrid 19 SEP 2013

“Olía mucho a alcohol. Era bajito, feo, con los ojos saltones. Tenía 28 años, solo dos más que yo. Y disfrutaba torturando. Se le notaba porque en medio de la furia, al pegarte bofetadas y patadas, tenía un gesto de placer, de satisfacción”. Así es como Felisa Echegoyen recuerda al exinspector José Antonio González Pacheco, alías Billy El Niño, uno de los cuatro cargos franquistas a los que la juez argentina María Servini de Cubría ha ordenado detener para interrogarlos en Buenos Aires.

“Entró en mi casa con otros cuatro policías el 8 de octubre de 1974. Tiraron la puerta abajo y yo me escondí detrás de la nevera. Me sacaron de los pelos. Me llevaron hacia la ventana y pensé que me iban a tirar. Grité. Billy El Niño me puso un pañuelo en la boca y casi me ahoga. Con las mujeres era igual de bruto. ‘¡Puta roja!’, me gritaba”, prosigue Echegoyen. “Me daban patadas mientras me preguntaban: ‘¿Dónde está la multicopista?’ Yo no la tenía, pero en una bolsa en el tejado encontraron propaganda de varios partidos y me llevaron a la DGS [sede de la antigua Dirección General de Seguridad en Sol], donde varias veces al día te subían del calabozo para interrogarte y torturarte”.

José María Galante, de la asociación La Comuna, también lo recuerda muy bien. “Le encantaba el mote que le habían puesto. Una vez, me tenía esposado al radiador en un despacho de la DGS, llegó, me dio un culatazo y me dijo: ‘Has tenido el honor de que te pegue un culatazo Billy El Niño”. “Era muy peligroso porque no tenía muchas luces y sí una impunidad absoluta. Era bastante alfeñique, poca cosa. Se ponía delante de ti a hacer gestos de kárate, te daba una patada y te decía: ‘Eres un gran saco de golpes’. No era un funcionario que torturaba, era un torturador compulsivo, disfrutaba haciéndolo: ‘Te puedo destruir”.

Galante también pidió la imputación del excomisario José Ignacio Giralte González, al que acusa de torturas en la DGS. Como Alfredo Rodríguez Bonilla, cuyo testimonio recoge la juez argentina en el auto por el que ordenó su detención: “Me decían que bajara la cara. Cada vez que lo hacía, me golpeaban. Por la espalda recibí golpes, incluidos los que me propinaban con las propias cadenas con las que fui detenido y patadas en la entrepierna. Según me iban golpeando, me decían: ‘Di que tu madre es una puta y tu padre es maricón...”.

Acacio Puig también celebraba ayer la orden de detención contra Celso Galván, pese a que ha fallecido y no tendrá que responder ya ante la justicia. “Un día, al volver del cine con mi novia, me encontré a la policía en casa, donde teníamos un almacén de propaganda de la Liga Comunista Revolucionaria. Era mayo de 1973. Nos llevaron a la DGS y allí Celso Galván dirigía las torturas. Él no pegaba, era torturador de guante blanco. Les gritaba a los demás: ‘¡Baldar a este hijo de puta!’, ‘¡Leña hasta que hable inglés!”.

Andoni Arrizabalada murió hace unos años, pero su hermano Jon decidió querellarse en Argentina por las torturas que le habría propinado el guardia civil Jesús Muñecas Aguilar. “Le ataron por el pie al hueco de una escalera desde un tercer piso, le hacían creer que le iban a ahogar... Cuando mi padre y mi hermano fueron a verle, el capitán Muñecas lo sacó para que lo vieran bien. Les dijo, sonriendo: ‘Esto es lo que ocurre cuando no quieren colaborar’. Estaba tan desfigurado por las palizas que mi padre y mi hermano no le reconocieron. Tenía 29 años. Después de aquello le soltaron. Volvió a ser detenido, pasó ocho años en prisión por ser militante de ETA y salió con la amnistía de 1977”.

La juez argentina María Servini de Cubría ha escrito un auto de 204 páginas para argumentar los motivos por los que reclama, desde Buenos Aires, la detención de estos cuatro hombres. Considera que los hechos de los que resultan responsables son “sancionables con penas de ocho a 25 años de prisión” y precisa que “constituyen crímenes de lesa humanidad, por lo que son imprescriptibles”.

Con cautela, porque la experiencia les ha enseñado que cuando algo les sale bien, lo siguiente les sale mal —Garzón abre una causa contra el franquismo, pero le suspenden a continuación—, las víctimas del franquismo celebraron ayer las órdenes de detención. Pero desconfían. “Durante la dictadura, España fue refugio de nazis. Sería muy triste que ahora fuera manto protector de torturadores”, afirmó Manuel Blanco Chivite, uno de los querellantes, y miembro de la asociación La Comuna.

Víctimas del franquismo piden a la ONU investigar los crímenes de la dictadura 

Unos 150 afectados se concentran en Madrid antes de reunirse con el Grupo de Desapariciones Forzadas de la ONU 

LOLA HIERRO          Madrid 24 SEP 2013 

"Fosas cerradas, heridas abiertas". Esa era una de las consignas que gritaban las 150 personas reunidas el martes por la tarde en la plaza de Neptuno de Madrid, frente al hotel NH. Era el grito de Gregorio Rodrigálvarez, que quiere encontrar los restos de su padre, fusilado en 1936. También el de Víctor Díaz, encarcelado nueve años por haber participado en una huelga en 1962. Hasta el del historiador británico Ian Gibson, a quien los asistentes no dejaban de saludar y de felicitar por sus obras publicadas sobre la Guerra Civil y la dictadura franquista.

La concentración se ha organizado con motivo de la visita del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU, cuya intervención fue solicitada en 2012 y que, un año después, se encuentra alojado en el céntrico hotel madrileño para entrevistarse con los juristas y víctimas de crímenes franquistas y familiares de bebés robados. Este martes ha sido el turno de los afectados, representados por la Plataforma Comisión de la Verdad, una agrupación que aglutina un centenar de asociaciones de afectados. Sus principales reclamaciones son que se cree una Comisión de la Verdad y que las Naciones Unidas insten a España a abrir las fosas comunes e investigar los casos de bebés robados. A día de hoy, se calcula que existen entre 130.000 y 150.000 desaparecidos, según datos de la Plataforma. Los niños robados, según la estimación que el juez Garzón dio en su momento, asciende 30.000.

"Las comisiones de la verdad son instrumentos que la ONU ha desarrollado en más de 40 países que han vivido situaciones de conflicto durante mucho tiempo y ha habido miles de víctimas", explicaba Jaime Ruiz, representante de la Plataforma Comisión de la Verdad, en medio de una algarabía en la que se distinguen eslóganes como "Tenemos memoria, queremos justicia" y "Hay que juzgar el franquismo criminal". "Estas facilitan que se pueda encontrar una vía de solución como ya ha ocurrido en Chile, Argentina, Sudáfrica y, el último caso, en Guatemala con Rios Montt".

Con un grueso mamotreto entre las manos, Ruiz explica que ese es el dossier que van a entregar a la comisión, que en los próximos días visitará Barcelona, Sevilla y Bilbao, con información sobre 2.500 fosas comunes que hay en España. "Hubiera sido preferible que la justicia española hubiera afrontado este asunto, pero esas puertas hoy están cerradas. El Gobierno ha dejado sin presupuesto la ley de memoria histórica, ha cerrado las oficinas de atención de las víctimas y desde que se dictó la condena contra el juez Garzón, todos los juzgados han archivado las querellas que hemos interpuesto, que han sido más de 70", denuncia. "El Estado no está haciendo su deber con los muertos de la guerra, y es una vergüenza. Si desde fuera puede venir alguna ayuda para que se reconozcan los derechos de las víctimas, será miel sobre hojuelas", añade Gibson.

La concentración tiene lugar el mismo día en que la Fiscalía anuncia que no tiene intención de detener a los tres torturadores de víctimas franquistas que la justicia argentina reclamó la semana pasada porque, según ha justificado, son crímenes prescritos y sus autores se acogieron a la Ley de Amnistía de 1997. La decisión ha inflamado los ánimos de los manifestantes. "Es una falacia", critica Ruiz. "La ley de amnistía es preconstitucional, no hace referencia a esos delitos, y además los crímenes de guerra nunca prescriben ni están limitados al territorio nacional. No se puede decir que han prescrito delitos de desaparición forzada porque estos solo se resuelven cuando aparece la víctima o cuando se identifica, se averigua qué le ocurrió y quién pudo ser el responsable de su desaparición y muerte", argumenta.

A las puertas del NH, docenas de manifestantes se apiñan a las seis de la tarde con intención de acceder a su interior para entrevistarse con el grupo de la ONU, aunque solo pueden acceder los que se han apuntado previamente en la web de la Plataforma. La mayoría son de avanzada edad y portan carteles con fotografías antiguas, siempre en blanco y negro, de familiares desaparecidos. Junto a ellas, descripciones de padres, hermanos y tíos perdidos en la guerra con pequeños textos reivindicando justicia.

Entre todas las pancartas está la de Gregorio Rodrigálvarez, donde destaca la imagen de un hombre elegantemente vestido y con una abundante cabellera. Era su padre, Esteban. En 1936, siendo un niño de corta edad, vio cómo "unos falangistas" entraban en su casa de Sigüenza y se lo llevaron. No volvió a saber de él. "Al día siguiente mi madre salió a buscar noticias y se topó con uno de los que se lo habían llevado. Tenía en la muñeca su reloj de oro, y ella le espetó que además de asesino, era un ladrón", relató. "El la tiró al suelo de un golpe y ella le lanzó una piedra. La apresaron, la cortaron el pelo y casi la fusilan, pero otro falangista que era mejor persona convenció al resto de que la dejaran en paz porque ya nos habían dejado a mis hermanos y a mi sin padre". Ahora anciano, Rodrigálvarez no ceja en su empeño de que reparen el daño, aunque sea con una disculpa: "Quiero enterrar a mi padre y quiero que me pidan perdón", asegura.